Ella era el único sustento con que contaba la familia, y se encontraba trabajando en la cuarta planta de una fábrica de ropa cuando el edificio Rana Plaza se derrumbó el 24 de abril de 2013.

“No quiero dinero”, solloza Mazeda. “Lo único que quiero es que me devuelvan a mi querida hija. ¿Me escuchan? ¡Dios, quiero justicia!”

El edificio Rana Plaza de ocho plantas, situado en Savar, un suburbio de Dhaka, se derrumbó poco después de que los trabajadores y trabajadoras se hubieran quejado por las grietas que habían visto en las paredes.

Los propietarios de las fábricas les obligaron a regresar al trabajo.

Un total de 1.134 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida en el accidente industrial más mortífero de la historia de Bangladesh. Miles de personas resultaron heridas, cientos de ellas de gravedad.

Según las estadísticas oficiales, 261 trabajadores y trabajadoras siguen desaparecidos. Erina es uno de ellos.

“Me dejó con sus dos hijos, pero estamos prácticamente viviendo en la calle”, dice Mazeda.

“No hemos conseguido recuperar el cuerpo de mi hija para finalizar los rituales fúnebres”, declara a Equal Times en el solar abandonado del Rana Plaza, con la voz ahogada por la emoción.

Mazeda viene a menudo a este terreno para estar en contacto con Erina y seguir buscando sus restos mortales. “Aquí siento su compañía. Cada vez que vengo a este solar, escucho la voz de mi hija diciéndome que cuide de sus dos hijos”.
Otras familias hacen lo mismo, y van allí para buscar a sus seres queridos que se fueron a trabajar una mañana y nunca regresaron a casa.

 

Protestas #PayUp

A ellos se les unen muchas personas que protestan reclamando a las grandes marcas que contribuyan al fondo de indemnización para los supervivientes del Rana Plaza y las familias de los fallecidos.

Tras la catástrofe, se introdujo en Bangladesh el Acuerdo sobre seguridad y protección contra incendios de edificios para tratar de mejorar las normas de seguridad en el sector de la confección del país.

Pero en cuanto a las indemnizaciones económicas, los progresos han sido mucho más lentos.

Las federaciones sindicales internacionales IndustriALL y UNI Global Union, junto con la Campaña Ropa Limpia, han estado solicitando a las grandes marcas de ropa multinacionales, como Walmart, Carrefour y The Children’s Place, que contribuyan al Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza.

De momento se han conseguido recaudar 24 millones USD, aportados por marcas como Primark, Mango e Inditex, así como por el Fondo de Primeros Ministros de Bangladesh y por otros donantes privados, pero siguen faltando 6 millones USD para cubrir las demandas de indemnización [Nota del editor: las indemnizaciones para las víctimas y sus familias proceden exclusivamente de este Fondo].

Benetton es la última empresa que ha contribuido recientemente al Fondo, realizando una aportación de 1,1 millones USD. Tanto sindicatos como activistas han expresado su decepción al respecto.

Kalpona Akter, ex trabajadora infantil en el sector de la confección y actualmente Directora Ejecutiva del Bangladesh Centre for Worker Solidarity, es sumamente crítica en cuanto a la suma aportada:

“¿Está Benetton en Bangladesh para realizar actividades benéficas? ¿No? Entonces debería pagar la cantidad que le corresponde”, explica a Equal Times.

El Secretario General de IndustriALL, Jyrki Raina, refleja en una declaración la opinión de Akter:

“Las personas que fallecieron en el Rana Plaza son las personas que crearon United Colours of Benetton. Pensamos que una contribución de 5 millones USD demostraría cierto respeto por el sacrificio que hicieron”.

En el terreno de la catástrofe, las familias son tratadas con menos respeto todavía.
Varios propietarios de fábricas de vestuario son respaldados por agentes de la policía local para tratar de que los manifestantes y los dolientes dejen de acudir al solar.
Resulta increíble, pero todavía se siguen recuperando restos humanos en el lugar donde estaba ubicado el edificio de las fábricas.

Un agente de policía en servicio declara a Equal Times que los huesos son de ganado, pero las familias están convencidas de que son los restos de sus seres queridos.

“Los propietarios de las fábricas apenas nos consideran como seres humanos. Lo mismo pasa con la policía”, dice Mahmudul Hasan Hridoy, que sobrevivió al accidente.

Mahmudul fue rescatado de los escombros del edificio derrumbado al día siguiente del accidente. Estuvo 17 días en coma y ahora vive con una lesión en la espalda que le ha dejado muy débil.

 

Después del rescate

Inmediatamente después del accidente, el Gobierno de Bangladesh recurrió al Ejército para ayudar a los bomberos y demás servicios de emergencia en las tareas de rescate.

A lo largo de las tres semanas siguientes, casi 2.000 personas fueron rescatadas con vida.

Pero, desde entonces, los supervivientes han recibido muy poca asistencia.
Se supone que cada víctima debería recibir entre 1.200 y 35.000 USD, según la gravedad de la lesión o pérdida.

Pero de momento, 5. 000 personas – dependientes de las y los trabajadores fallecidos así como de los lesionados – no han recibido más que el 40% de la indemnización total que les corresponde, según apunta el Comité de Coordinación del Rana Plaza, presidido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y según los activistas, hay 59 víctimas que todavía no han recibido ninguna indemnización porque no tienen la documentación adecuada.

Pero incluso los que han recibido algún tipo de indemnización, el dinero apenas les compensa las pérdidas de ingresos.

Además muchos supervivientes no pueden trabajar debido a los traumas mentales y físicos graves que padecen.

“Me siento siempre mareada, como si estuviera cayendo”, dice Asha, que estaba trabajando en la fábrica de New Wave Bottoms, en la segunda planta del Rana Plaza, el día que se derrumbó el edificio.

Su padre, Abul, dice a Equal Times que, desde lo ocurrido, Asha no es la misma.

“Ha intentado suicidarse dos veces, simplemente para librarse del intenso dolor de cabeza que padece. Mi hija ha perdido el control de sí misma”, dice Abul, cuyo trabajo como vendedor ambulante significa que no puede permitirse llevar a Asha al médico.

Asha declaró a Equal Times que la catástrofe le sigue atormentando.

“No puedo dormir por la noche. Todavía escucho los gritos de la gente pidiendo ayuda”.

Al igual que muchos otros supervivientes, Asha padece un trastorno causado por el estrés postraumático.

El Gobierno bangladesí ha puesto en marcha una serie de servicios de asesoramiento psicológico para los supervivientes, pero no es suficiente para atender a todas las personas que lo necesitan.

“Se han llevado a cabo muy pocas iniciativas para responder a las necesidades de las víctimas que padecen trastornos mentales”, explica Akter a Equal Times.

 

Prácticas antisindicales

Akter considera que las víctimas se han visto privadas de indemnizaciones y asistencia debido a la falta de legislación y a la fragilidad de los sindicatos de Bangladesh.

“Si la indemnización se calculara con arreglo a un convenio de la OIT, este debate no habría surgido”, dice Akter.

Algunas marcas de vestuario se siguen negando a contribuir al Fondo porque no quieren cargar con la responsabilidad del accidente ni de las condiciones preexistentes en el sector de la confección que hicieron que aquello sucediera.
Pero para Akter la culpabilidad es inevitable.

“Los trabajadores y trabajadoras que murieron en el accidente estaban fabricando artículos para estas empresas”, dice sin rodeos.

Ben Vanpeperstraete, Coordinador de la cadena de suministro en UniGlobal e IndustriALL, opina que el panorama después de la catástrofe de Rana Plaza es una mezcla de varias cosas:

“Por una parte, se están haciendo progresos con arreglo al Acuerdo, puesto que todas las fábricas han sido objeto de una primera inspección. Pero el verdadero trabajo es comenzar con el saneamiento y, sobre todo, hacer que estos edificios sean seguros. Ahora es el momento para las empresas de demostrar que están realmente comprometidas en brindar apoyo a estas fábricas”.

Pero, prosigue: “Por otra parte, el Fondo Fiduciario del Rana Plaza sigue necesitando 6 millones USD para pagar la indemnización mínima a las víctimas. Es lamentable que, dos años después de la catástrofe, una industria mundial de miles de millones de dólares no consiga encontrar el dinero para pasar una de las páginas más oscuras de su historia”.

Human Rights Watch (HRW) ha publicado esta semana un informe de 78 páginas en el que detalla las espantosas condiciones laborales a las que siguen sometidos muchos trabajadores y trabajadoras bangladesíes de la confección, y las prácticas antisindicales con las que se encuentran cuando tratan de organizarse.

Las violaciones van desde horas extras forzosas y el impago de salarios hasta casos de violencia física.

Y ello a pesar de que, en julio de 2013, Bangladesh instituyó una serie de reformas al código laboral, entre ellas la adopción de los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva.

Su aplicación, no obstante, es un gran problema, puesto que los trabajadores y trabajadoras que intentan sindicalizarse son objeto de intimidaciones, despidos e incluso violencia.

Alonzo Glenn Suson, Director nacional en Bangladesh de la organización de derechos de los trabajadores y trabajadoras Solidarity Center, considera que la urgente necesidad de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras no puede ser más obvia:

“Si los sindicatos de Bangladesh fueran fuertes, incidentes como el del Rana Plaza no sucederían”.

Las personas que expresan su opinión al respecto lo tienen que hacer en un entorno muy hostil.

Bangladesh es, después de China, el segundo mayor exportador de artículos de confección del mundo, y da trabajo a 4 millones de personas.

Tanto los empresarios como el Gobierno se toman muy en serio cualquier atisbo de amenaza.

Los activistas y trabajadores/as del sector de la confección, como Nazma Akter [que no es familiar de Kalpona] de la Awaj Foundation, han sido acusados de “destruir la industria” y han sido calificados “enemigos del país”.

Pero Nazma dice que ella va a mantenerse firme hasta que la explotación de los trabajadores y trabajadoras de la confección, mal pagados y maltratados, desaparezca:

“Queremos trabajar con dignidad”, dice.