Reino Unido: los acuerdos sobre el impuesto de sociedades anteponen la ideología a las necesidades financieras

Opinión

La firmeza del discurso del Gobierno británico en relación con la evasión fiscal de las empresas carece de credibilidad en la medida en que las multinacionales negocian su factura tributaria, mientras que la mayoría de los ciudadanos padecen los recortes de la austeridad.

Los Documentos de Panamá revelan la profunda hipocresía del Gobierno del Reino Unido a la hora de hablar de equidad fiscal, y nos recuerdan cuán vacía es su retórica.

La semana pasada fue difícil para el primer ministro David Cameron. Tras cuatro declaraciones escurriendo el bulto a lo largo de la semana, acabó por admitir que se había beneficiado de un fondo para evadir impuestos fuera del Reino Unido establecido por su padre.

Lo admitió solamente después de que la información filtrada por los documentos de Panamá hiciera que este paso resultara inevitable.

Cameron sabía que era el peor momento para estar personalmente vinculado con la evasión de impuestos, visto el hundimiento de la credibilidad del Gobierno a este respecto y la creciente cólera de la opinión pública.

El Gobierno afirma que una nueva serie de medidas contra la evasión fiscal anunciada en el presupuesto rescatará para Hacienda aproximadamente 12 mil millones de libras esterlinas (17 mil millones de USD). Sin amargo, la opinión pública ya ha oído esa promesa otras veces.

En las declaraciones presupuestarias anteriores, el ministro de Hacienda George Osborne fustigó la evasión de impuestos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha visto ninguna medida real. En cambio, vemos cómo las grandes corporaciones prácticamente dictan su factura de impuestos al tesoro público. El ánimo de los ciudadanos en torno al tema se envenena cada vez más con cada anuncio de acuerdo ventajoso para las empresas.

El propósito de un Estado de bienestar moderno es imponer impuestos con el fin de redistribuir la riqueza de los más ricos a los más pobres. Sin embargo, los contribuyentes de a pie tienen cada vez más claro que el sistema no está funcionando. Y que, en algunas circunstancias, los pobres pagan más impuestos que los ricos.

En 2014, un trabajador medio británico con ingresos de 26.500 £ (37.500 USD) pagó alrededor de 5.400 £ (7.600 USD) de impuesto personal. En el mismo período, Facebook pagó poco más de 4.300 £ (6.000 USD) de impuesto de sociedades en el Reino Unido. El hecho de que una empresa que obtiene beneficios por 1000 millones de libras (1,4 mil millones de USD) cada año solamente en el Reino Unido tenga la posibilidad de pagar menos impuestos que una persona con un sueldo medio provocó, como cabía esperar, la indignación pública.

El reciente anuncio de que Facebook ahora se ha dignado pagar una mayor cantidad de impuestos que el trabajador promedio en el Reino Unido apenas fue celebrada, ya que la decisión se debe menos a las autoridades fiscales británicas que al departamento de relaciones públicas de la propia empresa. Cayendo en la cuenta de que su imagen estaba por encarnar la de la codicia corporativa, Facebook ofreció voluntariamente incrementar el monto de lo que paga en calidad de impuestos en un intento por limitar los daños.

 

Una opción política

Parece que las empresas multinacionales finalmente están asumiendo la idea de que la enorme evasión fiscal está perjudicando seriamente sus relaciones públicas. Esta victoria se debe a grupos de activistas tales como UK Uncut y 38 Degrees que han movilizado y canalizado con éxito buena parte de la enorme indignación de la opinión pública respecto a la evasión de impuestos por parte de las grandes corporaciones.

Sin embargo, no debería corresponder a las empresas decidir qué cantidad de impuestos consideran que deben pagar o no simplemente para proteger su imagen pública. Tampoco corresponde a la encolerizada opinión pública velar por que las corporaciones paguen incluso la cantidad más insignificante de impuestos.

La cantidad que Google acordó pagar este año es mera calderilla para lo que gana la corporación. El pago de impuestos negociado por Google, según coinciden los expertos, representa una tasa tributaria efectiva de no más del 5%. Tal vez menos. Otras empresas del Reino Unido pagan, por su parte, un 20% de impuesto de sociedades sobre sus beneficios (aunque el año próximo va a descender al 19% y en 2020 al 18%).

En lugar de aplacar a los contribuyentes del Reino Unido, en un momento en el que millones de ciudadanos presentaban su propia declaración de impuestos, semejantes acuerdos preferenciales corporativos no hacen sino reforzar la percepción de parte de la opinión pública de que las corporaciones multinacionales toman todas las decisiones, y de que el Gobierno está dispuesto a permitírselo.

Resulta difícil creer que este Gobierno tan manso con las corporaciones vaya a plantarle cara a las multinacionales, en su lugar, prefiere sacarle dinero a blancos más fáciles, es decir, aquellos que no pueden permitirse costosos equipos legales, así como a las pequeñas empresas y los particulares. O a las personas con discapacidades, los desempleados y trabajadores de bajos ingresos que están padeciendo los efectos devastadores de los recortes de austeridad.

Richard Murphy, fundador de la red sobre justicia tributaria, Tax Justice Network, y Director de Tax Research LLP, calcula que la economía del Reino Unido pierde 120 mil millones de libras (170 mi millones de USD) a causa de la evasión de impuestos de sociedades, una cifra mucho más alta que la estimación oficial de 36 mil millones de libras (51 mil millones de USD), ya que tiene en cuenta el impuesto que se ahorran las multinacionales al hacer uso de los vacíos legales y los asombrosamente complejos acuerdos tributarios. Mientras tanto, nuestros dirigentes políticos remachan sin descanso el mensaje sobre la necesidad supuestamente inevitable de los recortes a la seguridad social y a los servicios.

 

Las embestidas de la austeridad

El mes pasado, el Gobierno continuó sus devastadoras medidas de austeridad imponiendo un recorte a las prestaciones de las personas con discapacidad. Retiró 30 libras (42 USD) a una subvención semanal que ya era un salvavidas apenas adaptado a las personas con movilidad reducida. Los ahorros presupuestarios son ínfimos, sin embargo, el impacto en la vida de las personas con discapacidad será devastador.

Este es solamente el último de una larga sarta de recortes que aporrean a los más pobres. También el mes pasado, el Gobierno se comprometió a continuar su interminable y, sin duda alguna, astronómicamente costosa, campaña legal contra los inquilinos con discapacidad de viviendas sociales que tienen una habitación vacía, y que protestan contra la que posiblemente sea la menos popular de todas las políticas de austeridad del Reino Unido: el impuesto del dormitorio.

Exprimiendo despiadadamente a algunas de las personas más pobres de la sociedad, el único efecto visible de esta odiosa política ha sido la de hundir aún más en la pobreza a las personas vulnerables. Esta medida ha sido ampliamente criticada, a menudo recusada y objeto de campañas en contra, sobre todo por su efecto sobre las familias de las personas con discapacidad, que quizás necesiten en su vivienda más espacio del que el Gobierno británico piensa que se deben permitir.

El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) se había negado reiteradamente a admitir lo erróneo de su política. Cuando el Tribunal de Apelación dictaminó en febrero que el impuesto del dormitorio era ilegal y discriminatorio, debido a su efecto sobre un adolescente con discapacidad grave y una víctima de violencia doméstica, el Departamento declaró inmediatamente que introduciría un recurso.

Los ministros de la oposición señalaron que el costo de una apelación sería más alto que el de eximir a las víctimas de violencia doméstica de esta política.

La solicitud con referencia a la libertad de información relativa al presupuesto en materia legal de que dispone el Departamento de Trabajo y Pensiones en estos casos fue negada en redondo, y las preguntas en el parlamento sobre este tema han sido ignoradas. Esta claro que esta política va a defenderse a toda costa: tiene poco que ver con el ahorro que implica.

El afán implacable y costoso del Gobierno de imponer políticas obviamente perjudiciales es una prueba contundente de que estos recortes no se basan en las necesidades financieras, sino en la ideología.

Los activistas señalan que si se recaudara todo el impago del impuesto de sociedades, habría más que suficiente dinero disponible para que el Gobierno llenara todas las lagunas en materia de financiación. Sin embargo, es dudoso que este Gobierno asignara estos fondos a revertir sus recortes al sistema de seguridad social, vivienda, educación y atención sanitaria que son vitales para el país.

Es tan incierto como el que alguna vez se tome una medida real para evitar la evasión de impuestos por parte de un Gobierno dirigido por un hombre que se ha beneficiado personalmente de este fraude fiscal.

La tolerancia hacia la evasión fiscal corporativa, al igual que la austeridad, es una opción política voluntarista por parte del Gobierno británico. Y mientras siga dedicándose a perseguir a los pobres y discapacitados, al tiempo que permite a las grandes corporaciones dictar a su guisa su propio pago de impuestos, la firmeza de su discurso no es sino mera palabrería.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.