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República Dominicana niega sus pensiones a los trabajadores haitianos de la caña de azúcar

by Michelle Kanaar

Leonor Mesille ha pasado la mayor parte de su vida doblado cortando caña de azúcar.

En 1947, abandonó Haití con rumbo a la República Dominicana en busca de medios de subsistencia, dinero y oportunidades. Terminó ganando 50 dólares al mes trabajando en una plantación que exporta la mayor parte de su azúcar a los EE.UU. A los 71 años, vive en una modesta vivienda de madera con techo de zinc. No tiene ahorros para su jubilación.

<p>Louides Sanon, 90, has been waiting 29 years for his pension. He is one of between 8,000 – 10,000 sugarcane cutters, the majority of them Haitian immigrants, still waiting to be paid their pensions.</p>

Louides Sanon, 90, has been waiting 29 years for his pension. He is one of between 8,000 – 10,000 sugarcane cutters, the majority of them Haitian immigrants, still waiting to be paid their pensions.

(Michelle Kanaar)

Durante los últimos 19 años, Mesille ha presentado la documentación requerida en tres ocasiones con el fin de cobrar su pensión, a la que asegura tener derecho por los 56 años de cotizaciones que ha pagado al sistema de seguridad social, esencialmente trabajando para la empresa Central Romana.

Mesille indica que de concedérsele una pensión, recibiría alrededor de 100 dólares mensuales, lo suficiente para comer y tener acceso a la asistencia sanitaria. Culpa de esta situación a la burocracia gubernamental.

Entre 8.000 y 10.000 trabajadores de la caña de azúcar, en su mayoría inmigrantes haitianos, aún están a la espera de sus pensiones en la República Dominicana, según la Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana, ASCALA, organización local de derechos humanos que se dedica a velar por los derechos de los migrantes, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.

Muchos de estos trabajadores son migrantes sin instrucción e indocumentados que luchan por superar el laberinto de la burocracia gubernamental, conocida por lo anticuado de sus registros. Otros luchan para demostrar que tienen derecho a percibir una pensión porque, como Mesille, trabajaron la mayor parte de su vida indocumentados.

El proceso de las pensiones da una Fotografía de la confusión que reina en el sistema dominicano, sobre todo para los inmigrantes haitianos. El requisito más difícil es el de proporcionar copia de su Tarjeta de Identificación Nacional.

Como alternativa, pueden proporcionar copia de su ficha de trabajo emitida por el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, que operaba los ingenios donde trabajó la mayoría de los inmigrantes haitianos.

Los activistas laborales afirman que muchos de estos antiguos trabajadores eran atraídos con promesas para venir a la República Dominicana y terminaban en empleos equiparables a la esclavitud. A medida que se han vuelto demasiado viejos para trabajar, el Gobierno ha tratado de deportar a algunos de ellos a Haití, pero los jubilados luchan por permanecer en el país con la esperanza de cobrar la pensión que les corresponde.

Cuando arrecia el calor de la tarde, Mesille se recoge a la sombra que le ofrece su árbol de aguacate plantado en su batey, el lugar que reúne las viviendas de los trabajadores y las instalaciones del ingenio azucarero, y por el que circulan decenas de personas que trabajan en la zafra.

Hace poco, en una de estas tardes recordó cómo salió de su casa hace cinco décadas sin despedirse de su familia. “Yo pensaba que iba a volver después de trabajar y de hacer un montón de dinero y entonces contarles mi historia”, comenta.

Nunca se imaginó que estaría sentado en su casa contando los frijoles para su próxima comida, con la esperanza de que alguien le traiga algún otro alimento.

 

Una maraña de trámites

Bony Charles es un haitiano de 66 años, que ha vivido la mayor parte de su vida como trabajador indocumentado en la República Dominicana. En el curso de las últimas cuatro décadas ha obtenido por lo menos tres documentos de trabajo en los que figura con diferentes nombres: Boni Chalas, Boni Chanel y Boné Chalas.

Los errores se cometen fácilmente cuando se traducen los nombres del criollo haitiano al español dominicano. Y Charles afirma que aceptaba los cambios en los documentos porque no podía saber si eran correctos o no.

Charles es analfabeto y no le gusta el papeleo. “Cada vez que cambia usted de nombre es un empleado nuevo”, señala Idalina Bordignon, abogada, religiosa y directora de ASCALA. Estas inconsistencias hacen difícil demostrar que ha ganado su pensión tras trabajar 41 años para un ingenio del Consejo Estatal del Azúcar.

Los activistas laborales señalan que la creación de un número de identificación del trabajador permitiría el mantenimiento de registros más precisos. El Gobierno ha mostrado lentitud en responder a este problema y sigue sin implementarse un sistema alternativo.

Marius de León, director general de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, asevera que ha mantenido conversaciones con el Consejo Estatal del Azúcar para idear un plan, pero “no se ha fijado un plazo para concluirlo”.

En el sistema actual, Charles es particularmente vulnerable porque no tiene ninguna documentación propia para confirmar su identidad, ni siquiera un acta de nacimiento. Afirma que dio este y otros documentos personales al “buscón”, el intermediario que lo captó para trabajar en la República Dominicana hace 49 años. Le dijo que era para “guardarlos seguros”, pero nunca los volvió a ver.

El buscón le prometió un empleo de vigilante en un banco, no que iba a cortar caña en una plantación de azúcar propiedad del Estado. Afirma que lo engañaron. “Nos vendieron al Gobierno por dinero”, remata.

 

Perspectivas futuras

Idalina Bordignon ha estado ocupándose de los problemas de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana durante los últimos 24 años y señala que la crisis de las pensiones representa un rotundo fracaso por parte del Gobierno dominicano. “Les niega sus derechos en el momento de sus vidas que presentan mayor vulnerabilidad”, añade.

Bordignon duda que sin la presión internacional de países como los Estados Unidos pueda hacerse algo para cumplir con el pago de las pensiones. Las importaciones a EE.UU. de remolacha y caña en bruto de la República Dominicana ascienden a 56 millones de dólares, de acuerdo con el Representante de Comercio de Estados Unidos. En los últimos años, este país ha intervenido en otros temas sociales, incluidas las campañas para mejorar las condiciones de trabajo y reducir el trabajo infantil.

“De contar con la presión internacional quizás logremos que de 100 a 150 personas obtengan sus pensiones”, señala Bordignon, aun cuando son miles las que están a la espera de sus pensiones.

Domingo Juan, de 65 años, afirma que va a morirse primero antes de obtener su pensión. Juan perdió su acta de nacimiento durante el huracán Georges en 1998 y, sin dinero y sin ayuda, asegura que no puede viajar ni solucionar el problema.

“Estoy esperando que Dios me recoja. Estoy enfermo”, explica. “No puedo trabajar. Si no fuera por esa mujer (una vecina), no tendría nada para comer”.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.

Este artículo fue publicado por primera vez por el Miami Herald. Vea el fotoreportaje que acompaña este artículo en Equal Times. Este informe fue posible gracias a una beca del Centro Internacional para Periodistas, patrocinado por la Fundación Ford.

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