Esta denominación utilizada por los medios de comunicación se refiere al caso de malversación de fondos públicos que afecta a las escuelas de por lo menos 22 municipios. En el estado más rico del país, miles de escolares y estudiantes se encuentran desde hace varios meses, en el mejor de los casos, privados de la tradicional “merienda” (que a veces también se sirve por la mañana), y en el peor, de un almuerzo saludable y completo al mediodía.

“¡Mi hija pasa ocho horas al día estudiando con el estómago vacío! ¡No es normal!” protesta Maria Louisa, una madre de tres hijos que vive en los suburbios del norte de São Paulo. Vino a apoyar a su hija Helena, estudiante de enseñanza técnica, y a sus compañeros durante una manifestación organizada el 20 de abril por los estudiantes de varias instituciones educativas.

Chico, de 17 años, explica a Equal Times que desde el inicio del curso académico, el mes de febrero, su escuela, aun siendo pública, ya no sirve el almuerzo: “El año pasado, la comida escolar costaba 5 BRL (1,4 USD) y ahora comemos en la fonda de la esquina por 10 BRL (2,8 USD). Y para los que traen su propia comida, solo disponemos de un microondas para 6.000 personas”.

Para mostrar el alcance del problema, los estudiantes de la región han creado una página en Facebook y en Instagram con el nombre de Diario da Merenda (la Revista de la merienda) e invitan a sus amigos a compartir una imagen de lo que se les distribuye en los comedores escolares, destacando situaciones muy dispares.

“Es una obligación legal del Gobierno local destinada a garantizar a los estudiantes de las escuelas públicas una ingesta nutricional adecuada durante las horas que pasan en la escuela”, afirma Maria Louisa, la madre de familia que sostiene, un poco apartada de la manifestación, una pancarta en la que puede leerse: “El gobernador que no respete la educación, no tendrá mi voto en 2018”.

Corrupción y movilización

El meollo del problema se sitúa, efectivamente, a nivel político. El deterioro de la calidad de la comida no se debe simplemente a una mala gestión, o a una disminución de los presupuestos (argumentos presentados por determinados establecimientos escolares), sino a la malversación de fondos orquestada por funcionarios públicos, algunos de ellos parientes del gobernador Geraldo Alckmin (PSDB de centro-derecha).

Es así como el 29 de marzo fueron detenidas siete personas durante una operación conjunta de la policía y el Fiscal General del estado. Entre ellas se encontraba el antiguo presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa del estado de São Paulo.

En un estado con 44 millones de habitantes, más o menos el equivalente a la población de España, se trata de un caso de corrupción que saltaría más a menudo a los titulares si el resto del país no viviera ya al ritmo de revelaciones sobre el caso de Petrobras, un asunto que salpica a las más altas instancias gubernamentales, incluida la presidenta, Dilma Rousseff.

En São Paulo, donde la investigación comenzó hace tres meses y todavía se encuentra en curso, ya se ha demostrado que una docena de funcionarios, además de otros alcaldes y diputados, han organizado desde sus oficinas en la Asamblea, un sistema de connivencia con, por lo menos, una cooperativa encargada de abastecer a los establecimientos escolares, basado en un sistema de sobrefacturación y cohecho.

Por ejemplo, la cooperativa facturaba hasta el doble del precio de los productos destinados a los comedores escolares para luego entregar entre el 10% y el 30% de la sobrefacturación a los participantes en el sistema.

El actual presidente de la Asamblea Legislativa de São Paulo, Fernando Capez, y un ex jefe de Gabinete del ministerio de Educación, han sido designados como los principales beneficiarios de los fondos malversados, pero siguen negando toda participación.

De acuerdo con el Grupo de acción especial para la lucha contra el crimen organizado (Gaeco), los casos de fraude constatados, durante el período de 2013-2015, representan un importe de 7 millones de reales brasileños (1,9 millones de USD), de los cuales aproximadamente el 10% estaba específicamente destinado al pago de “propinas” (sobornos).

Profesores y padres de alumnos, apoyados por movimientos sociales y sindicatos reclaman, además de la investigación policial, la creación de una comisión de investigación parlamentaria en la Asamblea Legislativa.

A juicio de Izabel Noronha, Presidenta del Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeosesp, el sindicato de docentes de la enseñanza oficial): “No hay peor crimen que quitarle el pan de la boca a los niños. Es importante crear una comisión de investigación parlamentaria porque queremos recuperar estos fondos malversados y mejorar la calidad de la alimentación de nuestros hijos. No podemos continuar dándoles galletas, sobre todo porque muchos niños [procedentes de familias desfavorecidas] también esperan que la escuela complete su alimentación diaria”, señaló durante una manifestación frente a la Asamblea legislativa del 23 de febrero a la agencia brasileña de información EBC.

Por extraño que parezca, este escándalo no es el primero de este tipo. Los funcionarios, de otras legislaturas, ya habían visto en la merienda de los niños una fuente de beneficios ilícitos.

Ahora, sin embargo, los estudiantes salen a las calles cada semana para pedir explicaciones sobre este escándalo. Desde el 28 de abril, algunos estudiantes ocupan sus establecimientos escolares, como ya lo hicieron en 2015.

La noche del 3 al 4 de mayo, decenas de estudiantes invadieron y ocuparon incluso la sala del pleno de la Asamblea Legislativa del estado de São Paulo, antes de ser desalojados por la policía. El año pasado, los estudiantes ganaron una batalla contra el Gobierno local al ocupar alrededor de 200 establecimientos escolares para oponerse a la reorganización del mapa escolar (programación de las infraestructuras) y el cierre de 92 escuelas. El Gobierno dio marcha atrás.

Maria Louisa, la madre de familia comenta “¡En las próximas elecciones estos jóvenes tendrán derecho a votar! Yo los apoyo y les digo que también tendrán esta arma ciudadana”.