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Ser trabajadora y emigrante mexicana, papeletas para una doble discriminación

by Emilio Godoy

“Quiero regresar y no me dejan. Cuando llamé al empleador, me dijeron que el cupo ya estaba lleno”, denuncia Leonor Rodríguez, de 45 años y originaria de Ixtacuixtla (en el estado de Tlaxcala, a unos 119 kilómetros al sur de Ciudad de México), a Equal Times. La mexicana no puede trabajar en Canadá porque le niegan el cupo cada vez que echa una solicitud para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), un programa que pusieron en marcha Canadá y México en 1974.

<p>The programmes for seasonal agricultural work, as well as gardening, construction and cleaning jobs, whilst not specifying any gender preference, primarily benefit men, an injustice denounced by many women workers, trade unions and organisations defending migrant workers' rights.</p>

The programmes for seasonal agricultural work, as well as gardening, construction and cleaning jobs, whilst not specifying any gender preference, primarily benefit men, an injustice denounced by many women workers, trade unions and organisations defending migrant workers’ rights.

(AP /Wilfredo Lee)

El pasado 2 de febrero, Rodríguez acudió al Servicio Nacional de Empleo de Tlaxcala para solicitar una plaza en el PTAT. Un empleado le informó de que no podía trabajar en Canadá porque “no tenía pedidos de mujeres” y que, si quería, la ponía de “reserva por si acaso había lugares para mujeres”.

Esta madre soltera de cinco hijos laboró dentro del PTAT entre 2005 y 2011 en invernaderos de flores y cultivo de fresas en las provincias canadienses de Ontario, Alberta y Columbia Británica.

Rodríguez no sólo se ha enfrentado a cupos que la excluyen, sino también a condiciones laborales desventajosas en comparación con los hombres. “Nos tenían muy controladas, no nos dejaban salir libremente. No nos afiliamos al sindicato por temor”, relata.

 
Discriminación de género y peores condiciones laborales

Esa historia se repite también con las receptoras de las visas estadounidenses H2A y H2B, quienes padecen discriminación de género y otros abusos a manos de reclutadores y empleadores.

En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros y en la década de 1980 estableció las categorías H2A para trabajadores agrícolas y H2B para otras labores, como jardinería, construcción y personal de limpieza. Las primeras incluyen prebendas como derecho a vivienda y servicios legales.

En el año fiscal de 2015 –que corre de octubre de 2014 a septiembre de 2015–, el gobierno de Estados Unidos emitió un total de 108.144 visas H2A y 69.684 visas H2B, de las cuales los trabajadores mexicanos representan el 94% de los beneficiarios de visas H2A y el 74% de las H2B.

De 2009 a 2013, un 96% de los trabajadores en la categoría H2A eran hombres y en ese último año, un 88% de los empleados H2B eran de sexo masculino.

En lo que se refiere a Canadá, datos del sindicato de trabajadores de la alimentación y el comercio United Food and Commercial Workers Canada (UFCW) indican que 21.499 trabajadores mexicanos fueron colocados en Canadá en 2015, de los cuales 20.791 fueron hombres y 708, mujeres. En enero de este año, 2.115 fueron enviados –1.985 hombres y 30 mujeres–.

En 2013, el ingreso promedio dentro del programa fue de 8.669,60 dólares canadienses (unos 6.595 USD) para las mujeres, frente a 13.009,60 dólares canadienses (unos 9.897 USD) para los hombres. Además, la duración promedio del contrato en 2013 fue de 4,72 meses por cada mujer, frente a 5,77 meses para cada hombre.

El número de granjas canadienses que sólo reclutó a hombres en 2015 fue de 1.744 sobre un total de 1.800, lo que “confirma el argumento de una práctica sistemática y extendida” dentro del PTAT, según se quejan los defensores de derechos de los trabajadores.

Adareli Ponce, originaria del municipio de Chapulhuacán –en el central estado de Hidalgo, vecino a Ciudad de México– conoce bien el problema, pues laboró en las industrias de chocolate y cangrejos de río en Louisiana (Estados Unidos) durante los periodos de 2003-2006 y de 2011-2013.

“De entrada, contratan puros hombres. Nos dicen que el trabajo es muy exigente o que las mujeres no podemos con el trabajo. Hay maltrato, bajos salarios. Vivíamos 16 personas en un tráiler, sin derecho a visitas. No se puede cambiar de trabajo”, narra para Equal Times.

En la fábrica de chocolate, Ponce, de 34 años, quiso aprender a manejar una máquina para mover cajas grandes, pero su superior le respondió que esas tareas eran “sólo para hombres”.

 
Quejas para que se respeten las legislaciones laborales internas

Luego de que Ponce y varias compañeras se quejaron ante la gerencia por las condiciones laborales, en 2014 este empleador se negó a recontratarla.

Por todo ello, Rodríguez, Ponce, además de otras trabajadoras y varias organizaciones no gubernamentales interpusieron el 15 de julio dos peticiones sobre asuntos laborales ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México y en relación con el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (NAALC, por sus siglas inglesas), para que investigue las prácticas en Canadá y Estados Unidos en contra de los trabajadores migratorios.

El NAALC es componente paralelo, junto al ambiental, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas inglesas), vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese acuerdo contiene un esquema de resolución de quejas sobre violaciones a derechos laborales que puede desembocar bien en un acuerdo ministerial para resolver el problema, en un informe de expertos con recomendaciones o en un panel de arbitraje que obligue al país a adoptar correctivos.

La queja contra Canadá, de 112 páginas de extensión y entablada por seis trabajadoras migratorias y el UFCW, arguye que las prácticas de reclutamiento y contratación quebrantan el NAALC y la legislación laboral canadiense, que garantizan estándares laborales para los empleados del bloque.

Canadá “ha faltado a su obligación de hacer cumplir sus propias leyes laborales” bajo el NAALC, específicamente con respecto a la discriminación de género en la contratación de empleados y contra la cual “el gobierno de Canadá no ha adoptado ninguna medida para poner fin” a esas prácticas, cita el documento.

A la denuncia contra Estados Unidos, interpuesta por Ponce, se añade la de otra empleada migratoria y el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) que acusan a ese país de discriminación en la contratación y asignaciones de trabajo, exclusión general de las mujeres en los programas de trabajo temporal y de fallar en hacer cumplir las leyes contra la discriminación en el empleo.

 
México no puede lavarse las manos en el asunto

Las peticionarias “sufrieron la discriminación debido a la ineficacia que Estados Unidos tuvo al no aplicar efectivamente su legislación laboral interna” en relación con el NAALC, señala el documento, de 31 páginas.

En ambos casos, demandan que México investigue los señalamientos y consulte con sus homólogos del bloque, de modo que los países señalados respeten sus legislaciones laborales respecto a los trabajadores temporales.

“Aunque la legislación no permite la discriminación, están dejando que contraten sólo a hombres. Canadá debe cumplir con sus leyes federales, provinciales” y las del NAFTA, insistió Andrea Gálvez, representante en México del UFCW, en declaraciones a Equal Times.

Para Rachel Micah Jones, directora ejecutiva de CDM, las mujeres padecen “triple discriminación”, pues “son excluidas de las visas H2; cuando participan en el programa se les canaliza a las visas H2B, que ofrecen peores beneficios y protección, y en muchos sitios se les segrega y reciben peor empleo y pago”, señaló a Equal Times.

“Todos somos iguales, pero nos ven muy debajo de los hombres. Queremos que Canadá cambie esas políticas”, pidió Rodríguez.

Gálvez ya interpuso en 2014 una demanda ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (gubernamental, pero autónomo) debido a las prácticas del PTAT. En marzo de este año el gobierno mexicano se comprometió a eliminar esa conducta en 2021.

Además, el Tribunal de Derechos Humanos de Columbia Británica analiza una queja por discriminación de género presentada igualmente por el UFCW.

Históricamente, una queja en el marco del NAALC nunca ha llegado a un panel de arbitraje. De las 39 peticiones entabladas, 9 fueron rechazadas, 14 derivaron en acuerdos ministeriales, nueve en reportes de expertos, cuatro retirados por el denunciante y tres están en trámite.

Ponce confía en la resolución favorable de su petición. “Pedimos oportunidades para las mujeres, queremos que se haga algo”, urgió.

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