¿No van a cesar los ataques contra los trabajadores de Corea del Sur?

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El 5 de diciembre de 2015, unas 40.000 personas se manifestaron en la inmensa plaza del Ayuntamiento de Seúl para protestar contra la represión impuesta por la Presidenta Park Geun-hye, en el poder desde febrero de 2013.

El 14 de noviembre, tras el llamamiento por parte de 118 organizaciones afiliadas a la central sindical Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), 130.000 coreanos se congregaron para denunciar la reforma de la legislación laboral, el control del contenido de los libros de texto de historia, y el acuerdo de libre comercio con China.

La policía utilizó cañones de agua, como consecuencia de lo cual una treintena de personas resultaron heridas, una de ellas grave.

Kim Ju-hyun, catedrático de la Universidad Nacional de Seúl, que estuvo en la plaza del ayuntamiento durante la primera manifestación, expresa su indignación: “¿Cómo puede la Presidenta hablar de una ‘reunión violenta e ilegal’ cuando hubo tanta gente que se manifestó de forma pacífica? ¿Cómo puede comparar a los manifestantes que llevaban máscara con miembros de la organización terrorista Daech?”

Si bien es verdad que algunos manifestantes llevaban una máscara – en forma de mariposa, de gato, de tigre o incluso con la imagen de la propia Park —, lo cierto es que lo hicieron para burlarse de la Presidenta pero también para evitar la represión, puesto que la policía suele grabar o utilizar cámaras de vigilancia para identificar a los manifestantes y, en ocasiones, para interrogarles.

Ese mismo 5 de diciembre, el Tribunal Central de Seúl emitió órdenes de detención contra ocho personas por participar en una “manifestación ilegal”.

Unos días antes, cerca de 700 policías habían cercado y registrado durante seis horas la sede de la KCTU, llevándose dosieres, ordenadores, etc.

El dirigente de la organización, Han Sang-gyun, acusado de haber fomentado la violencia, se refugió durante tres semanas en un templo budista, hasta que finalmente se entregó a la policía.

“Yo lucho para impedir que se adopten leyes destinadas a facilitar el despido de trabajadores. Esto, a ojos del poder, me convierte en el enemigo público numero uno”, expresó en el momento de su detención.

El 13 de diciembre, el Tribunal de Seúl decretó su “detención provisional”, justificada, según este, por diversos “actos criminales”.

Park Geun-hye, que se muestra particularmente indulgente con las infracciones de los grupos empresariales (chaebol), campeones notorios del fraude fiscal, reprime sin ningún miramiento a sus opositores.
Una de las razones que han llevado a tantas personas a salir a la calle han sido los proyectos de ley del trabajo y de ley de sanidad.
En nombre de la lucha por el empleo juvenil, la Presidenta y el partido Saenuri (Partido de las Nuevas Fronteras, de tendencia conservadora) quieren incrementar la flexibilidad laboral y multiplicar los empleos precarios.

Actualmente, las personas que hayan trabajado durante más de dos años con un contrato de duración determinada deberán ser contratadas de forma indefinida. Con la nueva ley, el período pasaría a ser de cuatro años.

Pero estos “trabajadores informales” no tienen los mismos salarios que sus colegas, aunque ocupen el mismo puesto, y tampoco se benefician de los mismos derechos sociales.

La proporción de este tipo de trabajadores ha aumentado en un 4,9 % entre 2011 y 2015. A raíz de esto podrían facilitarse las contrataciones a tiempo parcial que preocupan a los jóvenes.

Estas reformas se suman a las que Park ya ha realizado, y respecto a las cuales se muestra muy satisfecha: “Hemos llevado a cabo reformas en cuatro ámbitos principales: el sector público, el trabajo, el saneamiento financiero y la enseñanza”.

Gracias a eso, dice, “hemos impulsado una economía integradora”, que beneficiaría a los coreanos.

No obstante, la Presidenta no menciona los resultados de esta política (ni de la de su predecesor, igualmente conservador): el crecimiento, que fue del 6,2 % en 2010, se ha reducido al 2,7 % en 2014. Los jóvenes, incluso aquellos sumamente cualificados, están teniendo cada vez más dificultades para encontrar trabajo.

Según el Presidente de Saenuri, Kim Moosung, la responsabilidad incumbiría... a los sindicatos: “El país sería mucho más rico sin la KCTU. El producto interior bruto (PIB) por persona superaría los 30.000 dólares”, aseguró durante una conferencia organizada por su partido el pasado 27 de noviembre.

Actualmente, según el Fondo Monetario Internacional, el PIB asciende a 27.315 dólares.

Por otra parte, el Gobierno quiere privatizar ciertos servicios hospitalarios con el objetivo de hacerlos rentables. Pretende favorecer el turismo médico con el fin de atraer a una clientela rica, y promete que eso permitirá crear 11.000 puestos de trabajo. Los coreanos, por su parte, deberán pagar más o esperar más tiempo para poder recibir tratamiento médico.

En la manifestación del 14 de noviembre había un gran número de agricultores y pescadores insatisfechos con el acuerdo de libre comercio con China, ratificado por el Parlamento el 30 de noviembre. Ellos quieren seguir viviendo de su trabajo, pero temen que llegue una oleada de productos chinos a bajo precio.
En cierta manera, el Gobierno reconoce que sus temores están bien fundados, puesto que ha creado un fondo de compensación de 1.000 millones de wons (825 millones USD) a diez años – sin duda insuficiente para compensar las pérdidas de los agricultores y de los pescadores.

 

“Une visión correcta de la historia”

Desde hace varias semanas, las fuerzas democráticas están haciendo frente a la decisión de Park de imponer un manual de historia único, cuyo contenido vendría determinado por una comisión designada por ella misma.

En un discurso pronunciado en el Parlamento, Park afirma que se trata “de presentar una visión correcta de la historia y de rectificar las versiones deformadas e izquierdistas que tratan de glorificar a Corea del Norte desacreditando los logros capitalistas del Sur”.

La batalla sobre los libros de texto de historia siempre ha estado activa en el país.

Tras finalizar la ocupación japonesa, las editoriales privadas se encargaban de redactar los libros de texto de historia, y el Gobierno, tras examinarlos, daba su aprobación. Después, a partir de 1974, el dictador Park Chung-hee (1961-1979), padre de la actual presidenta, impuso un monopolio estatal.

Dos años antes, el 12 de octubre de 1972, consiguió que se promulgara la Constitución Yusin, por la cual se suprimía la limitación de los mandatos presidenciales, y todos los poderes se concentraban en sus manos. Esta “restauración de 1972” facilitó la nacionalización de los libros de texto, que estuvo acompañada de una glorificación del poder y de profundas distorsiones de la historia.

Tras finalizar la dictadura, en los años 1980, se estableció un sistema pluralista. Y esa diversidad de enfoques es justamente lo que Park quiere destruir.

Ya en 2008, su predecesor, Lee Myung-bak, había fomentado la creación de un “alter-manual de historia moderna y contemporánea de Corea”. Esta obra se caracteriza por una visión tolerante de la ocupación japonesa, que había permitido “modernizar Corea”, y rendía homenaje a Park Chung-hee y a los chaebol, a quienes se les debía “la industrialización del país”.

En el libro de texto publicado por la editorial Gyohaksa y autorizado por Park, aparece el mismo enfoque. Los historiadores, muy críticos, están preocupados por la imposición de un manual único.

La creciente oposición provocó el enojo de la Presidenta durante el Consejo de Ministros del 10 de noviembre de 2015: “Si no aprendemos una historia correcta, la mente se vuelve anormal”, subrayó.

En tres años, Park ha efectuado 20 visitas al extranjero.

Los medios de comunicación conservadores — es decir la casi totalidad de los periódicos y cadenas de televisión – elogian a esta dama “ataviada con abrigo rojo y pantalón gris oscuro, que promueve la moda surcoreana en el Museo de las Artes Decorativas de París, en el seno del Palacio del Louvre”.

Los huelguistas, en cambio, suscitan menos lirismo: “Los organizadores de la huelga aseguran que se manifestaron pacíficamente, pero la autoridad pública no debe dejarse engañar por estas maniobras de camuflaje”, espetaba hace poco un comentarista de televisión.

Ya se ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir las máscaras durante las manifestaciones.

Y el dirigente de la KCTU permanece imputado. Algo que jamás ha sucedido desde el final de la dictadura.

 

Este artículo se publicó inicialmente en Le Monde Diplomatique. Lo volvemos a publicar aquí con la autorización de la Agence Global.