20 años de conflicto minero en el Ecuador

Hace 20 años que las comunidades que habitan en el valle de Intag, al norte de el Ecuador, resisten a la implantación de una mina de cobre a cielo abierto.

Esta mina amenaza la zona conocida como “bosque de nubes”, una de las más ricas del mundo desde el punto de vista de la biodiversidad y un bosque primario, en parte. Estos ecosistemas únicos albergan especies animales y vegetales raras y amenazadas.

Ya en 1995, los alrededor de 17.000 habitantes de la región plantaron cara a la empresa japonesa BishiMetals y, en 2008, lograron expulsar a la canadiense Ascendant Copper.

Pero, desde 2012, su adversario ha cambiado. Luego del acuerdo concluido entre la compañía estatal ecuatoriana ENAMI-EP y CODELCO, el gigante chileno del cobre, es el gobierno ecuatoriano que encabeza Rafael Correa el que quiere poner sus manos sobre el precioso yacimiento mineral.

Le leitmotiv de Correa es claro: “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”.

Por eso el presidente ecuatoriano, reelegido por tercera vez en 2013, ha abierto la exploración de cobre, oro y plata a inversores extranjeros.

Junín, encajada en el fondo del valle de Intag, está en el corazón de la concesión del proyecto minero llamado Llurimagua. Imposible no palpar la tensión que reina en esta pequeña aldea de 260 habitantes.

La comunidad está dividida en dos facciones, una a favor de la mina y, otra, en contra. “Se evitan y, cuando se cruzan, se enfrentan directamente. Hay amigos que se han convertido en nuestros enemigos, cuando antes éramos como dos dedos de una mano ”, lamenta Carmencita, una mujer de unos 60 años que lleva los últimos 40 luchando contra las empresas mineras.

Las tensiones entre los habitantes se cristalizaron en mayo del año pasado, cuando los empleados de ENAMI-EP entraron en el valle escoltados por la policía.

Más de un de un centenar de policías montaron su cuartel general en esta región tropical de los Andes, oficialmente, para “mantener el orden”.

 

Disidencia silenciada

Javier Ramírez se dio cuenta de la determinación del gobierno en carne propia.

El presidente de la comunidad de Junín está detenido desde el 10 de abril de 2014 y continúa a la espera de juicio.

La ENAMI-EP le acusa de “terrorismo, rebelión y sabotaje» y de haber provocado actos de vandalismo contra varios miembros del personal de esta compañía, cuando intentaban llegar a la zona del proyecto.

“¡Pero Javier estaba en su casa, tenía una herida en la rodilla y no podía caminar!”, Denuncia Marcia Ramírez, prima del acusado, que señala directamente a los métodos intimidatorios de las empresas del sector.

La detención ha tenido consecuencias claras: “Ahora la gente tiene miedo de protestar, no sabe lo que le puede pasar, es todo política”, añade.

En Junín, quienes apoyan la mina no hablan mucho y envían al equipo de Equal Times a hablar con Óscar Ortiz.

Porque Oscar, “sí puede hablar». Aunque su condición oficial no está clara, ha sido nombrado por la empresa del Estado para convencer a los habitantes de su comunidad de aceptar la implantación de la mina.

Hay quienes dicen que gana 600 USD al mes por participar en esta “socialización”. Dos veces el salario mínimo de el Ecuador.

Oscar no desmiente el rumor.

“Nosotros lo que deseamos es que la compañía instale su campamento en Junín. En ningún otro lugar. Queremos que los beneficios directos sean para nuestra comunidad.” explica.

El dinero es lo que consigue inclinar a la mayor parte de los habitantes a favor de la mina.

Los policías movilizados en la aldea viven en casa de quienes apoyan el proyecto. Ingresos fáciles y sustanciosos para familias que, con frecuencia, no tienen más recursos que sus pequeñas huertas.

El 28 de noviembre pasado, las autoridades aprobaron el estudio de impacto medioambiental, prescriptivo para proceder a la explotación.

Esta fase, que comenzará este año y se prolongará entre seis y ocho años, permitirá determinar si los recursos de cobre son suficientes para que el proyecto sea rentable y proceder a la explotación.

Diego Zambrano, responsable de presentar el estudio en nombre de ENAMI-EP, admite: “Cualquier actividad humana tiene un impacto en el medioambiente. Pero hoy se trata de una decisión estratégica para el Estado ecuatoriano, que tiene previsto invertir cinco millones de dólares para renovar las infraestructuras públicas de la región”.

La asociación ecologista Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) ha denunciado en vano numerosas irregularidades en el estudio, que fue completado en apenas diez días.

Además de la importancia de preservar este medioambiente único, esta lucha contra los proyectos del gobierno se ha convertido en un símbolo en el Ecuador. El símbolo de la desilusión.

En 2007, luego de su primera elección, Rafael Correa ordenó suspender o anular los contratos de concesión a compañías mineras, lo cual suscitó numerosas esperanzas entre las comunidades de las regiones remotas del país.

“Cuando Correa ganó pensamos que estábamos salvados”, recuerda Marcia.

“Pero Correa cambió y hoy ¡lo único que quiere es explotar todos los recursos naturales! Es una decepción terrible. Votamos y creímos en él, pero hoy lo que queremos es que se marche”, añade amargamente.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.