Acuerdo sobre el Comercio de Servicios: trabajadores y consumidores en riesgo

Opinión

El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS o TiSA, por sus siglas en inglés) es un acuerdo global en curso de negociación, cuyo objetivo es eliminar las barreras –o lo que queda de ellas– de manera que las empresas proveedoras de servicios consigan llegar a los mercados del mundo entero, promoviendo un modelo de empleo basado en la explotación y fomentando la financialización de la economía.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) publicó recientemente un detallado análisis de los textos de negociación filtrados del ACS –tras 20 rondas de negociación durante los últimos tres años y medio– demostrando que, en caso de firmarse y ratificarse, el acuerdo tendría graves consecuencias para el mundo del trabajo.

Su ámbito de cobertura sería muy vasto, involucrando transporte, energía, el comercio minorista, el comercio electrónico, telecomunicaciones, banca, construcción, sanidad privada, educación, y muchos otros en la Unión Europea, Estados Unidos y diversos países en Asia y el continente americano. Teniendo en cuenta que los servicios representan la mayor parte del PIB, el ACS transformaría el mercado de trabajo a nivel mundial.

Por ejemplo, el ACS reforzaría legalmente y facilitaría las operaciones en la “economía de plataformas” (también conocida como la “economía gig” o la “economía compartida”), término que describe el modelo de negocios en línea y a la demanda desarrollado por compañías internacionales como Uber.

Dichas compañías prosperan estableciendo una competencia desleal con otros proveedores de servicios, empleando trabajadores informales sin protección alguna y eludiendo el pago de impuestos.

Distintos servicios profesionales, como por ejemplo de auditoría, arquitectura, contabilidad e ingeniería, ofrecen un vasto espacio aún sin explotar para el desarrollo de la economía de plataformas. Y el ACS asegurará que estas compañías no encuentren muchas barreras, como por ejemplo una acción en justicia o la prohibición de servicios, como ocurriera con Uber en Francia.

Pero el ACS tiene otras sorpresas aún más desagradables para los trabajadores. Los servicios se aportan en base a cuatro modalidades. En primer lugar, mediante el suministro transfronterizo, como por ejemplo cuando un paciente acude a un hospital en otro país para recibir tratamiento; el segundo, a través del consumo en el extranjero, como por ejemplo, el turismo; el tercero con una presencia comercial, como un banco cuando abre una sucursal en el extranjero; y el cuarto, con la presencia de persona físicas.

Este último método de suministro de servicios, conocido también como Modo 4, es en realidad una forma de migración a corto plazo; por ejemplo cuando un experto en informática es contratado por una compañía de alta tecnología para trabajar en un proyecto específico de seis meses de duración.

Los términos de empleo –incluyendo salario, vacaciones o seguro médico– para este trabajador quedarán establecidos en el mismo contrato donde se especifique el proyecto, su duración y las exigencias de calidad. Esto funciona perfectamente en el caso de profesionales altamente cualificados, con gran movilidad y flexibilidad, como programadores o creadores de aplicaciones, pero no para enfermeros, personal de restauración o asistentes dentales.

Dependiendo del nivel de compromisos que asuman los distintos Gobiernos en el marco del ACS, muchas categorías de trabajadores, incluidos aquellos poco cualificados o sin ninguna cualificación, podrían terminar empleados en el extranjero en condiciones muy inferiores a las establecidos en la legislación laboral del país de destino, sencillamente porque la legislación laboral no sería de aplicación al estar contratados en el marco de un proyecto específico.

¿Cómo se asegurarán los Gobiernos de que los profesionales que se beneficien del Modo 4 cuenten con las cualificaciones apropiadas? El ACS incluye procedimientos para la convergencia o el reconocimiento mutuo de los requisitos de licencias y cualificaciones, así como en relación con las normas técnicas para garantizar la calidad del servicio.

Otra parte del ACS socava aún más las competencias soberanas en cuanto a la regulación. Los Gobiernos deberán comunicar con antelación cualquier regulación prevista, dando a las empresas de servicios, incluidas las extranjeras, ocasión para comentar sus planes de regulación.

Esto podría parecer inofensivo, pero teniendo en cuenta que dichos comentarios se producirían antes de iniciarse el proceso regulatorio, a lo que se suma la posibilidad de demandar al Gobierno ante un tribunal de inversiones –en base al controvertido mecanismo de solución de diferencias inversor-Estado (SCIE)– podrían tener por efecto atenuar o incluso anular las posibles regulaciones.

 

Sectores en peligro

Los países que están negociando el ACS están dispuestos a una total apertura de los servicios de transporte. Esto incluye el transporte marítimo, aéreo y por carretera, así como los servicios de mensajería urgente. Los sindicatos del transporte han aportado firmes argumentos demostrando que esto únicamente conduciría a un deterioro aún mayor de los salarios y la seguridad para los trabajadores del transporte, un poco como ocurriera con los camioneros cuando las fronteras de la UE se abrieron a la competencia de los países de Europa Oriental.

El ACS incluye también los servicios financieros. Prácticamente no hay transacción financiera que no pueda ser presentada como un servicio financiero. Eliminando obstáculos, el ACS contribuiría a consolidar todavía más los mercados financieros. Esto implica que los grandes bancos internacionales se harán aún más grandes, ya sea eliminando a los bancos pequeños que de momento únicamente operan a escala nacional, o a través de fusiones y adquisiciones.

En cualquier caso, el resultado será el mismo: los bancos considerados como “demasiado grandes para quebrar” se volverán incluso más grandes con el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS/TiSA), suponiendo un riesgo mayor para el sistema financiero.

Quienes diseñaron el acuerdo pretenden asimismo desregular los mercados financieros. Por ejemplo, si un producto financiero tóxico estuviese permitido en un país del ACS, todos los demás estarían obligados a permitir su circulación. Ese tipo de producto fue lo que ocasionó la crisis financiera de 2008.

También deberán abrirse los servicios públicos y la contratación pública. Aunque la UE y otros países han garantizado que no será el caso, las disposiciones incluidas en los textos filtrados demuestran que revertir la privatización resultará prácticamente imposible.

Añadiendo un elemento de “neutralidad competitiva” entre las empresas estatales y el sector privado, y permitiendo un acceso sin restricciones al mercado para los proveedores privados, solo falta un último elemento para completar el rompecabezas. Y ese elemento son las medidas de austeridad que recortan el gasto en servicios públicos, reducen su calidad y, como consecuencia de la degradación de la calidad, intensifican el apoyo popular a la privatización.

Estamos claramente ante una espiral descendente para (en igual medida) trabajadores, pequeñas y medianas empresas y consumidores si el ACS continúa y se aprueba en su forma actual. Los Gobiernos deberían reconsiderarlo, por el bien de sus ciudadanos e incluso por la estabilidad de la economía mundial.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.