Los sindicalistas colombianos empezaron el año con la triste noticia de que la violencia contra trabajadores/as y sindicalistas está en aumento.

Según cifras preliminares publicadas por la ONG colombiana Escuela Nacional Sindical (ENS), 26 sindicalistas fueron asesinados entre el 1 de enero y el 11 de diciembre de 2013.

La ENS registró además 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, 28 casos de hostigamiento y 13 detenciones arbitrarias.

Esto representa un incremento del 15 por ciento con respecto a 2012, año en el que 22 sindicalistas fueron asesinados y seis fueron víctimas de intentos de homicidio.

Los dos últimos homicidios tuvieron lugar a principios de diciembre en San José de Cúcuta (departamento de Norte de Santander) y en el municipio de Sardinata.

Las víctimas, Carlos García Herreros, y Pedro Camperos, eran dirigentes de la subdirectiva de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASER), afiliada a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

García Herreros, que acababa de ser nombrado directivo de FENASER en el departamento de Norte de Santander, fue asesinado de un balazo en el pecho el 4 de diciembre de 2013.

Aunque las autoridades dijeron inicialmente que el móvil del crimen fue el robo, Raúl Gómez, presidente de FENASER Seccional Norte de Santander, apunta más bien a los rumores en relación con una lista de sindicalistas considerados como objetivos por los paramilitares.

El segundo caso tuvo lugar dos días después, el 6 de diciembre, en el municipio de Sardinata.

Camperos era presidente de la subdirectiva del sindicato SINDENORTE en Sardinata, filial de FENASER, y según Raúl Gómez era una persona muy conocida en esta municipalidad, donde, aparte de ser funcionario de la Alcaldía, formaba parte de un grupo mariachi. Precisamente ese fue el señuelo que utilizaron para asesinarlo: lo convocaron a prestar un servicio musical en las afueras de la ciudad, donde fue atacado el vehículo en el que se movilizaba su grupo. En el tiroteo también resultó muerto otro compañero mariachi y herido el conductor del vehículo.

Violencia dirigida contra dirigentes sindicales

Estas alarmantes cifras demuestran que, pese a las afirmaciones del Gobierno de medidas encaminadas a garantizar los derechos laborales y las libertades sindicales, la violencia antisindical y la impunidad de que gozan quienes la perpetran siguen siendo un problema grave en Colombia.

El hecho de que Colombia haya solicitado entrar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hace que la situación sea particularmente preocupante.

Los datos de la ENS revelen además que el 90 por ciento de los ataques en Colombia se cometieron contra líderes sindicales. De 229 casos registrados de violencia antisindical, 208 fueron contra dirigentes.

Además en 18 casos se trató de amenazas colectivas, dirigidas contra organizaciones filiales de la CUT y la Confederación General del Trabajo (CGT), centrales sindicales que sufrieron, respectivamente, el 89,2 y el 5,4 por ciento del total de la violencia, lo que confirma la dimensión colectiva de la violencia antisindical y sus repercusiones.

Al analizar los sectores económicos más afectados por la violencia antisindical en 2013, encontramos que el más impactado es el de minas y canteras con el 25,4 por ciento de los casos, seguido de la industria manufacturera (19.3 por ciento), el sector educativo (18,2 por ciento), y agricultura, caza y pesca (12,7 por ciento).

En cuanto a la presunta autoría de esta violencia, en la mayoría de los casos no se dispone de información al respecto (53,7 por ciento). Pero en aquellos casos en los que se conoce o se presume su autor, el 71,6 por ciento se atribuye a grupos paramilitares, 19,1 por ciento a organismos estatales y 5,8 por ciento a la guerrilla.

Otros casos graves

Otros casos vienen también a demostrar las dificultades que encuentran los sindicalistas para el libre ejercicio de sus actividades sindicales.

Citaremos por ejemplo, el caso de Igor Díaz López y Aldo Raúl Amaya Daza, respectivamente presidente y tesorero de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), quienes han venido recibiendo constantes amenazas extensivas a sus familias. Estas amenazas se produjeron cuando ambos dirigentes representaban al sindicato en la negociación colectiva con la empresa Carbones del Cerrejón Ltd.

Otro escenario hostil contra el sindicalismo es la industria azucarera, en particular el Ingenio La Cabaña en la región colombiana del Cauca, que continúa empleando a sus trabajadores mediante contratistas.

Además se negó a reconocer la seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) o a discutir el pliego de peticiones presentado por éste en diciembre de 2012.

El 3 de enero de 2013 este ingenio despidió a 86 trabajadores, incluida la junta directiva del sindicato, y varios trabajadores sindicalizados recibieron amenazas, extensivas a sus familias.

El 28 de ese mismo mes, el sindicalista Juan Carlos Pérez Muñoz fue asesinado en el municipio de Corinto, Cauca.

Otra dimensión de la violencia antisindical que reviste particular gravedad, son las agresiones contra mujeres sindicalistas.

Trabajadoras y dirigentes son víctimas de amenazas y desplazamientos forzados, que pretenden atacar su posición en tanto que líderes y su condición como mujeres.

Así lo ilustra la experiencia sufrida por Martha Cecilia Suárez, presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos (Astdemp).

Suárez venía siendo víctima de ataques permanentes desde 2004, y en abril de 2013 dejaron en la oficina del sindicato un sobre con un mensaje declarándola objetivo militar y enemiga pública.

Además le enviaron dos muñecas manchadas de esmalte rojo. Cada una de las muñecas llevaba el nombre de una de sus hijas. A una le faltaba un brazo y a la otra una pierna. La amenaza estaba firmada por el Comando Urbano de los Rastrojos

Equal Times y la CSI lanzaron recientemente una campaña pidiendo que se ponga fin a la violencia contra el movimiento sindical en Colombia.

Para sumarse a esta petición y decirle al Presidente Juan Manuel Santos que tome de inmediato medidas para poner fin a la violencia contra los sindicalistas, pueden firmar aquí: http://act.equaltimes.org/es/colombia2013

Una versión anterior, no editada, de este artículo fue publicada originalmente por la Agencia de Información Laboral - ENS.