A principios de este mes, miles de personas salieron a las calles de Manama, capital de Bahréin, para marcar el segundo aniversario del levantamiento popular en 2011.

El levantamiento, que estallara el 14 de febrero de 2011 – y que todavía continúa – pedía que se pusiese fin al régimen absolutista de la dinastía Al-Jalifa, que ocupa el poder.

Se respondió a las protestas con una violencia devastadora.

Decenas de manifestantes fueron asesinados y otros miles detenidos, encarcelados y despedidos, especialmente sindicalistas.

En el segundo aniversario, las protestas se reprimieron una vez más de manera brutal. Las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes con gases lacrimógenos y disparando perdigones, dejando un saldo de decenas de heridos y ocasionando la muerte de un adolescente de 16 años, Ali Ahmed Hussein Al-Jaziri.

Todo esto ocurría mientras la oposición intentaba iniciar el diálogo con el Gobierno.

La discusión resultante fue descrita como “débil y nada significativa” por los líderes de la oposición.

Según Radhi Al-Musawi, Secretario General en funciones de la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Wa’ad), “cualquier diálogo político que pretenda contribuir a restaurar la calma y la estabilidad en el país requiere acciones previas que sienten las bases para alcanzar ese resultado”.

Hasta la fecha, no ha sido el caso.

Después de que el líder de Wa’ad, Ibrahim Sharif, fuera condenado a cinco años de prisión por un tribunal militar, Al Musawi sería igualmente condenado a la misma sentencia por un tribunal civil, acusado de conspiración para derrocar al régimen.

La oposición remitió recientemente una carta al Ministro de Justicia, representante del emir Al-Jalifa, invitándole a encabezar las conversaciones.

“Cualquier diálogo y negociación serios deberían tener una base sólida, empezando por que se ponga fin al recurso a una fuerza excesiva, el establecimiento de una hoja de ruta que conduzca a mejoras y la implementación de las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin y del Consejo de Derechos Humanos, que fueran aprobadas por el Gobierno”, indicó.

Despidos

2011 fue un año negro para los derechos humanos, civiles y laborales en Bahréin, puesto que las autoridades decidieron desplegar una campaña de represión, arrestos y despidos, tal como documentó la Comisión Independiente.

Según la central sindical General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU), más de 4.000 trabajadores fueron despedidos después del 14 de febrero de 2011, incluyendo 57 dirigentes sindicales.

Se han publicado diversos informes respecto a la ilegalidad de los despidos.

Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han acusado asimismo al Gobierno de violaciones de los derechos humanos fundamentales.

A principios de este año, el Departamento de Trabajo de los EE.UU. publicó también un informe relativo a una queja en el marco del Tratado de Libre Comercio EE.UU.-Bahréin, encontrando que el Gobierno bahreiní había violado el capítulo laboral del TLC al despedir a los trabajadores tras el levantamiento popular en febrero de 2011.

El Gobierno respondió con una intensa campaña de prensa, recurriendo a compañías de relaciones públicas en el Reino Unido y EE.UU. y desembolsando más de 32 millones de USD para intentar mejorar su imagen internacional.

El Gobierno bahreiní afirma que el 98 por ciento de los despedidos fueron readmitidos, pero la GFBTU afirma que la realidad es muy distinta.

“No consideramos a los trabajadores despedidos en función de cifras, sino en cuanto a su pleno derecho a recuperar sus empleos y recibir compensación por la violación de sus derechos”, indicó Abdullah Hussein, Secretario General Adjunto de la GFBTU para las relaciones internacionales y con los países árabes.

Los sindicatos estiman que sigue habiendo 657 trabajadores despedidos y suspendidos que no han sido reincorporados en sus puestos de trabajo.

Además, muchos de los readmitidos fueron reincorporados pero con puestos inferiores, salarios más bajos, y perdiendo los beneficios a los que tenían derecho previamente.

Un caso así es el de Yousef Al-Khaja, líder del sindicato de servicios del aeropuerto de Bahréin. Dos años después sigue sin trabajo, pese a las promesas del Ministro de Trabajo y de la dirección e la compañía.

Esta cuestión figurará en el orden del día del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se reunirá en marzo, para responder a la queja presentada en 2011 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) solicitando que se establezca una comisión de encuesta, alegando que los despidos violan el Convenio No. 111 de la OIT sobre la discriminación.

La queja argumenta que los despidos se debían a las opiniones políticas de los trabajadores, lo que está prohibido.

En base a la queja, la OIT decidió establecer un comité tripartito para revisar los despidos, que deberá informar sobre los progresos realizados para readmitir a todos los empleados ilegalmente despedidos.

Con todo, Bahréin sigue sin haber ratificado tres de los convenios fundamentales de la OIT: el Convenio No. 87 sobre el derecho de sindicación, el Convenio No. 98 sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva, y el Convenio No. 100 sobre igualdad de remuneración.