Cómo se han secuestrado las protestas en Brasil

Opinión

 

El aspecto más novedoso de las protestas que han tomado las calles de Brasil en las dos últimas semanas es el secuestro de la pauta política de las movilizaciones por los sectores a los que en el país se suele denominar "de derechas".

Ello no necesariamente significa que sean los partidos de derecha los que se están colando en las manifestaciones, ni mucho menos grupos radicales organizados, tan comunes en Europa, como los nacionalistas xenófobos o los skinheads.

 

Sí que los hay en Brasil, y es verdad que se les puede ver nítidamente en las marchas.

Pero la derecha brasileña que está saliendo masivamente de sus casas se compone básicamente de gente común: son profesionales, trabajadores y estudiantes de barrios pobres o ricos, gente de la nueva o la vieja clase media, la mayoría jóvenes, que ahora, tras la ola de protestas, está tomando su primer contacto directo con la política.

Más que ideológicamente convertidos a la derecha, parecen personas que no han invertido mucho tiempo en discusiones políticas a lo largo de sus vidas y que no consiguen analizar la realidad actual en la perspectiva histórica.

Sobre todo, demuestran ser fieles seguidores de la opinión vehiculada por los medios de comunicación tradicionales.

Los signos de esta especie de "derechización inocente" son muchos, y han crecido progresivamente en el tiempo.

El uso masivo de los colores y la bandera nacional —sumado al rechazo al rojo de las banderas partidarias, sindicales o de los movimientos sociales de izquierdas— es uno de ellos.

En la última marcha multitudinaria realizada en la ciudad más grande del país, São Paulo, un grupo de militantes fue acosado por la masa intolerante a la presencia de organizaciones políticas en la protesta.

Algunos acabaron agredidos, sus banderas fueron destruidas y quemadas mientras se escuchaban los gritos de júbilo y aplausos de la multitud.

Al final, todos los que llevaban señales partidarias tuvieron que dejar la marcha bajo graves amenazas.

Lo más curioso es que han sido justamente ellos —los grupos políticos de izquierdas— quienes a lo largo de los años han impulsado las movilizaciones contra el alza de los precios cobrados a los ciudadanos en el transporte público brasileño.

 

 

El Movimento Passe Livre

Esta lucha ganó más fuerza en las grandes ciudades del país tras la creación del Movimento Passe Livre (MPL) durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2005.

El grupo nació de una articulación nacional basada en la experiencia de movilización popular vista anteriormente en dos capitales: Salvador en 2003 y Florianópolis en 2004.

En las dos ciudades las demostraciones de rebeldía popular, encabezadas por estudiantes, lograron reducir el precio de los billetes cobrados en los autobuses municipales.

En São Paulo, el MPL se moviliza por estas mismas razones desde su fundación. Pero nunca logró incidir decisivamente en la política de transporte público ni mucho menos llevar a más de diez mil personas a las calles.

Hasta hace dos semanas, el guión era siempre el mismo: el valor del pasaje aumentaba, el MPL convocaba movilizaciones para rechazarlo, los partidos de izquierda, entidades estudiantiles, punks, anarquistas y algunos sindicatos se unían a la protesta, unas dos mil personas se tiraban a las calles y acababan apaleados por la policía.

Se organizaba alguna que otra marcha, pero dos o tres semanas después todos se cansaban y no pasaba nada. Esta vez ha sido distinto.

El alza en los precios del transporte en São Paulo pasó a reforzarse el 2 de junio. Cuatro días después, el MPL y sus tradicionales aliados se lanzaron a las calles. Hubo represión policial.

El día siguiente regresaron, un poco más numerosos. Vino el fin de semana y las protestas se paralizaron, pero se reanudaron el martes 11 de junio. Nuevamente, represión.

 

 

El papel de los medios de comunicación

La jornada provocó una esperada oposición de los medios de comunicación masivos.

La Globo, la mayor cadena de televisión del país, hizo lo que siempre ha hecho en estos casos: mostrar imágenes de vandalismo, sugiriendo que los manifestantes no eran más que gente violenta, y elogiar la acción de la policía.

Los periódicos Folha de São Paulo y Estado de São Paulo publicaron peticiones de "basta" a las protestas: exigían que la policía fuera aún más "dura" e impidiera que llegaran a la principal vía de la ciudad, la Avenida Paulista, que, argumentaban, ya no podía seguir soportando la acción política.

Los políticos escucharon y, en la siguiente marcha, convocada para el jueves 13 de junio, los antidisturbios cargaron con fuerza contra los manifestantes. Entonces más de diez mil personas se habían tirado a la calle para protestar, en lo que ya podía calificarse como la mayor movilización lograda por el MPL en São Paulo.

De ellos, 232 fueron detenidos: muchos antes del inicio de la protesta, lo que es inconstitucional, y por un delito que se acababan de inventar las autoridades: llevar vinagre en la mochila para paliar los efectos de los gases lacrimógenos.

Más de cien personas resultaron heridas, inclusive muchos periodistas y gente que no tenía nada que ver con la marcha.

A partir de entonces, los canales de televisión y periódicos que hasta la víspera pedían más violencia policial contra los manifestantes, cambiaron de actitud.

Sin embargo no reconocieron la verdadera naturaleza del movimiento ni la postura política de sus integrantes: indudablemente de izquierdas y anticapitalistas.

Al revés, empezaron a transmitir masivamente la información de que la protesta no se debía solamente al alza en los precios del transporte público sino también a un supuesto hartazgo generalizado con "todo lo que hay".

Ello era en parte verdad: los manifestantes estaban hartos de tener que pagar caro el transporte en unos autobuses, metros y trenes ineficientes, por estar horas atascados en el tráfico, viajar de pie y aplastados dentro de vehículos repletos de gente.

Pero los medios añadieron a ello sus propias pautas políticas: corrupción, inflación, crecimiento económico y la oposición rutinaria a los partidos de izquierda —en particular, contra el PT del ex-presidente Lula y de la presidenta Dilma Rousseff, que lleva diez años en el gobierno federal.

El resultado pudo ser visto en la movilización del lunes 17 de junio, cuando más de cien mil personas se arrojaron a las calles de São Paulo —y otras cien mil a las de Río de Janeiro— para decir basta a la violencia policial y exigir la reducción del precio del transporte público.

Pero no sólo eso: de pronto surgieron pancartas con todo tipo de reivindicaciones, muchas de ellas reflejando las noticias y opiniones difundidas por la prensa en los días anteriores.

También se pudieron identificar muestras de insatisfacción por los gastos públicos para la realización de la Copa del Mundo de fútbol de 2014 —alrededor de 30.000 millones de reales.

Las banderas de partidos, sindicatos y movimientos sociales, que estuvieron desde el inicio de la movilización, y que llevan años protestando, empezaron a ser combatidas.

En su lugar, los manifestantes apenas permitían el verde-amarillo del panteón nacional.

 

 

La marcha avanza

Aún así, la marcha avanzó, multitudinaria como nunca antes en la historia contemporánea del país. Al día siguiente, 18 de junio, se organizó una nueva movilización con centenas de miles de personas.

El miércoles, los alcaldes de São Paulo, Fernando Haddad, y de Río, Eduardo Paes, y los gobernadores de los estados de São Paulo, Geraldo Alckmin, y Río, Sergio Cabral, bajaron los precios del transporte.

La victoria inédita del MPL en las dos mayores ciudades del país lanzó nuevamente a la gente a la calle el 20 de junio. Otras localidades se unieron a las marchas, alrededor de 120, por todo el país.

El Movimento Passe Livre había convocado la manifestación para conmemorar lo que consideraban una "gran victoria" y exigir la liberación de los manifestantes presos en las jornadas anteriores, muchos de los cuales serán juzgados por crímenes que no habían cometido.

Pero lo que se vio, al menos en São Paulo, fue una fiesta marcada por demandas que nada tenían que ver con las pautas originarias del MPL o de los grupos que empezaron la movilización, pero sí con los medios de comunicación, en lo que se destacó el rechazo etéreo a la corrupción.

Ya no había pancartas en contra de la violencia policial de la semana anterior, ni contra el gobernador Alckmin, que había ordenado la carga represiva contra los manifestantes, ni contra el alcalde Haddad.

Tampoco se pedía un transporte público gratuito, principal exigencia del MPL. El gobierno de Dilma Rousseff se transformó en el blanco prioritario, incluso con demandas de impugnación.

El conservadurismo se expresó más explícitamente por el ya mencionado rechazo violento a las organizaciones políticas populares, mientras grupos de ultraderecha circulaban libremente envueltos en la bandera del Brasil o del estado de São Paulo.

La "vuelta de la tortilla" fue tan grande que el MPL anunció públicamente que ya no convocaría nuevas movilizaciones a fin de evitar el avance de los sectores conservadores, que han venido ganando fuerza en los últimos días.

Mientras tanto, alrededor de 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales identificadas con la izquierda convocaron, por iniciativa del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), una asamblea de emergencia en São Paulo para discutir estrategias frente al predominio conservador, el cual interpretan como un riesgo a las conquistas democráticas de los últimos años.

Grupos culturales de las periferias de la ciudad también empezaron a articularse para hacer frente al "cambio de rumbo" de las protestas.

Uno de los resultados concretos es que el próximo martes 25 de junio el Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizará, con apoyo del Passe Livre, una marcha en la periferia de la ciudad por la desmilitarización de la policía, el control sobre los precios de los alquileres, mejores servicios de salud y educación y un transporte público gratuito.

La coyuntura se mueve a velocidad de vértigo.

 

 

“Las voces de las calles”

La presidenta de la República también se pronunció. En una cadena televisiva de diez minutos, el viernes 21 de junio, dijo que está "escuchando las voces de las calles" y se dedicó a dar respuesta a las principales reivindicaciones que han surgido de las protestas.

Acerca de la corrupción, dijo que no hay mecanismo más eficiente para combatirla que la transparencia, y que por ello había aprobado la Ley de Acceso a la Información, que permite a todos los ciudadanos pedir información pública a cualquier órgano del gobierno federal, estadual y municipal.

En cuanto a la mala calidad de los servicios públicos, anunció un "pacto nacional" con los congresistas, jueces, alcaldes y gobernadores para mejorar el nivel de las escuelas y hospitales.

Dilma reforzó su disposición a traer médicos extranjeros para atender a la población y repitió su propuesta —ya derrotada en el parlamento— de invertir el 100% de las regalías de los nuevos yacimientos petroleros en la educación.

Condenó los saqueos y brotes de violencia contra edificios públicos y privados durante las protestas y dijo que los partidos sí son importantes para la democracia, prometiendo dedicarse a una reforma del sistema político.

Sobre los gastos públicos en la Copa del Mundo, dijo que el gobierno está solamente prestando dinero a empresas y ciudades para la construcción de los estadios de fútbol, y que esos recursos serán devueltos al Estado en el futuro.

Todavía es temprano para saber qué va a pasar de aquí en adelante, si las protestan van a seguir siendo multitudinarias, qué características van a tener y si el Gobierno transformará las promesas ofrecidas por la presidenta en medidas reales.

Mientras tanto, las redes sociales, sobre todo Facebook, rebosan de análisis y de nuevas iniciativas políticas.

Hubo una supuesta convocatoria de huelga general para el 1 de julio, sin contar con el apoyo de las centrales sindicales; hay gente pidiendo la intervención militar; hay grupos queriendo reencauzar la insatisfacción colectiva hacia sus orígenes: el sistema de transporte, que en Brasil es percibido como un sector comercial y no como un derecho de los ciudadanos.

Hay de todo, pero pocas certezas. Una de las únicas es que el pueblo brasileño parece finalmente haberse convencido de que es posible conseguir cambios políticos, sociales y económicos lanzándose masivamente a la calle.

Qué es lo que vendrá de ese "nuevo despertar" nadie se arriesga a predecirlo.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.