En total 1.300 m3 de madera, de los que el 71% sería de origen ilegal. Equivalente a lo transportado por 60 camiones de carga pesada. Su valor ascendía a más de 400.000 EUR (447.000 USD).
A finales de noviembre de 2015, la inmovilización por parte del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) de Perú, de un cargamento de madera ilegal con destino a México y los EE.UU., constituye un hecho histórico. Se trata del mayor decomiso de madera de origen ilegal de la historia en ese país, según la prensa peruana.
Un homme en particulier est derrière le succès de cette opération : Roland Navarro, le président exécutif d’OSINFOR et « personnage clé de la lutte contre la coupe illégale ».
Un hombre en particular está detrás del éxito de esta operación: Rolando Navarro, presidente ejecutivo de OSINFOR y “funcionario clave de la lucha contra la tala ilegal”.
No obstante, y para sorpresa de todos, el Gobierno decidió el 15 de enero no renovar su mandato. Esta decisión sorprendió y dejó perplejos a los especialistas. Algunos consideran que Navarro paga las consecuencias de haber recurrido, por primera vez en la historia, al decreto legislativo 1220. Además de declarar de interés nacional la lucha contra la tala ilegal, facilita el decomiso de la madera considerada de proveniencia ilegal.
Pero desde su promulgación, el decreto ha tenido numerosos detractores. Las asociaciones forestales denuncian que se los equipara a los narcotraficantes y que se está poniendo en peligro el empleo en la región. Para hacer oír su voz, se multiplican los piquetes de huelga, el bloqueo de carreteras, etc.
Por otro lado, la presión política se hace cada vez más fuerte. Varios diputados han intentado reducir el impacto de la ley remitiendo propuestas al Congreso.
“Con la destitución de Rolando Navarro, se está lanzando un ataque contra todos aquellos que luchan contra esta plaga en nuestro país, enviando un mensaje a todos los demás funcionarios para que no intenten detener a la mafia de tala ilegal”, señala Julia Urrunaga, directora de programas de la ONG Environnemental Investigation Agency en Perú.
El 2% de los bosques peruanos destruido en 10 años
Con todo, las 113.000 hectáreas de bosques arrasadas cada año entre 2000 y 2013 han convertido el problema en una prioridad para el Estado peruano.
En 2011 la superficie total de bosques en Perú se estimaba en 73 millones de hectáreas. Así pues, cada año se ha destruido el 0,15% de los bosques peruanos, es decir alrededor del 2% desde el año 2000.
En visita a los Estados Unidos, Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros, reiteró el compromiso de su país. Una postura ligada en parte a una toma de conciencia, pero también al tratado de libre comercio firmado con el país norteamericano en 2008. La sección sobre medio ambiente de dicho acuerdo incluye un capítulo dedicado específicamente a la gestión del sector forestal.
“Perú se vio obligado a llevar a cabo un auténtico seguimiento de la situación, un plan de lucha contra la corrupción, y a aumentar los efectivos en la lucha contra la tala ilegal”, explica Julia Urrunaga.
“Actualmente, hay una estructura legal en Perú, leyes que deberían permitir actuar. El problema estriba en la corrupción, que persiste a todos los niveles, desde la policía al ingeniero forestal que firma el inventario”, explica a Equal Times Nelly Luna Amancio, periodista del medio digital de periodismo de investigación Ojo Público y autora del artículo revelando el embargo histórico.
Desde 2008, OSINFOR ha mostrado numerosos fallos, sobre todo al confrontar los informes de explotación con la realidad sobre el terreno. Muchas veces, se descubrió que el origen de la madera había sido manipulado. “En las coordenadas indicadas había un campo o un río… pero ni árboles ni nada que indicase que se habían cortado árboles en ese lugar”, detalla la periodista.
La organización, interrogada por Equal Times, hace referencia a un período de transición, y rehúsa responder.
Pero en un comunicado publicado en su sitio web, la organización denuncia “informaciones y/o acciones que pretenderían desvirtuar la calidad de las intervenciones del OSINFOR”.
Un miembro de una ONG ecologista, que prefiere permanecer en el anonimato, reveló a Equal Times: “En este momento hay dos corrientes en el Gobierno y las instituciones. Aquellos que quieren luchar contra la tala ilegal y quienes prefieren que no se haga demasiado porque es malo para la imagen del país. La organización se ha hecho además muchos enemigos en los Gobiernos regionales”.
Y la situación sobre el terreno es cada vez más compleja. En noviembre de 2014, la ONG Global Witness señalaba que Perú es el cuarto país más peligroso del mundo para los defensores ambientales, con 57 muertos entre 2000 y 2014.
Uno de ellos fue el caso de Edwin Chota, destacado activista asesinado junto con tres de sus compañeros en septiembre de 2014, por haber luchado contra la tala ilegal. Un año y medio más tarde, los culpables aún no han sido identificados.
