Migrantes indocumentados detenidos: mercancía (pasiva) de un fructífero negocio

En Estados Unidos, un país con unos 323 millones de habitantes, hay unos 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados de los cuales decenas de miles quedan atrapados en centros de detención a la espera de decisiones burocráticas sobre su destino.

El número relativamente bajo de detenidos hace que queden fuera de la atención pública y las preocupaciones de los políticos. Los inmigrantes indocumentados no votan, y los detenidos, si alguien se acuerda de ellos, sirven para que el gobierno publicite su mano dura frente a la inmigración ilegal.

“Algunos pasan meses y años allí, otros están por algunas semanas”, dijo a Equal Times Cristina Parker, directora de programa de Grassroots Leadership, una organización que brega por el fin de las cárceles con fines de lucro. “En esas instalaciones hay menores de edad con sus familiares, dos de ellas en Texas y una en Pennsylvania”.

Los centros de detención “son como prisiones, con puertas metálicas pesadas y cercas”, explicó Parker. “No se puede entrar allí sin autorización. Algunos de los detenidos tienen acceso a asesoramiento legal, pero no es algo que esté garantizado”.

Con apenas un 5% de la población mundial, Estados Unidos alberga a más del 20% de la población carcelaria mundial en prisiones locales, estatales y federales. Y con más de 2,3 millones de personas condenadas, recluidas o detenidas, y la tendencia a la privatización de las prisiones, el negocio es atractivo. Dentro de él, los centros de detención para inmigrantes indocumentados, aunque un pastel menor, también genera ganancias.

En una década en la que los flujos de migrantes y refugiados han crecido, el sector se porta bien.

 

Centros de detención: fuente de empleo e ingresos

Actualmente, muchos gobiernos occidentales han externalizado la gestión de las prisiones con el argumento de que ello ahorra dinero.

En 2014, el gobierno británico firmó un contrato de siete años por 100 millones de dólares con la firma de seguridad Serco para la administración del centro de detención de inmigrantes Yarl’s Wood; el gobierno de Australia contrató a la empresa Broadspectrum para el manejo en Nauru y Papua Nueva Guinea de dos campos para personas que solicitan asilo; y la firma Hero Norge, que maneja 90 centros para refugiados en Noruega y 10 en Suecia, cobra a los gobiernos de 31 a 75 dólares por noche por persona.

Un informe de 2013 del centro de investigación estadounidense In The Public Interest (ITPI) mostró que las empresas privadas que manejan prisiones negociaban con los Estados acuerdos que garantizaban altas tasas de ocupación de las instalaciones. Los acomodos incluidos en 41 contratos favorecen cuotas de encierro de los reclusos, o fuerzan a los contribuyentes a pagar por las camas vacías si la población detenida disminuye. Algunos de esos contratos requieren tasas del 90 al 100% de ocupación.

En su informe anual de 2014, Corrections Corporation of America (CCA), la mayor de las empresas privadas en el negocio carcelario, indicó su preocupación porque los cambios que entonces se discutían para las leyes de inmigración pudieran menguar los ingresos de la firma.

CCA es dueño y opera 66 prisiones y centros de detención con más de 90.000 camas en 20 Estados y en el Distrito de Columbia. En 2011 la firma ingresó 1.700 millones de USD de los cuales 214 millones salieron directamente de los contratos con las autoridades de inmigración.

GEO Group, la segunda firma más grande del sector es dueña de 65 prisiones y centros de detención con más de 65.000 camas. En 2011 registró unos ingresos de 1.600 millones de USD.

Los contratistas privados, que controlan la mitad de las camas en la red de 82 centros de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (conocida como ICE), que a su vez depende del Departamento de Seguridad Nacional, cobran al gobierno unos 150 dólares por día por cada detenido.

Las prisiones privadas son, además, fuente de empleo e ingresos para la población local, y un ejemplo es Eloy (Arizona) que, con 10.000 habitantes libres, alberga tres prisiones y un campo de detención para inmigrantes, con un total de 7.000 personas recluidas. Las cuatro instalaciones, operadas por CCA, dan empleo a 1.600 personas, y dado que Arizona cuenta a los detenidos y presos como residentes para el Censo, la ciudad recibe unos dos millones de dólares anuales en subsidios estatales, equivalentes al 17% del fondo municipal para gastos generales.

El 17 de marzo, Sarah Saldaña, directora de Inmigración y Aduanas, previó 1.400 millones de dólares para el pago de 29.953 camas para adultos. La cifra correspondía al periodo fiscal de 2017 (que comienza el 1 de octubre).

La propuesta no satisfizo a los republicanos, que tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, y el representante John Carter, de Texas, opinó que la idea de reducir el número de camas para detenidos de 34.000 a 30.193: “no tiene sentido”.
“La necesidad de camas probablemente excederá la cifra de 34.000”, afirmó Carter.

Para tranquilidad de CCA y otras del sector, el Congreso fue incapaz, como lo ha sido por tres décadas, de aprobar una reforma integral de las leyes de inmigración, lo cual asegura que millones de personas seguirán viviendo en una ilegalidad que las pone constantemente al borde de la detención y eventualmente la deportación. Casi la mitad de todos los inmigrantes indocumentados detenidos se encuentran ahora en instalaciones manejadas por empresas privadas.

 

Condiciones al límite en pos del ahorro

La muerte el año pasado del mexicano José de Jesús Deniz Sahagún en el Centro de Detención Eloy, atrajo un poco la atención sobre las condiciones en las que permanecen recluidos miles de inmigrantes indocumentados, y las razones por las cuales muchos de ellos abandonaron sus países y temen volver a su patria. Desde 2004, catorce detenidos han muerto en Eloy, el doble que en cualquier otro centro de detención para indocumentados.

Un día después de que una asistente social lo pusiera bajo observación continuada, Deniz, de 31 años de edad, se suicidó metiéndose en la garganta una media de algodón, elevando a seis el número de suicidios en esa institución.

“La triste realidad es que la muerte de Deniz está lejos de ser un incidente aislado de negligencia médica en un centro de detención para inmigrantes”, expuso ante el Congreso de EEUU Raúl Grijalva, representante demócrata de Arizona. Y continuó: “Un informe reciente de American Civil Liberties Union (ACLU) demostró cómo las graves violaciones de las normas médicas por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas (o ICE, por sus siglas en inglés), desempeñaron un papel significativo en casi la mitad de las muertes” que el observatorio de libertades civiles pudo estudiar.

Grijalva apuntó que CCA, la firma que maneja el centro Eloy donde murió Deniz, “vio un incremento de 49 millones en sus ganancias en el segundo trimestre de 2015, en comparación con el mismo período de 2014. Tan sólo una de sus instalaciones, en Dilley, Texas, generó 100 millones de USD en la primera mitad de 2015”.

“CCA y otras empresas similares maximizan las ganancias minimizando el cuidado de la gente que atrapan”, sostuvo el legislador. “Cuando se trata de comida, ropas, asistencia médica y dental, educación, esparcimiento, cada dólar que gastan es un dólar menos de sus ganancias. ¿Es para sorprenderse, entonces, que ocurran tantas muertes por negligencia médica en esos centros por lucro?”.

Desde 2003, 155 personas han fallecido dentro de los centros de detención para inmigrantes, según un artículo de marzo de la revista VICE.

Una pieza de Seth Freed Wessler para la revista The Nation reunió 25 casos de fallecimientos de reclusos en centros para inmigrantes como resultado de una asistencia médica inadecuada.

Los inmigrantes detenidos tienen, básicamente, dos opciones con sus muchos matices derivados de la situación individual y los criterios de las autoridades.
La más sencilla y expedita es la deportación inmediata (y voluntaria).

La segunda es la solicitud de asilo y de una audiencia de deportación. Si la solicitud se aprueba, la persona puede quedar en libertad bajo fianza (de 1.000 a 10.000 USD) o engrillada con un localizador electrónico en el tobillo, a la espera de la audiencia de deportación.

Las decisiones requieren un asesoramiento legal que pocos inmigrantes tienen.
“Simplemente, no hay una forma humana de mantener detenidas a las familias”, dijo Víctor Nieblas Pradis, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, según sus siglas en inglés). “Las familias que piden asilo deberían recibir el proceso debido y no la deportación expedita”.

AILA, junto con la Red Católica de Inmigración, el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes, en una alianza denominada CARA, han movilizado a centenares de abogados que brindan, de forma gratuita y en la medida que pueden, el asesoramiento legal a los detenidos.

Nick Rock, abogado de Omaha (Nebraska), visitó recientemente el centro de detención de Dilley (Texas). Este centro contaba con una población de entre 1.400 a 1.500 inmigrantes indocumentados.

“Pude reunirme con tres grupos, de unas 120 personas cada uno, en la mañana, y otros tres grupos similares en la tarde”, relató a Equal Times. “En total más de 700 personas, y uno trata de explicar las opciones. Aparte pude hablar individualmente con unas 40 o 50 personas”.

 

El centro de detención en Dille “te parte el corazón”.

Aunque la retórica electoral de este año y la creencia más común entre la ciudadanía es que a Estados Unidos lo están invadiendo los mexicanos, la realidad es que el número de cruces ilegales de la frontera sur ha mermado en años recientes y, en particular, ha disminuido el flujo de mexicanos. En cambio, es cada vez más clara la presencia de quienes huyen de la violencia y el crimen en América Central y América del Sur.

“La mayoría de los que yo vi en Dilley son de Ecuador, de Honduras, de El Salvador”, continuó Rock. “En Dilley son todas mujeres, muchas de ellas con niños con edades que van desde bebés de teta a adolescentes. Hay una especie de guardería infantil, pero es muy pequeña, con capacidad para unos siete niños”.

“No están preparados para manejar las situaciones de estas familias”, señaló Rock. “Muchas de estas mujeres han sido violadas. No hay allí asistencia ginecológica, pueden tener enfermedades venéreas y no lo saben. Cuando están con tos, la única receta es que tomen más agua. Y las personas que son dejadas en libertad, bajo fianza o con los grilletes electrónicos, van a dar a una cultura que no entienden”.

A Rock le sorprendió “cuán genuinas, cuán honestas son estas mujeres”. Si tuviesen la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración, con el debido apoyo legal, estas mujeres podrían acogerse al asilo en Estados Unidos, en reconocimiento al peligro para sus vidas que las empujó a huir, cargadas de hijos a cruzar países.

“Hablan poco. Y empiezan diciéndote que sí, que están dispuestas a volver a sus países. Pero si hablas con poco más con ellas se quiebran, empiezan a contarte de los abusos, las amenazas, las pandillas que controlan los barrios, y las amenazas reales que les esperan en sus países”, agregó Rock.

“Cuando se dan cuenta de que van a enviarlas de retorno, se desesperan. No quieren volver al peligro. Tiemblan y están asustadas porque las fuercen a volver”.