Udaya Rai, un hombre modesto con una sonrisa tímida, no tiene a primera vista el aspecto convencional de un agente de cambio social. Pero cuando se menciona la grave situación de los trabajadores migrantes de Corea del Sur, sus ojos desbordan pasión y sus palabras transmiten una feroz determinación.
“Corea del Sur debe aceptar a los trabajadores extranjeros como asociados en pie de igualdad o, de lo contrario, que no los traiga al país. Que no nos traigan aquí y entonces no diremos ni una sola palabra. Y si nos dicen que nos marchemos, nos marcharemos. Pero ¿por qué nos acusan de robarles los empleos después de decir que nos necesitan y traernos aquí?”
Rai, ciudadano nepalí de 45 años, es Presidente del sindicato de migrantes Migrants’ Trade Union (MTU) de Seúl-Gyeonggy-Incheon, la organización más visible en Corea del Sur dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes.
El MTU, bajo el liderazgo de Rai, consiguió una importante victoria en junio cuando el Tribunal Supremo de Corea rechazó el argumento del Ministerio de Trabajo, que durante diez años se había negado a reconocer el MTU como sindicato legal.
Anteriormente agricultor en el distrito de Khotang, al este de Nepal, la trayectoria de Rai hasta la cúpula del MTU no fue sencilla. A su llegada a Corea del Sur no tenía ninguna competencia profesional pero estaba motivado, al igual que muchos migrantes, por la posibilidad de lograr escapar de la pobreza de su país y ganar dinero. “Yo no tenía ningún trabajo en especial, sólo ayudaba con las tareas de la casa”, declara a Equal Times.
Sin embargo en 2003 consiguió irse a Corea del Sur con arreglo al Sistema de Pasantía Industrial (Industrial Trainee System, ITS) establecido por el Gobierno surcoreano para cubrir vacantes en las denominadas industrias “3D” - dirty, difficult or dangerous (sucias, difíciles o peligrosas)— como son la manufactura, la construcción, la agricultura y la hostelería. Más tarde se dio cuenta de que ser un trabajador migrante en Corea del Sur no era nada fácil.
“En Corea del Sur se trabajan muchas más horas que en Nepal, pero además hay que hacerlo todo mucho más rápido y el trabajo en sí es mucho más difícil”, explica. Rai fue contratado para trabajar 11 horas, seis días a la semana, en una fábrica cerca de Seúl, pero a menudo le obligaban a hacer horas extras no remuneradas además de tener que soportar abusos diversos.
Criticado incluso por algunos medios de comunicación nacionales como una forma de “esclavitud moderna”, el ITS, que estuvo en vigor de noviembre de 1993 hasta finales de 2006, admitía personas no cualificados del sur, el sureste y el centro de Asia, así como de China, para trabajar en pequeñas y medianas empresas nacionales de las que rehuyen los trabajadores surcoreanos, intensivas en mano de obra y donde se pagan unos salarios muy bajos.
Sin embargo, al clasificar a los trabajadores extranjeros como “aprendices”, el sistema se abrió a la posibilidad de infinidad de injusticias, entre ellas unos sueldos por debajo del salario mínimo, la imposibilidad de reivindicar la extensión de las protecciones a los trabajadores/as del hogar o de cambiar de empleo, y, en los peores casos, la confiscación del pasaporte y cuentas bancarias por parte de las empresas.
El ITS admitió en un primer momento a 20.000 trabajadores, pero para noviembre de 2002 la cifra había aumentado a 145.500. Y los informes de los abusos se multiplicaron a la par, incitando a muchas organizaciones defensoras de los derechos, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de Corea, a reclamar la abolición del ITS en 2002, mencionando el “uso de trabajadores migrantes como mano de obra barata” y “graves violaciones de los derechos humanos”.
Rai se quedó allí tres años, conforme a lo que le permitía su visado, y después regresó a Nepal. Pero en 2007 conoció a su futura esposa, una ciudadana surcoreana, y volvió a Seúl con un visado de reagrupación familiar, denominado F-6. En Corea del Sur por segunda vez, Rai fue relacionándose poco a poco con el MTU e implicándose en la labor de defensa de sus compañeros de trabajo migrantes.
“Las condiciones laborales eran evidentemente pésimas y seguía habiendo mucha discriminación, así que pensé: ‘Esto no está bien, habría que cambiarlo’. Y me afilié al MTU a través de un amigo que estaba interesado en la sindicalización”. A finales de 2009 empezó a participar en las actividades del MTU y ascendió rápidamente en la jerarquía de la organización hasta encabezar la sectorial de Seúl en 2012.
Sindicato “ilegal”
Fundado el 3 de mayo de 2005 con apenas 91 miembros, el MTU no ha tenido una existencia sencilla. Cuando el sindicato trató de registrarse con una entidad gubernamental poco después de su creación, el Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud alegando que algunos de sus miembros estaban en situación irregular en el país, y concluyó y decretó que el propio sindicato era ilegal.
Esta negativa dio lugar a una batalla judicial de 10 años que concluyó el pasado 25 de junio con una resolución del Tribunal Supremo. “Aunque un trabajador extranjero no tenga permiso de trabajo, no se puede afirmar que él o ella no entre dentro de la definición de trabajador con arreglo a la Ley de Sindicatos”, declaró la opinión mayoritaria. “Así pues, un trabajador extranjero sin permiso para buscar trabajo puede no obstante crear o afiliarse a un sindicato”.
Durante esos 10 años el Gobierno surcoreano expulsó a seis dirigentes del MTU. El último en ser deportado del país fue Michel Catuira, de Filipinas, a quien el Servicio de Inmigración de Corea le ordenó en primera instancia abandonar el país alegando que su activismo como presidente del MTU daba fe de una “falsa relación de empleo” entre él y su lugar de trabajo registrado.
Aunque el sistema judicial suspendió aquella orden en trámite de apelación, el Gobierno no dejó que Catuira volviera a entrar en Corea del Sur, independientemente de que hubiera hecho un breve viaje a su país en marzo de 2012, diciendo que se le consideraba “sospechoso de socavar los intereses nacionales de Corea del Sur”.
Rai fue ascendiendo hasta ocupar el lugar de Catuira. Tras la expulsión de Catuira, Rai fue nombrado jefe interino de un comité de respuesta de emergencia del MTU, y en octubre de 2014 se convirtió oficialmente en el presidente del sindicato, cargo que sigue ocupando hoy en día a pesar de estar trabajando como director de la unidad de trabajadores migrantes en el seno de la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU).
A diferencia de sus predecesores en el MTU, Rai tiene la libertad de trabajar por la causa en la que cree gracias a que está casado con una coreana y a que tiene un visado F-6 – algo que él no duda en reconocer. “Eso es lo único que me protege. De lo contrario ya no estaría aquí”, explica a Equal Times. “El Gobierno está siempre vigilando, y uno puede convertirse en cualquier momento en blanco del mismo”.
A pesar del decreto del Tribunal Supremo, el Ministerio de Trabajo se negó durante dos meses a registrar al MTU alegando que el reglamento del sindicato reflejaba objetivos políticos, en concreto la oposición a la expulsión de trabajadores migrantes indocumentados y al actual sistema público de gestión de mano de obra migrante. El MTU terminó revisando su reglamento con idea de eliminar el contenido que el Ministerio consideraba inaceptable, pero el 20 de agosto obtuvo finalmente su registro como sindicato legal.
En cierta medida, esa victoria llena a Rai de satisfacción, pero dice que todavía le queda mucho por hacer.
El Departamento de Estadística de Corea señala que, en 2014, unos 852.000 extranjeros estuvieron trabajando en este país de 50 millones de habitantes, sin incluir la mano de obra migrante indocumentada que se calcula sobrepasa los 200.000. No obstante, en estos momentos el MTU cuenta sólo con unos 1.100 miembros.
Mientras tanto persisten las publicaciones de informes sobre los abusos verbales y físicos a los que se ven sometidos los trabajadores migrantes por parte de los empleadores surcoreanos, y persiste igualmente la mayor brecha salarial entre trabajadores extranjeros y nativos de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Al preguntarle qué más hace falta hacer, Rai no duda en enumerar sus objetivos: mejorar el actual Sistema de Permisos de Trabajo (Employment Permit System, EPS), introducido en 2004 con el propósito de reemplazar el obsoleto ITS, de manera que los trabajadores migrantes puedan disfrutar de la libertad de elegir su lugar de trabajo; y permitir que los trabajadores migrantes puedan vivir en Corea del Sur durante cinco años y acceder así a la posibilidad de adquirir la residencia permanente – actualmente el EPS limita la estancia de un trabajador migrante en el país a cuatro años y diez meses justamente para descartar esta posibilidad.
En cuanto a sus propias perspectivas de futuro en Corea del Sur después de llevar ya más de una década viviendo en el país, Rai se muestra afligido. “Ahora ya no sufro ninguna represalia a raíz de mi activismo. Pero si continúo con esta labor, es probable que no me den la residencia permanente; para ello exigen tener una conducta correcta, así que no me extrañaría que me la denegaran”.
En realidad no es sólo el Gobierno surcoreano el que se opone a los derechos de los trabajadores migrantes: el tema de la inmigración y de la diversidad étnica suscita una reacción hostil por parte de un amplio sector de la población surcoreana, incluyendo muchos ciudadanos que se consideran progresistas.
Tras décadas de identificarse como una nación étnicamente homogénea, a la mayoría de los surcoreanos les cuesta mucho aceptar a los trabajadores migrantes en condición de igualdad y dignos de un lugar en la sociedad de este país.
No obstante, a la vista del cambio demográfico que está produciéndose en el país, Corea del Sur no va a tener más remedio que acordar a los trabajadores migrantes mayor respeto y libertad, como lo reclama Rai. La tasa de natalidad es demasiado baja, se sitúa por debajo del índice de renovación demográfica, y hay pocos nativos dispuestos a desempeñar trabajos manuales, de modo que quizás Rai y el MTU sean los que terminen por llevar en última instancia la voz cantante.
“No es momento de que Corea del Sur adopte una actitud soberbia. Es preciso que vengan mujeres extranjeras y que tengan hijos, y las fábricas no funcionan sin trabajadores extranjeros. ¿De qué sirve al final el orgullo nacional?”.
