La renovación y represión de las bases de la sociedad civil en Turquía

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Momentos después de que estallaran las dos explosiones que masacraron a la multitud, empezaron a propagarse las llamadas de emergencia en Twitter y Facebook: “¡Se necesita sangre O-, O+ y A- en los hospitales de Numune, Hacettepe e İbni Sina!”.

A continuación, las fotografías de los periódicos que empapelaban las paredes con las listas de nombres de personas heridas, compartidas en línea para transmitir el mensaje a familiares y amigos.

Cuando cayó la noche, el día del atentado más sangriento de la historia de Turquía —en el que dos suicidas detonaron dos bombas en medio de una manifestación pacíficaconvocada por sindicatos en Ankara, la capital del país—, continuaron las llamadas de auxilio.

Numerosas personas tuiteaban las direcciones de los hospitales y las morgues e instaban a que se distribuyera comida entre los familiares que esperaban fuera, ateridos por el frío otoñal. Los voluntarios y voluntarias recorrieron esos mismos lugares distribuyendo mantas y ofreciendo su propia casa a los desamparados familiares.

Aunque estas no eran las noticias que dominaban las portadas tras el atentado del 10 de octubre de 2015 en el que murieron 103 personas y resultaron heridas más de 400, a menos de un mes de la celebración de unas controvertidas elecciones anticipadas.

Las imágenes de la policía lanzando gases lacrimógenos en el lugar de la manifestación, donde aún yacían cuerpos ensangrentados; de políticos y periodistas de televisión expresando dudas sobre la “inocencia” de las víctimas, en su mayoría de izquierdas y kurdas, o de los fans de fútbol abucheando durante el minuto de silencio, ahondaron la brecha que divide un país ya profundamente polarizado y el intercambio de acusaciones sobre la responsabilidad de las muertes.

Las labores de asistencia organizadas por la ciudadanía, que aún hoy continúan, son reveladoras de la situación en Turquía, donde el activismo social se reprime y se revitaliza.

“El gobierno no se involucró [para ayudar a las víctimas y sus familias] de ninguna manera. Los sindicatos organizaron su alojamiento, transporte y cubrieron algunos de sus gastos médicos; varias instituciones benéficas se encargaron de la ayuda económica”, explican Özgür Fırat Yumuşak y Feray Artar en las respuestas enviadas por e-mail a las preguntas de nuestra entrevista. Ambos pertenecen a la iniciativa ciudadana Solidaridad 10 de Octubre (10 Ekim Dayanışması), surgida a raíz del atentado.

Coordinando sus esfuerzos con la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (KESK), entre otros sindicatos, la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) montó un “mostrador de crisis” frente a uno de los hospitales de Ankara y desde allí gestionó la flamante red de voluntarios y voluntarias y la distribución de las donaciones de alimentos, ropa, medicinas y otros artículos con los que respondieron a las necesidades inmediatas de las familias de las víctimas, llegadas de toda Turquía para participar en la manifestación pacífica convocada en la capital.

Numerosos especialistas en salud mental se entregaron también a la causa y atendieron voluntariamente a los familiares traumatizados.

“Nuestros miembros están ofreciendo visitas a domicilio a las personas afectadas, terapias de grupo y asesoramiento individual a supervivientes, familiares, amigos de las víctimas, transeúntes y a testigos indirectos, como los equipos de primeros auxilios y los reporteros”, explica Serap Altekin, Vicepresidenta de la División de Estambul de la Asociación Turca de Psicólogos.

Este grupo de voluntarios ya había ofrecido servicios similares después de catástrofes naturales como inundaciones y terremotos, así como tras la explosión de una mina de carbón en la que murieron cientos de personas, explica Altekin. Añade que la asociación tiene como objetivo “contribuir a la recuperación ofreciendo servicios de apoyo psicológico inmediatos y a largo plazo, durante seis meses a un año como mínimo”, después de los atentados con bomba de Ankara.

Las autoridades siguen si publicar la información oficial sobre el alcance de los daños provocados por el atentado — incluido el número de personas que continúa en tratamiento médico, que padecen una discapacidad permanente o sufren traumas psicológicos— a pesar de que el grupo ‘Solidaridad 10 de Octubre’ la ha solicitado enrepetidas ocasiones al Ministerio de Sanidad, entre otras agencias gubernamentales.

A petición del mencionado grupo, un diputado del partido de la oposición planteó Esta cuestión ante el Parlamento, en diciembre.

Ese mismo mes, el fiscal general incoó una investigación en Kırklareli, al oeste de Turquía, contra 56 personas que se reunieron la noche de la masacre para esperar noticias desde Ankara; les podrían acusar de reunión ilegal.

Entre ellas se encontraba İsmail Karakaya, Secretario de la división local del sindicato de trabajadores docentes Eğitim-Sen, quien dijo al periódico de la oposición Cumhuriyet, que se trata de un caso de “intimidación psicológica”.

Al parecer, se han practicado diligencias de investigación similares en Estambul, contra personas que después del atentado participaron en una manifestación prohibida y en un boicot a las clases en la Universidad, como respuesta a un paro convocado por los sindicatos.

 

El nuevo activismo popular

En este clima de represión, los esfuerzos voluntarios que han proliferado después de los atentados de Ankara forman parte una nueva ola de iniciativas populares que están floreciendo en Turquía, explica Duygu Güner, especialista del Foro Impacto Social de la Universidad Koç, en Estambul, que está llevando a cabo una investigación de posgrado sobre la sociedad civil y el voluntariado.

“Las protestas de Gezi[de 2013] transformaron el concepto de iniciativa civil en Turquía, pues los individuos descubrieron su necesidad de expresarse en espacios públicos contra la creciente presión gubernamental”, explica.

“Entre la gente creció el escepticismo hacia el sistema judicial y la insatisfacción con la actuación de los partidos de la oposición y tomaron la iniciativa de formar por sí mismas distintos movimientos sociales”.

Entre estos destacan los “foros del parque”, surgidos a raíz de la represión que aplastó las protestas multitudinarias del verano de 2013, primero como asambleas públicas y más tarde como plataformas para organizar la defensa de distintas causas sociopolíticas.

De manera similar, la falta de respuesta ante las acusaciones de fraude en las elecciones locales celebradas en Turquía en marzo de 2014, propiciaron la formación de Öy ve Ötesi (“ Voto y más allá”), que movilizó este otoño a 60.000 voluntarios y voluntarias que supervisaron los colegios electorales durante las elecciones parlamentarias del 1 de noviembre de 2015.

La votación dio al partido conservador Justicia y Desarrollo (AKP) la llave para volver a gobernar, tras un breve lapso en sus 13 años en el poder, durante los cuales sus críticos le acusan de haber suprimido la oposición y limitado los derechos y libertades de la ciudadanía.

Desde las elecciones, se ha intensificado el conflicto entre el Estado turco y los grupos insurgentes kurdos en el sureste de Turquía, donde la población mayoritariamente kurda que vive en esta zona es víctima del fuego cruzado. Esto ha intensificado la violencia y el sufrimiento que las personas que se manifestaron por la paz en Ankara esperaban frenar.

KESK, DISK y otros sindicatos turcos respondieron convocando una jornada de huelga el 29 de diciembre, en protesta contra las incursiones militares ordenadas por el gobierno en el sureste del país.

La huelga volvió a traer los ecos de los atentados de Ankara a los sindicatos, donde vieron “ensangrentado” “el deseo de paz expresado por el pueblo”; pero los sindicatos instan a sus simpatizantes a mantenerse firmes: “Resistiremos frente a quienes intentan destruir la esperanza de que convivan ambos pueblos —turcos y kurdos— y continuaremos relacionándonos mutuamente para construir nuestro futuro en común”, afirmaron los representantes sindicales en una declaración conjunta realizada el martes ante la prensa.

“Las iniciativas sociales viven un momento peliagudo [en Turquía], ya que el gobierno controla los medios y puede presentarlas como terroristas o como [elementos] marginales”, explica Güner. Pero aunque la represión de sindicatos o partidos políticos de la oposición está limitando ciertas formas de activismo, ayuda a impulsar otras, como los esfuerzos de solidaridad de los que hemos sido testigo después de las explosiones de Ankara.

“Creo que la gente se inclina más que antes a participar en iniciativas populares de voluntariado”, añade Güner. “La gente de a pie prefiere cada vez más involucrarse en organizaciones sociales que no participan habitualmente en política pero que tampoco están satisfechas con el gobierno”.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.