Todavía persiste la incertidumbre sobre los trabajos, las casas y el futuro de las comunidades en la región de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, después del trágico colapso el año pasado de una presa de residuos en la mina de mineral de hierro Samarco Mineração SA.

La empresa, una sociedad mixta de las multinacionales mineras BHP-Billiton y Vale, está en problemas y anunció planes para recortar su plantilla en un 40%. A pesar del reciente paquete de rescate financiero, todavía hay dudas sobre si la empresa seguirá operando, sobre el alojamiento de los trabajadores y sobre el futuro de esta región que tanto depende de los ingresos de la minería.

El 5 de noviembre de 2015, la presa de residuos de Fundão y el embalse de Santarém en las instalaciones de Samarco sufrieron una falla catastrófica. El consiguiente alud de lodo rico en hierro provocó 19 víctimas mortales, destruyó varias localidades y dejó a 700 personas sin hogar, lo cual indignó a Brasil y a todo el mundo.

Alrededor de 2,8 millones de metros cúbicos de residuos lodosos que contenían metales pesados como arsénico, plomo y mercurio contaminaron miles de kilómetros de ríos en los estados de Minas Gerais y Espirito Santo. A continuación, las corrientes marrones de lodo tóxico fluyeron río abajo hasta llegar al oceáno Atlántico, obligando a las autoridades a cerrar las playas a lo largo de toda la costa.

A principios de este año, según el Wall Street Journal, unos documentos internos filtrados revelaron que ya habían advertido a Samarco sobre la posibilidad de que se rompieran las presas después de haber descubierto graves problemas estructurales, incluidas varias grietas.

Samarco y sus dueños, la multinacional angloaustraliana BHP y el gigante brasileño Vale, se enfrentan ahora a numerosas batallas jurídicas por las indemnizaciones y la descontaminación de la zona.

Según la agencia de noticias Reuters, el mes pasado, la fiscalía federal brasileña abrió una investigación sobre los presuntos delitos medioambientales de Roberto Carvalho, director general de Samarco. La fiscalía denunció que Samarco no había aplicado totalmente las medidas cautelares de emergencia decretadas por la agencia de protección medioambiental brasileña Ibama.

Asimismo, los medios de comunicación brasileños informaron de que la policía en el estado de Minas Gerais ha recomendado que se imputen cargos de homicidio agravado contra seis directivos y una subcontrata de Samarco.

 
Una demanda judicial de miles de millones de dólares

A principios de este año, BHP y Vale acordaron con el gobierno brasileño un programa de indemnizaciones económicas y medioambientales, pero más tarde un tribunal supendió dicho acuerdo, reabriendo así la posibilidad de presentar una demanda pública de 6,2 mil millones USD por daños y perjuicios. Además, en mayo la fiscalía brasileña presentó una demanda civil de 44 mil millones USD para indemnizaciones sociales, medioambientales y económicas.

Además de no haber ofrecido ayuda financiera a Samarco, BHP y Vale anunciaron recientemente un paquete de rescate para sus actividades mineras que están en dificultades, pues llevan suspendidas desde que se desencadenó la catástrofe. Este anuncio se publicó después de las declaraciones de BHP en las que sugería que las actividades no se reiniciarían este año y que la reducción de la plantilla sería inminente.

Según la declaración: “Samarco contribuye de una manera considerable a la economía nacional y a la subsistencia de miles de personas. Sin embargo, las actividades de Samarco solo se reiniciarán cuando sea seguro hacerlo y cuando todas las autorizaciones normativas le sean concedidas y sean aceptadas por las autoridades y comunidades pertinentes”.

Sin embargo, los activistas alegan que como Minas Gerais históricamente ha dependido de los ingresos de las minas de Samarco, anteriormente tan rentables, las multinacionales deberían hacer mucho más por la región.

Brian Kohler, director de salud, seguridad y sostenibilidad de la central sindical mundial IndustriALL, afirmó que BHP y Vale han fallado a los trabajadores mineros y a sus comunidades.

“Esta catástrofe ilustra a la perfección el reiterado incumplimiento por parte de las empresas mineras de su obligación de cuidar a las comunidades”, aseguró Kohler. “La responsabilidad de las empresas mineras durante su breve ocupación consiste en cuidar a sus trabajadores, al medio ambiente y a la gente que depende de ellas”.

“Ha muerto gente, han destruido bienes y los ecosistemas han sufrido daños incalculables. Además, por si fuera poco, los empleados han perdido sus puestos de trabajo. Las empresas mineras pueden hacerlo mucho mejor. Es más, deben hacerlo mucho mejor”.

Fabiana Alves, activista sobre clima y energía de Greenpeace Brasil, cuestionó el modo en que se estaban decidiendo las indemnizaciones por daños y perjuicios, ya que más de 260 familias desplazadas siguen viviendo en casas alquiladas por Samarco.

Los medios de comunicación locales ya han revelado que más de la mitad de los políticos que trabajaban en las comisiones parlamentarias encargadas de investigar el papel que desempeñaron BHP y Vale en el desastre recibieron más de 800 millones USD en donaciones políticas de empresas vinculadas a Vale.

“En el acuerdo con los gobiernos federal y estatal de Minas Gerais no participaron las personas afectadas ni los alcaldes de las ciudades afectadas”, aseguró Alves.

“El Tribunal Federal de Justicia suspendió dicho acuerdo, pero todavía no hay ninguna resolución en firme sobre su cancelación total. Ahora los movimientos y las organizaciones no gubernamentales están intentando luchar contra este acuerdo y solicitan que la sociedad civil se involucre en la elaboración de uno nuevo”.