Los trabajadores de mar griegos se vieron forzados a trabajar ayer por la mañana tras una huelga de seis días, ya que el Gobierno griego invocó la rara vez utilizados poderes de excepción para poner fin a su protesta.

Los trabajadores de mar del país exigen el pago retroactivo de los meses de salarios pendientes, un convenio colectivo y que se regularicen a los trabajadores indocumentados y no protegidos.

Asimismo, se oponen a los recortes presupuestarios del Gobierno, así como a un nuevo proyecto de ley que debilitará a su organización sindical, la Federación Panhelénica de Gente de Mar (PNO).

[caption id="attachment_6252" align="alignnone" width="530"]Los ferries permanecieron atracados durante los cinco días de huelga de los trabajadores portuarios griegos en el puerto de El Pireo, cerca de Atenas (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

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El proyecto de ley, que pretende introducir un nuevo contrato de trabajo entre los armadores y la tripulación, preocupa a PNO porque entrañará un aumento del desempleo entre los trabajadores de mar.

"La ley acaba con la profesión de la gente de mar y todas las normas que la sustentan", afirmó la federación PNO.

La huelga, que comenzó el jueves pasado, ha empezado a causar escasez en los estantes de los supermercados, en las islas de Grecia y está obstaculizando las exportaciones agrícolas a los Balcanes y otros lugares, según un comunicado de la Asociación del mercado central de frutas y hortalizas de Atenas.

Además, a principios de esta semana, la Cámara de Comercio del Complejo de las Islas Cícladas advirtió que la huelga estaba impidiendo el tratamiento de casos médicos graves e incluso bloqueando el transporte de cadáveres para ser sepultados.

"No vamos a ceder a la politiquería cuando la escasez abunda y la salud pública está en riesgo", señaló el Ministro de la Marina Mercante Costas Mousouroulis.

"Mi puerta siempre está abierta para la gente de mar a fin de que ambas partes puedan entablar un diálogo constructivo a partir incluso de hoy mismo’’, añadió.

Inmediatamente después de que la coalición gubernamental tripartita griega aplicara la orden de movilización civil (la segunda de este tipo en dos semanas), ayer por la mañana a las 6.00 horas, miles de manifestantes pertenecientes al Sindicato del Partido Comunista de Grecia (KKE), PAME, se reunieron en el puerto de Pireo.

Los manifestantes marcharon hacia el Ministerio de la Marina y Asuntos Marítimos, para apoyar a los trabajadores de mar en huelga y oponerse a la orden, mientras que la federación PNO anunció que la huelga continuaría a pesar de las órdenes gubernamentales.

Al mismo tiempo, los dos principales sindicatos de Grecia, GSSE y ADEDY, también se declararon en huelga ayer en Atenas para manifestar su solidaridad con los trabajadores de mar.

La huelga afectó a todos los servicios públicos, e incluyó un paro de cuatro horas por parte de los trabajadores del transporte público.

Las órdenes de movilización civil se consideran una medida de último recurso en Grecia y se han decretado solamente 10 veces desde la caída de la dictadura militar del país en 1974.

Cuatro de ellas se han decretado desde el inicio en Grecia de la crisis de la deuda, en 2009.

"La democracia está en peligro", señaló Panayiotis Lafazanis, miembro del partido de izquierda Syriza, que ha criticado abiertamente al anterior gobierno socialista PASOK por firmar un acuerdo de rescate con la troika FMI/BCE/UE.

"La gente está sufriendo, se está desangrando y las demandas de austeridad por parte del Gobierno no convencen", afirmó Lafazanis.

"El Gobierno no está siguiendo las reglas de la democracia. Se está valiendo de una forma perversa de dictadura democrática", añadió.

La federación sindical PNO también acusó al Gobierno de ejercer una "violencia y terrorismo sin precedentes" en un comunicado difundido ayer por la tarde, mientras que sus sindicatos miembros decidieron participar en una huelga general, organizada por GSEE y ADEDY, para el 20 de febrero.

La última vez que la coalición de los tres partidos utilizó esta orden fue en enero, para poner fin a una huelga de ocho días de los trabajadores del metro, ya que todo aquel que no la acata corre el riesgo de detención y encarcelamiento hasta por cinco años.

"El Gobierno debe saber que el debilitamiento sistemático de los sindicatos y las leyes laborales viola la Constitución del país y los acuerdos internacionales y europeos que protegen los derechos de los trabajadores", afirmó el sindicato de funcionarios públicos ADEDY en un comunicado.

Calificó la medida como una "práctica antidemocrática para criminalizar la acción laboral y la huelga".

Esta semana ha sido particularmente difícil para Grecia, ya que los agricultores del país sacaron sus tractores a las calles desde el 25 de enero para protestar contra la nueva normativa fiscal y los recortes presupuestarios.

En su última ola de protestas, los agricultores griegos expresaron una vez más su indignación por la reducción tanto de las devoluciones de impuestos como de los subsidios a los combustibles, así como por la cantidad cada vez mayor que deben pagar por concepto de cargas sociales.

Asimismo, los agricultores amenazan con mantener las carreteras bloqueadas por tiempo indefinido, ya que los últimos paquetes de medidas de austeridad de Grecia implican precisamente menos devoluciones de impuestos y subsidios a los combustibles para los agricultores, y aumenta sus cargas sociales.

"No tenemos más remedio que seguir adelante, estamos al borde de la desesperación", afirmó un agricultor a televisión estatal NET.

El Gobierno griego está en conversaciones con los manifestantes, pero se niega a ceder a toda demanda que pudiera socavar sus esfuerzos por disminuir el déficit, una de las condiciones impuestas por los fondos de rescate y el alivio de la deuda de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Como resultado, el malestar social se encuentra de nuevo en su punto más álgido, ya que la gran cantidad de medidas contractivas y deflacionarias, así como la incertidumbre política, han provocado un aumento sin precedentes del desempleo que, según cálculos, se aproxima al 27 por ciento.