Lo que es bueno para la justicia social también es bueno para la economía

Entrevistas

Roberto Bissio es el Coordinador de Social Watch, una red internacional de organizaciones ciudadanas que informan sobre cómo los Gobiernos y las organizaciones internacionales implementan sus compromisos relativos a la erradicación de la pobreza y a la igualdad de género. Aquí habla con Equal Times sobre este momento crucial en el mundo del desarrollo.

 

¿Puede explicarnos el proceso “post 2015”, que está siendo debatido actualmente en Naciones Unidas?

Se está discutiendo de momento sobre desarrollo sostenible en las Naciones Unidas, tras dos importantes eventos. El primero fue la Conferencia de Río+20 en 2012, donde los gobiernos decidieron desarrollar una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible. La otra discusión trata sobre el futuro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM) luego de que expiren en 2015.

Estos dos procesos se han unificado ahora en una discusión encaminada a establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel de la Asamblea General de la ONU.

 

¿Cuáles son los desafíos de esta unificación?

Ninguno de estos procesos es vinculante. Las metas van a ser objetivos políticos pero no serán legalmente vinculantes como lo son los derechos humanos y laborales.

Aquí está el punto polémico. Muchas metas son derechos humanos.

Por ejemplo, se dice que tenemos que llegar a una meta de 100% de educación o de que todo el mundo tenga agua potable y saneamiento. Pero estos son derechos humanos.

Por eso muchas organizaciones de la sociedad civil se preguntan cómo estas metas se van a traducir en la práctica para reafirmar los derechos humanos.

Los nuevos objetivos no pueden ser menos de lo que ya dicen los convenios internacionales sobre derechos humanos.

 

¿Hay otro tema polémico en las discusiones sobre los ODS?

Los ODS eran para que los países muy pobres lograran un mínimo de salud, educación y progreso social para su población. Un mínimo que otros países han logrado hace mucho tiempo.

Antes, los países ricos tenían, a través del Objetivo ocho, una responsabilidad de colaborar con los países más pobres. Pero ninguna de las metas de este objetivo (condiciones de comercio justas, solución a los problemas de deuda, transferencia de tecnología) se llevó realmente a la práctica.

Ahora, se habla de desarrollo sostenible. Los países ricos se tienen que comprometer con respecto a sus patrones de consumo y de producción, que no son sostenibles, que están provocando el cambio climático, que están agotando los recursos naturales, por ejemplo.

No puede ser que el 20% de la población del mundo consuma el 80% de los recursos naturales.

Pero cuando se trata de concretar cuáles son los objetivos para los países ricos en estas áreas, la discusión se frena enseguida. En el ámbito de las Naciones Unidas no hay voluntad política de hacer realmente compromisos, aunque no sean vinculantes, sobre estos temas.

El sector privado también ha sido un punto de polémica y discusión en las negociaciones post-2015.

 

¿Cuál es su visión sobre cómo alcanzar el desarrollo sostenible?

No podemos alcanzar el desarrollo sostenible con el grado de desigualdades actualmente existente en el mundo.

Es una gran paradoja. El mundo, en este momento, tiene un promedio de ingresos superior a los 10.000 USD anuales per cápita. Sin embargo, no puede resolver el problema de 1.500 – 2.000 millones de personas que tienen menos de 1.000 USD anuales. ¿Cómo es posible que eso suceda? Las desigualdades se han vuelo extremas.

 

Y para resolver este problema de desigualdades…

La experiencia demuestra que en aquellos lugares donde ha habido políticas impositivas más justas, donde se ha producido un fortalecimiento de los sindicatos y de las organizaciones sociales, no sólo se logra mayor equidad en la distribución, sino que también se logra mayor crecimiento económico.

Por ejemplo, en Uruguay, como en otros países latinoamericanos, la práctica demuestra que el mensaje que afirma que para atraer inversiones hay que reducir el peso de los sindicatos, hacer más fácil despedir a la gente y tener más flexibilidad laboral, etc., no se ratifica en la práctica.

La práctica es lo contrario de este mensaje. Con mayor sindicalización, con más derechos de los trabajadores, con la sindicalización de los trabajadores del hogar y rurales, el crecimiento de la capacidad de negociación, una negociación colectiva mandataria, y toda una seria de medidas que se han tomado en varios países de Latinoamérica, la inversión ha crecido y el crecimiento económico ha sido mayor.

Eso es fácil de entender. A través de distintos mecanismos, estas medidas terminan poniendo más dinero en los bolsillos de la gente, que la gente luego gasta, generando mayor demanda y un círculo virtuoso de crecimiento de la economía.

En cambio, desde la crisis global de 2008 hasta ahora, cuando este dinero se ha puesto en los bancos y en los bolsos de los millonarios, a quienes se exigen menos impuestos, este dinero se inmoviliza y no regresa a la economía.

Entonces, es hora de que estas políticas se revisen.

Y es hora de que se tenga en cuenta que lo que es bueno para la justicia social también es bueno para la economía.

Este artículo ha sido traducido del inglés.