El Vicepresidente Ejecutivo de la central sindical AFL-CIO, Tefere Gebre, encabezó una delegación de líderes sindicales estadounidenses que se reunió con sus homólogos hondureños.

“Lo que presenciamos fue la intersección de nuestras políticas comerciales, dominadas por las empresas, con un sistema de inmigración quebrantado”, indicó.

El informe de la delegación, Comercio, Violencia y Migración: Las Promesas Incumplidas a los Trabajadores de Honduras, ofrece una evaluación sincera sobre la historia y el impacto de la política extranjera estadounidense en Honduras.

Además de ser uno de los países con mayores desigualdades en América Latina, Honduras es también el que envía el mayor número de menores no acompañados de Centroamérica a los EE.UU.

Larry Cohen, Presidente del sindicato Communications Workers of America y miembro de la delegación, declaró a Equal Times: “Tenemos que examinar nuestras propias políticas de migración, que destinan enormes recursos a la deportación pero nada a la reinserción.

“Necesitamos examinar los arreglos comerciales, en este caso, el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA), que ha acelerado la devastación ocasionada por el libre mercado”.

Tras el golpe de Estado en 2009 que derrocara al Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, los EE.UU. se limitaron a emitir objeciones formales pero rápidamente reanudaron la ayuda militar a la junta que asumió el poder.

“Bajo la administración progresista de Zelaya, el salario mínimo se elevó en un 80%, se brindó asistencia directa a los hondureños más pobres, y la pobreza y la desigualdad disminuyeron”, indica el informe.

Tras el golpe de Estado, sin embargo, “numerosos sindicalistas y activistas comunitarios que participaron en la resistencia al golpe fueron asesinados, golpeados, amenazados y encarcelados”, señala.

Basándose en numerosas entrevistas a sindicalistas, el informe de AFL-CIO detalla las violaciones de los derechos humanos y sindicales que tienen lugar actualmente.

El Gobierno hondureño ha establecido un aparato de seguridad represivo para sofocar la disidencia, mientras que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) ha aprobado leyes que reducen la cantidad de trabajo permanente, las protecciones y la libertad de asociación.

Los sindicatos hondureños “confirmaron continuas violaciones del derecho a la sindicalización, lo que supone un incumplimiento flagrante del CAFTA”, comenta Cohen.

“Las violaciones incluyen desde el asesinato de líderes al colapso de los derechos de negociación colectiva ahí donde existieran”.

Los docentes se enfrentan a nuevas leyes que limitan su derecho a hacer huelga. Los activistas sindicales agrícolas se exponen a un aumento de los ataques violentos y amenazas contra sus vidas en las plantaciones de caña de azúcar.

Los miembros de cinco directivas sindicales sucesivas fueron despedidos en la empresa conjunta formada por Kyungshin Corporation de Corea del Sur y la Lear Corp. de Michigan.

En la Puerto Cortés, AFL-CIO informa que se han deteriorado las condiciones como consecuencia de la privatización del puerto, con el despido de más de 1.000 trabajadores.

El dirigente del Sindicato Gremial de Trabajadores del Muelle, Víctor Crespo, se vio obligado a huir de Honduras después de que su padre fuese asesinado, su madre herida, y él mismo recibiera amenazas de muerte.

Una campaña de apoyo en la que participó el sindicato estadounidense International Longshore and Warehouse Union consiguió salvarle la vida y, finalmente, obtuvo las garantías necesarias para permitirle regresar a Honduras.

Aumento de la pobreza y mayor militarización

El informe de AFL-CIO condena un plan del Gobierno hondureño –en línea con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI)– para reducir la masa salarial en el sector público, reduciendo el empleo y con la privatización de servicios públicos, especialmente en el sector de la electricidad.

Anteriores recortes en el sector público impulsados por el FMI dieron como resultado un aumento de la pobreza y forzaron a muchos hondureños a emigrar para poder sobrevivir.

El informe establece una conexión entre el aumento de la pobreza en Honduras y el CAFTA.

Poniendo de relieve una política de desregulación comercial y el recurso a salarios bajos como incentivo para atraer inversión extranjera, “CAFTA sólo ha exacerbado la desesperación y la inestabilidad en Honduras”, afirma el informe.

También se hace referencia a la creciente militarización de la sociedad hondureña, una tendencia que ha ido de la mano con el incremento de la ayuda militar de EE.UU., que ascendió a 27 millones USD en 2012.

Tanto el Secretario de Estado Adjunto, William Brownfield, como el General John Kelly, del Comando Sur de los Estados Unidos, han alabado a Honduras por sus “avances en seguridad”, en cambio el General Kelly ha demonizado la inmigración de Centroamérica, calificando la circulación de familias y niños como una amenaza a la seguridad nacional y una “convergencia crimen-terrorismo”.

Esa migración, describe el informe de AFL-CIO, ha aumentado considerablemente.

Más de 18.000 menores hondureños no acompañados llegaron a los EE.UU. tan solo en 2014.

“Hoy en día, la migración es vista por muchas familias como un medio para escapar de la violencia, buscar oportunidades de empleo o reunirse con su familia, mientras que el Gobierno considera las remesas de los migrantes como un recurso económico importante” indica el informe.

Josie Camacho, Secretaria Ejecutiva del Alameda Central Labor Council en California, que formó parte de la delegación, comentó a Equal Times: “Como madre, no podía imaginar los motivos que empujan a una madre hondureña a pedir a su hija que camine durante 1.700 millas hasta la frontera, sola, y dejarla en manos de personas sin escrúpulos.

“En realidad aprendí mucho sobre las consecuencias de nuestra política militarista, y ahora veo que la gente no tiene otra opción. Deberíamos acogerlos y protegerlos – forma parte de lo que implica realmente el sindicalismo”.

Tres cuartas partes de esos inmigrantes, que llegaron a los EE.UU. después de la amplia regularización de migrantes en 1986, son indocumentados.

Como resultado de ello todos los hondureños, incluso los menores, han sufrido el impacto de la política de deportaciones masivas de EE.UU – cerca de 400.000 al año durante los últimos seis años.

Tan solo en 2013, EE.UU. deportó a 37.049 hondureños.

El año pasado, el Presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, pidió al Presidente Obama que suspendiese las deportaciones: “Continuar con la crisis de las deportaciones es incompatible con nuestros valores nacionales”, indicó, pidiendo “que se ponga fin a la maquinaria de deportación que criminaliza a inmigrantes dispuestos a trabajar duro y deporta a cientos y cientos de personas cada día sin siquiera comparecer ante un juez”.

El informe, no obstante, difiere de las políticas de reforma de la migración propuestas por la Administración estadounidense y el Partido Democrático en el Congreso, que promulga una amplia expansión de los programas de “trabajadores invitados” temporales, donde los trabajadores son empleados con bajos salarios y disfrutan de muy pocos derechos laborales o civiles.

“Programas de visas temporales no son una alternativa segura a la migración indocumentada”, afirma el informe, señalando el historial de violaciones de los derechos en EE.UU. y de abusos en la contratación, incluyendo extorsión, fraude y la confiscación de documentos.

El informe realiza una serie de recomendaciones a los Gobiernos, tanto de EE.UU. como de Honduras, esencialmente que los EE.UU. conceda el estatus de refugiado a las personas, especialmente niños, que huyen de la violencia y la persecución; y que ponga fin a la detención masiva de migrantes.

En última instancia, concluye AFL-CIO, el Gobierno de EE.UU. debe dejar de lado las políticas que “criminalizan a los niños migrantes y sus familias, al tiempo que promueven acuerdos comerciales que simultáneamente desplazan a los agricultores de subsistencia y trasladan salarios y condiciones de trabajo inferiores hacia otros sectores, eliminando buenos empleos e intensificando las condiciones económicas que impulsan la migración”.