El día de acción en apoyo al derecho de huelga fue anunciado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) tras la disputa surgida con el Grupo de los Empleadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que negaba la existencia misma de este derecho.

Desde 2012, los empleadores han venido insistiendo en que el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical en realidad no garantiza que los trabajadores tengan derecho a hacer huelga.

Jeffrey Vogt, director del Departamento Jurídico de la CSI, indicó a Equal Times que el Grupo de los Empleadores pretendía “negar décadas de jurisprudencia al respecto e incluso su propio apoyo en el pasado”.

Añadió que “han cuestionado el que la OIT tenga competencia para interpretar sus propios convenios” en un intento aparente de socavar la autoridad internacional de la OIT y su capacidad para extender los derechos fundamentales, incluido el derecho de huelga, a los trabajadores en numerosos países.

“Pese a su insistencia, los empleadores se negaron a poner a prueba la veracidad de sus afirmaciones sometiendo la cuestión a la Corte Internacional de Justicia, dejando a la OIT estancada”, indicó.

“La CSI ha convocado un día de acción mundial el 18 de febrero, para dejar claro que los trabajadores no renunciarán a su derecho a la huelga protegido internacionalmente, y que esperan que los Gobiernos respeten dicho derecho tanto a nivel nacional como internacional”.

Ataques globales contra el derecho de huelga

El derecho de huelga ya está viéndose a menudo restringido en la ley y violado en la práctica en todo el mundo, de acuerdo con el Índice Global de Derechos de la CSI, que aporta ejemplos alarmantes en todos los continentes.

Cuando el sindicato de ferroviarios coreano Korean Railway Workers’ Union (KRWU) convocó una huelga, la empresa Korea Railroad Corporation (KORAIL) respondió despidiendo a más de 6.700 trabajadores, de manera que prácticamente todos aquellos que participaron en la huelga perdieron su empleo.

También hay informes que hacen referencia a un clima de represión antisindical en el país, mientras que el actual Gobierno se ha mantenido constantemente del lado de los principales conglomerados del país en lo concerniente a las cuestiones laborales.

Tras las protestas mortales que tuvieran lugar en Camboya en el sector del vestuario, las agrupaciones de empresas locales publicaron anuncios en la prensa local reiterando las afirmaciones del Grupo de Empleadores de la OIT de que “el derecho de huelga no es un derecho fundamental” y no está consagrado en el Convenio 87 de la OIT.

En Swazilandia, cinco líderes del sindicato de transportes Swaziland Transport and Allied Workers Union (STAWU) fueron procesados en base a la Ley de Tráfico Rodado del país por haber realizado una acción reivindicativa en el aparcamiento del aeropuerto. Los cargos pesan todavía sobre ellos.

En España, actualmente 260 trabajadores y trabajadoras se enfrentan a procedimientos administrativos y penales por haber participado en acciones de huelga. La crisis económica ha sido el argumento esgrimido por el actual Gobierno español como excusa para reducir los derechos de los trabajadores, particularmente para la gente joven.

Según Jesús Gallego, coordinador de internacional de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) en Madrid, el actual Gobierno español ha iniciado un proceso cuyo único objetivo es “criminalizar el derecho de huelga y manifestación”.

“Han transcurrido 40 años desde que los ciudadanos españoles obtuvieran el derecho a hacer huelga y manifestarse. Muchos han dado por hecho que se trataba de un derecho adquirido. Ahora parece que podríamos habernos equivocado”, comentó.

“Hoy en día, España se ha añadido a una lista ignominiosa de países donde la criminalización de los derechos sindicales es una realidad: Guatemala, Argelia, Belarús, Corea del Sur, Grecia, Honduras y Colombia, entre otros”.

También en EE.UU. se han introducido medidas regresivas. Lagunas y fallos en la Ley Nacional sobre Relaciones Laborales implican que los empleadores podrán reemplazar a los trabajadores en huelga de manera permanente, o prevenir de forma efectiva que puedan formar un sindicato.

Los empleados del Gobierno federal no pueden hacer huelga, al igual que la mayoría de los demás empleados públicos cubiertos por leyes estatales.

En contraste, en Canadá una sentencia histórica del Tribunal Supremo a principios de este año confirmaba que el derecho de huelga es un elemento esencial de todo proceso de negociación colectiva eficaz protegido por la Constitución canadiense.

El Tribunal consideró que una ley que negaba el derecho de huelga para cierto número de trabajadores y trabajadoras del sector público era inconstitucional.

Al mismo tiempo, hay un brote de esperanza en Grecia, con el nuevo Gobierno liderado por Syriza, que decidió revertir el desmantelamiento de la legislación laboral introducido por el anterior Gobierno.

De momento están previstas acciones este 18 de febrero por parte de los sindicatos en numerosos países, incluyendo Tailandia, Camboya, Nueva Zelanda, Pakistán, India, Corea, Rusia, Turquía, Uganda, Botswana, Colombia, España, Francia, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania.

Al anunciar su apoyo a esta acción, Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de los Servicios Públicos (PSI), declaró: “Las cláusulas laborales que hacen referencia a las normas de la OIT no garantizan el respeto de los derechos de los trabajadores si se sigue minando la autoridad de la OIT. Por eso estamos ante una cuestión prioritaria para todos los trabajadores y trabajadoras”.

En marzo de 2015, el Consejo de Administración de la OIT tiene que adoptar una decisión respecto a la resolución del conflicto entre los grupos de trabajadores y empleadores. En caso de no alcanzarse un acuerdo, la CSI exigirá que la cuestión sea remitida a la Corte Internacional de Justicia solicitando una opinión consultiva.

Este artículo ha sido traducido del inglés