Para determinar la validez de la solicitud de protección los refugiados, las autoridades fronterizas les harán una rápida entrevista individual. Por cada refugiado que se devuelva, la UE reasentará a un refugiado sirio de los campamentos de Turquía. La idea es intercambiar los denominados “migrantes irregulares” por refugiados sirios, y disuadir a la gente de embarcarse en esa peligrosa ruta marítima hacia Europa.

Cuando estaban concluyendo el acuerdo, Recep Tayyip Erdogan, Presidente de Turquía, emitió la siguiente declaración: “La democracia, la libertad y el imperio de la ley son palabras que ya no tienen absolutamente ningún valor para nosotros”. Amnistía Internacional ha calificado el acuerdo de “golpe histórico a los derechos”. A pesar de ello, la UE selló el acuerdo y ofreció “revitalizar” las conversaciones de adhesión de Turquía, ofreciéndole miles de millones de euros de ayuda y prometiendo la exención de visado a los ciudadanos turcos a partir de junio de este año.

Las declaraciones de Erdogan y el cínico comportamiento del gobierno turco durante la negociación del acuerdo advierten que Turquía ya no anhela unirse a Europa tanto como despojarla de su autoridad moral.

Turquía está inmersa en un torbellino de violencia y controversias y, simultáneamente, está luchando contra las milicias kurdas (PKK, TAK) y el denominado Estado Islámico (ISIS). Se la acusa de amordazar la libertad de prensa, de perseguir brutalmente a los disidentes y de suprimir los derechos laborales y las organizaciones de la sociedad civil, de aplicar castigos colectivos contra los civiles kurdos y de estar librando en Siria una guerra indirecta catastrófica.

En estas circunstancias, la política de apaciguamiento que está practicando la UE con el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) que gobierna Turquía constituye una traición a sus propios valores y tendrá repercusiones trascendentales para el proyecto europeo.

Cuando el AKP llegó al poder por primera vez en 2002, promulgó una serie de prometedoras reformas que devolvieron la esperanza en la democracia turca y la aproximaron cada vez más a la adhesión a Europa. Gracias a ello, la popularidad del AKP ascendió en el país y la UE vino a servir de incentivo a los cambios institucionales en Turquía.

Pero, a día de hoy, la imagen es asombrosamente distinta. En lugar de un inofensivo marco institucional, el AKP ha conseguido adaptar el antiguo orden a sus propios designios.

Reputación maquiavélica

Aykan Erdemir, un antiguo diputado turco que hoy trabaja como investigador titular de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, califica de “charada” el acuerdo recién firmado, porque “ni Erdogan [el Presidente turco] ni Davutoglu [el Primer Ministro] tienen el menor deseo o esperanza de unirse a la UE”.

El acuerdo contiene una contradicción obvia: para trascender los límites entre la UE y Turquía, ésta tiene que reforzar sus fronteras y frenar el flujo de migrantes hacia Europa. Por lo tanto, no tendría sentido que Europa incluyera formalmente a Turquía en su territorio oficial, dado que Turquía se dispone a acoger a todos los migrantes que Europa quiere mantener fuera de sus fronteras. Su incorporación malograría el objetivo mismo del acuerdo.

Dada la reputación maquiavélica del AKP, cabe esperar que Turquía sea plenamente consciente del hecho de que la UE no está barajando en estos momentos su adhesión. Lo cual no le impide utilizar a los refugiados sirios como moneda política de cambio en sus negociaciones con la UE.

El 4 de marzo, dos días antes de la primera cumbre entre la UE y Turquía, la policía asaltó la redacción de Zaman, el periódico de mayor tirada de Turquía, tomó el control e impuso una nueva dirección —designada por un tribunal y al parecer leal al gobierno del AKP—.

El nuevo golpe asestado por el AKP a la libertad de prensa parece una cínica y meticulosa estratagema, que revela el deseo de Erdogan de debilitar a la UE para legitimar su poder en el país.

El pasado noviembre, Erdem Gul, editor de la cabecera de Ankara del diario opositor Cumhuriyet, pasó tres meses detenido junto a su redactor jefe, Can Dundar, acusados de revelación de secretos de Estado y de “prestar ayuda a una organización terrorista”, por publicar en un reportaje que Turquía estaba suministrando armas a los islamistas en Siria.

Como observa Erdemir, “no es coincidencia el momento elegido por Erdogan para someter a los medios de comunicación”. Al hacer coincidir ambos golpes con las cumbres entre la UE y Turquía de noviembre de 2015 y marzo de 2016 Erdogan “obliga a la UE a practicar una política de apaciguamiento frente a las flagrantes violaciones de los derechos y libertades, y le permite afianzar su imagen, poder y popularidad en el país”.

Involuntariamente, la UE ha sobrevalorado su capital negociador y ha ayudado a la agenda antieuropea de Erdogan, traicionando sus propios valores y la confianza de sus aliados proeuropeos en Turquía.

Consecuencias de enorme calado

Las consecuencias de este acuerdo se sentirán por doquier. Según Gul, cuanto más poder logre consolidar Erdogan, más difícil será la vida de quienes “están a favor de la libertad de pensamiento y la diversidad”.

Con este aparato estatal represivo y nacionalista, que el AKP utiliza regularmente para impedir la integración política de las minorías turcas, como la kurda, no hay garantías de que Turquía pueda ser un lugar seguro y libre para los refugiados sirios.

En los últimos meses, el país ha vivido un aumento de los atentados contra la población civil. La situación podría empeorar si Turquía no modifica sus objetivos regionales o su política hacia los civiles kurdos.

Dado que Turquía no ha mostrado intención alguna de resolver su déficit democrático y ha fracasado una y otra vez en garantizar la seguridad de su propia población civil, el problema de la integración y la seguridad de los refugiados no lo resolverá simplemente la ayuda europea.

Más aún, ’la mano de hierro contra el terrorismo’ que promete utilizar Erdogan tiene consecuencias más amplias, que podrían convertir a Turquía en un problema más grave para Europa.

En los últimos meses, Erdogan viene abogando por la necesidad de ampliar la definición de “terrorista” que contempla la ley turca. Personas críticas, periodistas y académicos como Noam Chomsky han sido calificados por el gobierno turco de terroristas o simpatizantes de terroristas, esgrimiendo acusaciones espurias para intimidar y desprestigiar a los defensores de los derechos.

Una continuación a largo plazo de dichas políticas convertirán a Turquía en un destino indeseable para los refugiados sirios, que engrosarán el flujo de refugiados turcos y kurdos hacia Europa.