El 10 de abril de 2013 participé en una delegación internacional de observadores que asistiría a una audiencia en Ankara del juicio entablado contra la organización del sector público de Turquía, la KESK (organización afiliada a la CSI).
En una audiencia en la que en realidad se ventilaba una sola de las diversas causas judiciales en contra de la KESK, comparecieron ante el juez 22 acusados para determinar si debían permanecer o no en detención preventiva, la cual duraba ya diez meses.
La audiencia no examinó el fondo del caso, que abarca a 72 acusados, todos ellos miembros de la KESK, acusados en el ámbito de la legislación antiterrorista de Turquía.
El 25 de junio de 2012, fueron detenidos un total de 50 miembros y líderes de la KESK, incluyendo su Presidente Lami Özgen.
Al cabo de tres días, 28 fueron puestos en libertad, pero los otros 22 permanecieron detenidos.
La acusación oficial contra los 72 miembros de KESK, incluyendo los 22 que siguen detenidos, fue emitida el 12 de febrero.
El 10 de abril, el juez puso en libertad a 22 miembros, pero dictaminó que los 72 seguían procesados y tendrían que comparecer ante el tribunal el 8 de julio de 2013.
Primera audiencia
El 10 de abril, antes de entrar en la sala del tribunal me uní a los aproximadamente 2.000 manifestantes que se encontraban frente al palacio de justicia.
Con los miembros de la prensa turca presentes, nuestros compañeros y compañeras de la KESK se dirigieron a la multitud, seguidos por los miembros de la delegación internacional de apoyo.
En el interior, la sala estaba repleta. Los familiares de los acusados reaccionaron con emoción al ver a sus familiares en el banquillo de los acusados flanqueados por cinco policías y 15 jandarma (personal militar), uno de los cuales sostenía un enorme fusil.
Aun cuando no soy un experto legal hubo varios elementos que me parecieron extraños:
- Se sentaron al frente tres jueces junto con el fiscal. Durante las tres pausas que se dieron, salieron juntos, lo que sugiere que permanecían juntos (y por lo tanto hablaban entre ellos) entre las sesiones.
- Los abogados de la defensa estaban sentados a ambos lados del banquillo de los acusados, donde no podían hablar con sus clientes. Aunque había unos 40 abogados presentes, al final del día solamente tres habían tomado la palabra en algún momento de la audiencia.
- Para las actas literales, el secretario judicial retuvo solamente los resúmenes (muy breves, y en cierto modo “estandarizados”) del juez, y no las declaraciones de los acusados.
- Se proyectó en la pared un documento Word que contenía lo que se conoce como “datos de identidad”, tales como el nombre completo, dirección, fecha y lugar de nacimiento, nombre completo de los padres, el sueldo, la declaración de bienes e incluso el nivel de alfabetización de cada acusado. Se dedicó a esta formalidad más de la mitad de una jornada, ya que cada acusado debía levantarse y revisar estos datos (que contenían una notable cantidad de inexactitudes, incluso de lo más elementales) con el juez.
- Aunque Lami Özgen no estaba entre los trabajadores detenidos, lo hicieron sentarse con los acusados durante todo el día y fue el primero en tomar la palabra. Señaló lo que luego se repitió una y otra vez durante todo el día: que todos los acusados eran demócratas que apoyan la paz entre turcos y kurdos, y que solamente participaban en una acción sindical legítima, la cual de ninguna manera podía etiquetarse como “actividad terrorista”. Las pruebas recogidas eran fortuitas: fotografías de personas que entran en los edificios sindicales, grabaciones de llamadas telefónicas privadas de los miembros del sindicato para invitar amigos a cenar y listas de asistencia a reuniones sindicales totalmente legales. A pesar de que las oficinas de KESK también fueron allanadas, no se presentaron más pruebas que demostraran que había tenido lugar ningún tipo de actividades delictivas. También resultó sorprendente que al tiempo que se acusaba a Lami Özgen en el marco de la legislación contra el terrorismo, también se le invitara a participar en un grupo de “sabios” creado para mediar entre las autoridades turcas y los rebeldes kurdos.
- Uno por uno, todos los acusados y acusadas hicieron declaraciones similares. Algunos exigían que se retiraran las acusaciones en su contra y ser puestos en libertad, otros hacían hincapié en el hecho de que pertenecían a su sindicato mucho tiempo antes de que ni siquiera existiera la KCK (la “división urbana” del PKK, de la que se supone que la KESK forma “parte del organigrama”, según la acusación), o en el hecho de que no eran kurdos, sino que solamente defienden la igualdad de derechos para todos. Ninguna de estas declaraciones figuró en el acta literal; el secretario judicial solamente incluyó un breve resumen del juez, que se limitaba a fórmulas estándar como “Conozco mis derechos” y “Rechazo las acusaciones”. Todos los resúmenes eran más o menos idénticos.
- La ley relativa al uso de la lengua kurda en los tribunales se modificó solamente el 20 de diciembre. Al comienzo de la audiencia, algunos acusados pidieron ser escuchados en lengua kurda. En ese momento, me dijeron que el juez se los negaba. Sin embargo, los últimos cuatro acusados hicieron sus declaraciones en kurdo. Las traducciones fueron leídas por dos intérpretes, y estas declaraciones figuraron con mucho más detalle en las actas literales que las enunciadas en la lengua turca.
- Antes de las declaraciones de los acusados se dio la palabra a uno de los abogados. Posteriormente, se le permitió volver a hablar. Se quejó de no haber podido escuchar al fiscal antes de entablar la defensa de sus clientes y de que los abogados defensores no pudieran hablar con sus clientes. El juez respondió, lacónicamente, que iba a conceder una pausa de cinco minutos durante los cuales podrían hablar.
- Después de la incoación de todos los procedimientos, el fiscal finalmente tomó la palabra por primera vez. Declaró, muy brevemente, que, después de haber escuchado las declaraciones de defensa decidía que las acusaciones no quedaban anuladas, aunque ninguno de los acusados permanecería en detención preventiva antes del juicio.
- Solamente después de esta primera alocución, se permitió intervenir a otros dos abogados de la defensa. Argumentaron que no había habido una investigación digna de ese nombre, y que las acusaciones eran muy similares al informe del fiscal. Denunciaron el procedimiento de recogida de pruebas como injusto, y el auto de procesamiento como laxo y parcial. Asimismo, señalaron que iban a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- Por último, el juez aplazó la audiencia, indicando que iba a anunciar su veredicto inmediatamente después. A continuación, se pidió a todo el mundo abandonar la sala. Menos de una hora después entendimos por los vítores de la multitud agolpada fuera del tribunal que los acusados habían sido puestos en libertad.
Ya dije que no soy un experto legal, ni mucho menos estoy familiarizado con el sistema judicial turco, pero pienso efectivamente que este informe contiene material suficiente para mencionar las principales irregularidades
Hablé brevemente con un abogado británico de Euromed, que estaba presente en calidad de observador, y se remitió al artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo al derecho a un juicio justo.
Manifestó estar especialmente preocupado por los largos períodos de detención preventiva y por el hecho de que los tres jueces estuvieran sentados junto con el fiscal.
Asimismo, el hecho que los abogados defensores no pudieran hablar con sus clientes.
Aparte de los aspectos legales, es importante para el movimiento sindical internacional respaldar a sus compañeros y compañeras en Turquía, especialmente ante el problema de verse catalogados como organización terrorista.
En un contexto más amplio, la legislación turca está siendo indebidamente utilizada para silenciar a otros grupos de la sociedad civil, como los periodistas. Por tanto, es importante hacer hincapié en que Turquía denigra su ordenamiento jurídico al utilizarlo para amordazar a toda oposición en general y a los sindicatos en particular.
La dificultad de ejercer presión sobre las autoridades es creciente en la medida en que el Primer Ministro Tayyip Erdogan se muestra cada vez más arrogante en sus relaciones con la Unión Europea, declarando abiertamente que dado que el crecimiento económico es más elevado en Turquía que en la Unión Europea, es Europa la que necesita de Turquía, y no al revés.
Varios compañeros me comentaron que creían, sin embargo, que el caso de la KESK podría beneficiarse de las conversaciones de paz que se están iniciando entre las autoridades y las facciones rebeldes kurdas.
Queda por ver si es así.
