La industria cinematográfica constituye una parte importante de la cultura neozelandesa y una fuente de orgullo patriótico, en especial desde el éxito de la trilogía de El señor de los anillos.

Además tiene una considerable importancia económica: en el 2004, 150.000 turistas extranjeros afirmaron que la célebre trilogía era una de las principales razones por las que habían decidido visitar Nueva Zelanda.

El señor de los anillos es la trilogía más taquillera de todos los tiempos y la que más Óscar ha ganado.

En noviembre, Nueva Zelanda se volcó con el estreno mundial de El Hobbit: un viaje inesperado (el prólogo de El señor de los anillos). Wellington, la capital, se transformó en “El centro de la Tierra Media” y los visitantes extranjeros recibieron sellos conmemorativos en sus pasaportes.

Sin embargo, el estreno de El Hobbit no emocionará ni enorgullecerá a muchos miembros del movimiento sindical de Nueva Zelanda. A ellos, la película les recuerda lo frágiles que son los derechos laborales cuando se ven amenazados por el miedo a la fuga de capitales. Para entender esta tibia reacción, hay que ponerse en contexto.

Los planes para que el director neozelandés Peter Jackson rodara El Hobbit en su país de origen hicieron que un conflicto ya de por sí bastante enconado llegará a un punto crítico.

En dicho conflicto estaba implicado el sindicato neozelandés de actores New Zealand Actors Equity, que llevaba tiempo intentando abrir negociaciones con la Screen Production and Development Association (SPADA), el organismo de la industria cinematográfica.

El objetivo del sindicato consistía en actualizar y revisar una serie de condiciones mínimas acordadas con la SPADA en el 2005 para que los actores participaran en las producciones cinematográficas en Nueva Zelanda.

Frustrado por el hecho de que la SPADA no quería firmar ningún convenio colectivo sobre estos asuntos, el sindicato recurrió a varias acciones sindicales que tuvieron como objetivo las producciones de la televisión local. Dichas acciones fracasaron, pues los productores demostraron estar dispuestos a despedir a los actores y reemplazarlos por otros o incluso a cancelar toda una serie.

El anuncio del rodaje de El Hobbit supuso una oportunidad para que el sindicato Equity superara este punto muerto. En consonancia con el concepto de solidaridad internacional, en junio del 2010 la Federación Internacional de Actores (FIA) analizó la situación en Nueva Zelanda y resolvió que los miembros de sus afiliados debían negarse a trabajar en El Hobbit hasta que se acordara la negociación colectiva – una medida conocida como “lista gris”.

La productora de El Hobbit y los sindicatos llevaron a cabo contactos en privado.

La noticia de esta orden de no trabajar para la película nunca habría salido al ámbito público de no ser por lo que Helen Kelly, Presidenta de la central sindical New Zealand Council for Trade Unions, describió como “el ataque nuclear de Jackson”.

El 27 de septiembre del 2010, Jackson emitió un comunicado en el que acusaba al sindicato de ser “un matón australiano” que pretendía destruir la industria cinematográfica neozelandesa para beneficiar a sus rivales australianos (el sindicato neozelandés New Zealand Actors Equity es una filial independiente de la organización australiana Media, Entertainment and Arts Alliance). Asimismo, planteó la posibilidad de que el rodaje de la película se trasladara a otro país.

Ataques

A continuación, Jackson y su empresa de efectos especiales Weta Workshop llevaron a cabo una serie de ataques públicos, basados en su concepto de los sindicatos como un “enemigo” externo que obliga al capital a tomar medidas.

A pesar de esta enconada retórica, las negociaciones privadas entre el sindicato Equity y la SPADA siguieron adelante y el 13 de octubre se alcanzó un acuerdo de negociación. Todo debía haber acabado aquí.

El enfrentamiento había finalizado, la FIA sacó a la película de su lista gris y lo único que quedaba por hacer era decidir el momento y el modo en que anunciarían públicamente que ya no había lista gris. Sin embargo, a pesar de que se había acordado la emisión de un comunicado de prensa para el 17 de octubre, nunca se anunció públicamente.

Mientras el sindicato aplazaba el anuncio de la resolución del conflicto (como había acordado de forma inexplicable con la SPADA y Warner Brothers), Jackson decidió volver a remover las cosas.

En una reunión que había convocado en Weta Workshop, Jackson anunció que el conflicto de El Hobbit no había acabado y, lo que era aún peor, que los ejecutivos de Warner Brothers iban a viajar a Nueva Zelanda para empezar a trasladar la producción al extranjero.

La reacción de los empleados/as de Weta era predecible: hostilidad hacia el sindicato y miedo ante la perspectiva de perder sus puestos de trabajo.

Claramente, esperar a emitir un comunicado conjunto ya no era una opción factible; el sindicato Equity emitió su propio comunicado en el que explicaba que – al contrario de lo que afirmaba Jackson – la orden de negarse a trabajar en la producción se había revocado y todos los implicados lo sabían.

La mayoría de los medios de comunicación neozelandeses ignoraron esta información y otorgaron una amplia cobertura a la versión de Jackson.
Frente a una versión de los hechos que presentaba a los sindicatos como los responsables de que la película se fuera a trasladar al extranjero, muchos neozelandeses reaccionaron con indignación. Los líderes sindicales fueron sometidos a una campaña de insultos, entre los que se incluyeron amenazas de muerte.

Los ejecutivos de Warner Brothers sí que viajaron a Nueva Zelanda y fueron recibidos por el Gobierno. El resultado de su visita fue la confirmación de que, después de todo, el rodaje de El Hobbit se llevaría a cabo en Nueva Zelanda. Pero habría que pagar un alto precio por ello.

Concesiones

Las concesiones del Gobierno fueron dobles. Primero, el 28 de octubre anunció una enmienda a la Ley de relaciones laborales del 2000 (la legislación general que regula el empleo en Nueva Zelanda) que al día siguiente se convirtió en ley mediante un procedimiento denominado “de urgencia”.

Esta enmienda excluye de la definición legal de “empleado” a todos aquellos que ejerzan cualquier trabajo en el sector de la producción cinematográfica. Por tanto, suprime todos los derechos y protecciones laborales a cualquier neozelandés que trabaje en este sector de la economía. Además, el Gobierno concedió más ventajas fiscales y subvenciones a Warner Brothers.

Esto pudo ser el reflejo de los cambios en el tipo de cambio entre las monedas de Estados Unidos y Nueva Zelanda, que habían convertido a Nueva Zelanda en un plató de rodaje mucho menos ventajoso.

Sin embargo, tampoco sería de extrañar que Warner Brothers sintiera que su posición de negociación se había visto reforzada por la opinión pública a favor de El Hobbit y en contra de los sindicatos.

Dicha opinión pública la habían fomentado las amenazas de Jackson y una presentación errónea de los hechos por parte de los medios de comunicación. La continua publicación de documentos en el marco de la legislación neozelandesa sobre la libertad de información permite esclarecer lo bien que manipularon al sindicato, los medios de comunicación y el público en general en lo relativo a este conflicto.

Sin embargo, la facilidad con que arrasaron de la noche a la mañana con los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores/as para negociar colectivamente y organizarse es sintomática de un clima en el que ha arraigado la idea de que los sindicatos y sus miembros son “los otros extranjeros” y constituyen una amenaza para “nuestros” puestos de trabajo, economía y sustento.

Esta idea es especialmente convincente cuando la hace suya un icono neozelandés de la talla de Peter Jackson. En este caso, Jackson no era una parte neutral y desinteresada, aunque sus motivos y acciones nunca se cuestionaron. El director, que es un multimillonario residente en Hollywood, fue presentado como “uno de los nuestros”; los miembros del sindicato como “los otros”.

Desde el 2010, otros conflictos laborales en Nueva Zelanda han recibido el mismo trato, garantizando que los debates, ya de por sí acalorados, acerca del área y el ritmo de la precariedad, “flexibilidad” e inseguridad laboral se desarrollaran para asegurar que cualquiera a favor de la conservación de los derechos y protecciones laborales fuera percibido como un “otro” amenazador.

Posiblemente envalentonado por la facilidad con la que fue capaz de reescribir la legislación laboral para los trabajadores/as del sector cinematográfico, el Gobierno de Nueva Zelanda planea ahora más leyes antisindicales.

Entre sus nuevas propuestas se encuentra la eliminación del requisito de alcanzar un acuerdo en la negociación colectiva. Sin este requisito, los conflictos anteriormente mencionados no se hubieran dado, ya que la dirección podría haberse limitado a retirarse de la negociación, despidiendo y reemplazando a los trabajadores/as afiliados al sindicato.

Entretanto, el costo de la vida sigue aumentando, la desigualdad crece y sigue disminuyendo el nivel de vida para la mayoría de los neozelandeses.

La amenaza para el “neozelandés de a pie” no reside en la conservación de los pocos derechos laborales que le quedan, sino en las acciones de aquellos que se benefician del continuo avance del neoliberalismo y la cultura del miedo y la inseguridad en la que se basa.