Samad Iach, de 32 años, es periodista de investigación en Marruecos. En 2011, coordinó en Rabat el Comité de Información y Comunicación del Movimiento 20 de febrero, versión marroquí de la primavera árabe, y animó con otros jóvenes la página de Facebook Movement20.

El 1 marzo de 2013, Samad fue secuestrado mientras trataba de tomar fotografías durante una visita del rey a la mezquita Badr, en Rabat. Fue interrogado durante cinco horas. Desde entonces, el Gobierno marroquí le ha prohibido salir del país varias veces.

En agosto de 2015, la Brigada Nacional de la policía judicial (BNPJ) lo interrogó de nuevo en Casablanca, durante 10 horas, sobre sus actividades en la Asociación Marroquí del Periodismo de Investigación (AMJI) y sobre sus relaciones con la asociación Freedom Now (Libertad ahora) y la Asociación de derechos digitales (ADN).

Actualmente, el Estado marroquí lo está procesando junto a otros seis periodistas y defensores de derechos humanos. El miércoles 23 de marzo comparecerán ante el Tribunal de Primera Instancia de Rabat por “conspiración sediciosa” y “financiación extranjera ilegal”.

“Pueden echarme cinco años de cárcel simplemente porque vivo en un país donde el sistema político no es compatible con nuestras actividades y artículos”, señala Samad a Equal Times.

En la misma situación se encuentra el periodista de investigación Hicham Mansour, de 36 años, que ya ha cumplido una condena de diez meses de prisión por sus investigaciones sobre la vigilancia del Estado de la actividad en línea de activistas políticos marroquíes. Liberado el 17 de enero, deberá comparecer de nuevo ante el tribunal y corre el riesgo de terminar tras las rejas.

“Me inquieta ver que han asignado este juicio al mismo juez que me puso en la cárcel”, comenta Hicham.

“En un país donde muchos jueces ’íntegros’ son la viva imagen de la no independencia del poder judicial y de su instrumentalización por parte de las autoridades con fines de represión, esta asignación tiene una sola explicación: la decisión se tomará en otro lado”.

De acuerdo con la Asociación marroquí de derechos humanos (AMDH), solamente en 2015 fueron procesados más de 40 periodistas.

Por su parte, la Fundación Alkarama afirma que la tortura y los malos tratos siguen siendo una “práctica arraigada” para los “casos relacionados con la seguridad del Estado”.

Reporteros sin Fronteras (RSF) indica a su vez que las acusaciones contra los periodistas tienen como finalidad reprimir la libertad de información y de prensa, ambas garantizadas en la Constitución de Marruecos de 2011. “No solamente es imposible que los periodistas marroquíes aborden temas que atañan las tres líneas rojas existentes: la monarquía, el Sahara occidental y el Islam”, explica Yasmine Kacha, responsable de la oficina de África del Norte de RSF, en una entrevista con Equal Times.

“Sin embargo, estas líneas rojas se utilizan también contra todo profesional de los medios de comunicación que critique al régimen. Esta situación perjudica gravemente la situación del periodista marroquí independiente”.

En la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Marruecos ocupa el 130º puesto en una lista de 180 países.

Un engaño de democracia

En julio de 2011 se aprobó por referéndum una nueva Constitución, con especial acento en fortalecer el respeto de los derechos humanos en Marruecos. A raíz de esta nueva Constitución, el Reino alauí ha ratificado también pactos y convenios internacionales destinados, entre otros objetivos, a prohibir los tratos crueles, inhumanos o degradantes y a luchar contra las desapariciones forzosas.

Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil observan que la aplicación de estos compromisos es relativa, especialmente en lo que respecta a la libertad de prensa, cuyas disposiciones constitucionales están establecidas en el artículo 28.

“Lo que nos preocupa particularmente es la adquisición intensiva de tecnologías de supervisión y vigilancia por parte de las autoridades marroquíes que ha tenido lugar en los últimos años. Estas tecnologías se utilizan para controlar las conversaciones y comunicaciones de los periodistas ciudadanos y los periodistas profesionales, o para bloquear ciertos sitios web”, señala Kacha.

Samad comenta: “Estoy vigilado las 24 horas del día y cuando me desplazo puedo ser objeto de amenazas, no puedo contactar fuentes de información”, afirma el periodista que ahora trabaja para Lakome2.com.

“Mis llamadas telefónicas son vigiladas, por lo que es difícil comunicarse por teléfono. Cuando realizo una investigación, es difícil incluso el acceso a la información administrativa, lo que plantea la cuestión del derecho de acceso a la información en Marruecos”.

Samad indica haber encontrado virus espías en su computadora en abril. “También piratearon mi primera cuenta de Facebook. He creado una segunda y ya me he dado cuenta de varios intentos de pirateo”.

El redactor jefe de Lakome2.com, el periodista Ali Anouzla, ganador del premio Raif Badawi de 2015, también confirma el acoso de las autoridades marroquíes contra los periodistas independientes: “Es una lucha diaria. Somos como esas personas que caminan por un campo minado y no saben cuándo va a explotar”.

Este periodista, al que Reporteros sin Fronteras reconoce como uno de los “100 héroes de la información” ha sido objeto de una proliferación de demandas en su contra y deberá comparecer de nuevo ante el tribunal de Rabat el jueves 22 de marzo, un día antes que sus compañeros de profesión.

“Lamentablemente no puedo escribir libremente en mi propio sitio web y ejerzo mucha autocensura con mis compañeros, mis compañeras y conmigo mismo. Hacemos un periodismo independiente indigente”.

Una petición en línea pide a las autoridades marroquíes retirar los cargos contra periodistas y defensores de los derechos humanos y respetar su compromiso de proteger el ejercicio de los derechos civiles y políticos.