Cuando el agua se privatiza, la injusticia campa a sus anchas

En esta economía tan inestable, tanto los optimistas como los pesimistas probablemente den por sentado que si se abre un grifo saldrá agua.

El verano pasado, este servicio básico despareció de los hogares de la clase trabajadora de Detroit. Los barrios de la ciudad despertaron un día para enfrentarse a la vergonzosa realidad de que en esta ciudad empobrecida ubicada en la nación más rica del mundo el agua ya no salía. Era la respuesta provisional de “emergencia” que la ciudad ofrecía para paliar el colapso financiero.

La devastación en Detroit parece insólita, pero es posible que pronto veamos más crisis de recursos en Estados Unidos si los dirigentes favorables a las empresas deciden que el agua no es un derecho fundamental, sino un producto con el que comerciar, como el maíz y el crudo.

Según un estudio de la ONG Corporate Accountability International (CAI), la experiencia de decenas de comunidades donde se privatizaron las infraestructuras del suministro de agua es un claro ejemplo del peligro que supone dar prioridad a los costes y no a los derechos humanos.

La privatización del agua en países más pobres se ha criticado por haber provocado casos de explotación y una desestabilización de las infraestructuras locales, en especial en los sistemas de “libre comercio” que fomentan las reformas a favor del mercado libre.

Sin embargo, las fuerzas del mercado también están explotando los sistemas de suministro de agua en las ciudades estadounidenses. Y según advierte la CAI, tanto en las naciones pobres como en las ricas, cuando el agua se privatiza, la injusticia tiende a campar a sus anchas:

“Las empresas hidrológicas privadas plantean el tema del agua en términos comerciales, haciendo hincapié en los resultados económicos y no en los objetivos sociales y evitando que se dé prioridad a los sectores más vulnerables y pobres de la población. Tratar el agua como a una simple mercancía también hace que ésta quede a merced de los caprichos del mercado y elude la rendición de cuentas y la transparencia del sector público”.

Las crueles consecuencias derivadas de la mercantilización del agua se pueden sentir en todo el mundo.

Al cortar el agua, Detroit puso en marcha el tipo de políticas neoliberales que promueven tanto la “austeridad” como su típica respuesta política: la privatización.

El verano pasado, cuando cortaron el agua (castigando colectivamente a los clientes supuestamente “morosos” que se habían atrasado en el pago de sus facturas), la CAI y varios grupos comunitarios manifestaron su malestar por la medida municipal de pedir asesoramiento a una multinacional del agua, Veolia, para modernizar la red de suministro y reducir costes.

El director de medios de comunicación de la CAI, Jesse Bragg, cree que Veolia puede estar intentando tomar el control de la infraestructura pública relacionada con el agua, como ya ha hecho en otras regiones, y que como la situación financiera de Detroit es desastrosa, “Veolia puede recomendar la privatización y utilizar dicho contrato para conseguir sus propósitos”.

Hasta ahora, gran parte del movimiento contra la privatización se había centrado en los países en vías de desarrollo.

Por ejemplo, en varias regiones de India y Filipinas las inversiones extranjeras neoliberales combinadas con unas infraestructuras empobrecidas han provocado la puesta en marcha de un programa de agua desarrollado por el Banco Mundial al que la CAI culpa de los elevados costes, las restricciones de acceso, el agua contaminada y las infraestructuras deficientes.

En 2012, la CAI pidió a las Naciones Unidas que abriera una investigación sobre el papel que una importante institución financiera del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, desempeñó en “la promoción del control de los servicios de suministro de agua por parte del sector privado”.

Los defensores del sistema público advirtieron que, además de fomentar la desigualdad en el acceso a los recursos, “las inversiones directas en las empresas privadas eluden los presupuestos públicos y las medidas de rendición de cuentas mientras distraen la atención de la necesidad real de financiar la infraestructura del sistema de suministro de agua”.

Asimismo, los defensores del sistema público hacen hincapié en que, históricamente, las autoridades públicas han controlado la infraestructura del sistema de suministro de agua y, aunque el sistema dista mucho de ser perfecto, la financiación pública ha permitido una ampliación y modernización constante de dicha infraestructura.

Todo esto se hizo bajo la supervisión de funcionarios públicos, no de directores de empresa quienes, por definición, dan prioridad a los intereses de los accionistas adinerados y no a los intereses de los votantes y contribuyentes.

Sin embargo, en los últimos años las empresas de suministro de agua se lo han estado poniendo difícil a los legisladores estadounidenses.

 

“Abrir la puerta de par en par a la inestabilidad fiscal”

Como ocurre con numerosos proyectos de privatización, la aparición de las empresas privadas se suele vender como “una innovación”.

La industria ha rechazado las acusaciones de privatización, argumentando a menudo que las empresas han sido contratadas únicamente para ofrecer servicios o asesorar a la municipalidad.

Igual que los colegios concertados prometen reformas mágicas para potenciar el rendimiento en los sistemas de enseñanza pública, las empresas de suministro de agua fomentan y venden las sociedades público-privadas como beneficiosas tanto para el público como para el mundo empresarial, pues, según afirman, simplifican la gestión y reducen las trabas burocráticas para enfrentarse a la enorme escasez de fondos destinados a la infraestructura del suministro de agua.

La CAI advierte que la industria privada del suministro de agua ha presionado para que se aprueben leyes federales que vinculen las fuentes de financiación pública a los proyectos privados de gestión del agua, una medida que los críticos afirman abriría la puerta de par en par a la inestabilidad fiscal.

Asimismo, la industria está presionando a los legisladores estatales para que dirijan al sector del suministro de agua hacia posturas más favorables al entorno empresarial. En Nueva Jersey, el lobby de la industria del agua ejerció presión para que se rechazaran proyectos de ley que, según la CAI, “habrían protegido a las ciudades y a la sanidad pública”.

En realidad, los estudios sobre los programas de privatización no han arrojado pruebas claras de que estos aporten más rendimiento ni mejoras tecnológicas. La mayor parte se limitan a introducir una mentalidad de mercado libre en una institución pública:

“Las empresas privadas de suministro de agua tienen la obligación fiduciaria de maximizar los beneficios para los accionistas. Para cumplir con dicha obligación se centran en a) debilitar a su mayor competidor, el sector público de suministro de agua, b) abrir el mercado del agua y crear oportunidades de negocios para ellas mismas y c) eliminar tantos obstáculos como sea posible para la rentabilidad de sus operaciones”.

Además, los activistas afirman que estas medidas pueden precipitar una erosión de las normas sobre sanidad pública y calidad medioambiental. “Los servicios públicos tienen muchas más probabilidades de dar prioridad a la protección medioambiental, pues su obligación consiste en ofrecer un servicio equitativo, lo cual se beneficia de la protección medioambiental”, nos explicó Bragg por correo electrónico.

“De cierta manera, los servicios privados pueden beneficiarse de la escasez. El incremento del consumo y las altas tasas se incentivan cuando el beneficio constituye el motivo principal”.

Y existe otro modo en que la privatización puede socavar a una comunidad: los sistemas municipales de suministro de agua gestionados por funcionarios constituyen uno de los últimos bastiones del sindicalismo del sector público en Estados Unidos.

Los trabajadores/as de la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), sección 207, que se encarga del Departamento de Aguas y Alcantarillado de Detroit, se han opuesto firmemente a la posible privatización mientras intentan, sin éxito, resistirse a los intentos por parte de los funcionarios municipales de deshacerse de los contratos sindicales como parte del ajuste financiero.

En agosto, mientras los funcionarios buscaban soluciones en el ámbito privado para la “emergencia financiera” de la ciudad, un trabajador del sector llamado Ryan explicó en una entrevista a la página web WSWS:

“Desde el punto de vista de una perspectiva capitalista, ¿quién no querría el departamento de agua? Calculan que pueden triplicar el monto de las facturas del agua y la gente tendrá que pagarlas. Es como oro líquido… La privatización ha sido un proceso a largo plazo y por fin están colocando a su gente donde querían para ponerla en práctica”.

La desconexión del agua en Detroit fue un inquietante presagio de lo que puede suceder si el gobierno de una ciudad está tan preocupado sobre “la reducción de costes” que está dispuesto a dejar que sus comunidades pasen sed.

Incluso en un país “rico”, las instituciones sociales más importantes pueden convertirse en una presa fácil para el monstruoso apetito del mercado libre.

 

Una versión íntegra del presente artículo se publicó por primera vez en The Nation. Copyright © 2014 The Nation. Publicado con el permiso de la Agence Global.

Este artículo ha sido traducido del inglés.