Pero la noticia de que el Gobierno mexicano está a punto de introducir una nueva norma, que regule la gestión del reciclaje de plomo y estipule límites máximos de la presencia del metal en la sangre, está considerada por algunos como prueba de que el impacto negativo de esta práctica finalmente podría corregirse.

Además, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CEC, por sus siglas en inglés) discute un conjunto de directrices técnicas voluntarias sobre mejores prácticas y tecnologías para un manejo ambientalmente adecuado de los acumuladores usados, a cuyo borrador tuvo acceso Equal Times.

Pero expertos indican que esas herramientas difícilmente cambiarán el entorno de esas operaciones, persistiendo los riesgos para el ambiente y la salud de los trabajadores”, señala Cuauhtémoc Juárez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“La empresa mexicana no tiene interés en el tema, porque no hay sanciones. Las empresas no nos dejan entrar [a sus plantas], no sabemos qué pasa, qué niveles hay de contaminación, hay poca investigación. México seguirá siendo paraíso para el reciclaje”, añade.

Por sus normas laxas y bajos costos, en los últimos diez años México se ha convertido en el principal destino de las baterías de automóviles usadas, cuyo reciclaje es un negocio jugoso para corporaciones canadienses, estadounidenses y mexicanas.

Desde 2007, la entrada en México de acumuladores usados no ha parado de crecer. En 2012 el país compró 863.164 toneladas y, a mayo de 2013, la cifra se situó en 153.283.

El Consejo Internacional sobre Baterías indica que el reciclaje en los tres países es prácticamente del 100 por ciento, debido a que su costo es menor al de extraer plomo de las minas y procesarlo, además de que puede reciclarse indefinidamente.

“Si en México proyectáramos que en cuatro o cinco años las empresas ya van a ser reguladas bajo los mismos criterios que en el resto de Norteamérica, pero que además hubiera mecanismos de monitoreo, las cosas cambiarían”, sostiene Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, ante Equal Times.

Un volumen cuantioso del plomo se recupera y recicla en plantas de fundición secundaria para luego utilizarse en la fabricación de baterías, que suelen contener entre 60 y 80 por ciento de plomo y plástico reciclados.

El plomo es tóxico, persistente y bioacumulable, y el manejo de los acumuladores usados presenta connotaciones ambientales, económicas y sanitarias.

El cuerpo absorbe el plomo y éste provoca daños en el sistema nervioso, corazón, riñones, huesos y órganos reproductivos.

Largo camino

Las directrices que la CEC discute con Gobiernos, empresas, académicos y sociedad civil buscan un piso común para esa actividad.

Ese organismo, creado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y México y vigente desde 1994, señala que en Canadá y Estados Unidos la regulación ambiental cada vez más estricta ha generado mejoras, pero no ha ocurrido lo mismo en México.

En Canadá operan 10 procesadoras, con una capacidad instalada anual de 475.550 toneladas.

En comparación, México cuenta con 25 que procesan 1.504.669 toneladas y Estados Unidos con 14 con una capacidad de 1.874.387 toneladas.

La organización estadounidense Occupational Knowledge International y FC calculan que las concentraciones de las emisiones atmosféricas por las recicladoras mexicanas son casi 20 veces más altas que las estadounidenses y que los niveles de plomo en la sangre son hasta cinco veces mayores en los trabajadores mexicanos.

“Hay una gran interrogante sobre la situación real de los trabajadores expuestos al plomo. Existe una población no cuantificada expuesta al plomo”, sostiene Juárez.

México cuenta con al menos nueve regulaciones sobre el uso y gestión del plomo, la mayoría de las cuales data de hace más de 10 años.

Desde los años 90, la tendencia de intoxicaciones con plomo en el sitio de trabajo decae, aunque en 2004 registró una subida a 80 casos, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En 2010 se registraron 28 casos, 18 más que el año anterior. Pero según Juárez, hay un sub-registro, pues muchas empresas no los reportan.

La CEC señala que el sistema de manejo ambientalmente adecuado del plomo implica control de la contaminación atmosférica y de emisiones fugitivas, tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos sólidos.

Si bien la futura norma equipara los niveles máximos de plomo en sangre, hay diferencias en los plazos de medición, pues se estipula un plazo de cuatro años para alcanzarlos, aspecto criticado por Jacott.

“La norma no detalla cómo se va a realizar el monitoreo. El plazo es muy largo. No hay monitoreo para los trabajadores, tampoco hay monitoreo ambiental”, cuestiona.

La CEC planea medir las emisiones a pie de chimenea y posiblemente agregar otros contaminantes dentro de una investigación por iniciar en México.