Los Maseratis y los Lexus SUV aparcados a la salida de la biblioteca dejan patente que nos encontramos en algunas de las universidades más ricas del mundo.

Estos últimos años, una serie de prestigiosas universidades estadounidenses, como Georgetown, Cornell, Northwestern, Carnegie Mellon y otras muchas instituciones occidentales de alto nivel, han establecido secciones de sus campus en el rico estado petrolero de Qatar.

Los patrocinadores del proyecto Education City estiman que las universidades de primera categoría están contribuyendo a enseñar a la próxima generación de líderes regionales cómo “liberar su potencial humano”.

Pero los trabajadores encargados del funcionamiento de las facultades dicen que su potencial – y sus derechos – está siendo vulnerado por las universidades y sus subcontratistas, que pagan a los encargados de la limpieza y a los cocineros unos sueldos por debajo de los 230 USD al mes.

Los sindicatos independientes están prohibidos en Qatar, y los grupos defensores de los derechos laborales califican esta monarquía, enriquecida gracias al gas natural, de “Estado esclavista” del siglo XXI.

Amnistía Internacional informó en noviembre de que el régimen de trabajo al que se ven sometidos algunos migrantes en Qatar concuerda con la definición de “trabajo forzoso”

“Me prometieron un sueldo de 1.200 riyales (330 USD) pero ahora solo recibo 800 (220 USD)”, declara a Equal Times *Ángel Reyes, encargada de la limpieza de origen filipino que trabaja en la Education City.

“No es suficiente dinero. No puedo ahorrar nada.”

Antes de venir a Qatar, a Reyes le habían prometido trabajo en un hotel. Tuvo que pagar 30.000 pesos (660 USD) de honorarios a la agencia de contratación.

Cobrar a los empleados dinero por los visados de trabajo es supuestamente una práctica ilegal en Qatar, pero la legislación laboral rara vez se aplica.

Esto es algo que les está sucediendo a muchos trabajadores empleados por subcontratistas en las prestigiosas universidades estadounidenses, que denuncian que las instituciones no protegen sus derechos básicos.

“En mi empresa nos dijeron [que trabajaríamos turnos de] ocho horas, pero en realidad estamos trabajando entre 12 y 15 horas”, afirma *Josephine Sánchez, asistente de oficina empleada por un subcontratista en una de las principales universidades.

A pesar de trabajar largas jornadas laborales en la empresa desde hace más de dos años, Josephine apenas gana 900 riyales (247 USD) al mes en un país donde la comida y transporte son más caros que en EE.UU.

“[No estoy ganando] el sueldo que me habían prometido. Estamos luchando contra ellos [la empresa], pero nos hicieron firmar. Nos engañaron.”

Mano de obra migrante

Los trabajadores migrantes como Sánchez constituyen más del 95% de la mano de obra del sector privado de Qatar. Conseguir la ciudadanía es prácticamente imposible – incluso para las familias que han vivido en el país durante generaciones, que hablan árabe y que practican el Islam wahhabí, la religión oficial.

Según el sistema de la kafala, el estatus de un empleado en el país está directamente ligado a su jefe; si pierde el trabajo se tiene que ir.

Los trabajadores no puede cambiar de empresa sin la expresa autorización de su empleador inicial en un documento denominado ‘carta NOC’ (Non Objection Certificate, o certificado de conformidad) – algo que raramente se proporciona.

“Si tuviera la oportunidad, me cambiaría de empresa”, dice Sánchez.

“Los directivos no son nada agradables y lo único que les importa es ellos mismos. Si usted se pone enfermo le deducen del sueldo los días de baja por enfermedad que se tenga que tomar.”

Para poder abandonar el país, los trabajadores necesitan una ‘autorización de salida’ firmada por el empleador – aunque sean futbolistas destacados – lo que significa que, si se quejan de los abusos, los empleados pueden ser retenidos como prisioneros de verdad en este estado desértico.

La mayor parte del personal administrativo no académico, al cual se le paga un sueldo de miseria, procede de Filipinas, India, Pakistán, Kenia y Nepal.

A pesar de trabajar en universidades que dan clases de liberalismo y justicia social, gente como Reyes y Sánchez no tienen prácticamente ninguna posibilidad de defenderse ante los abusos sistemáticos, debido a cómo está constituido el sistema jurídico catarí.

“Es simplemente imperdonable que en uno de los países más ricos del mundo tantos trabajadores migrantes estén siendo implacablemente explotados”, expresó en noviembre el Secretario General de Amnistía Internacional Salil Shetty, tras la publicación de un informe titulado “El lado oscuro de la migración”.

“Nuestras conclusiones indican un nivel de explotación alarmante”.

Education City

Education City está financiada por la Qatar Foundation, una institución fundada por Sheikha Moza bint Nasser, madre del actual Emir de Qatar y una de las esposas del dirigente anterior.

La zona amurallada a las afueras de Doha ostenta instalaciones de primera clase para los estudiantes y las pudientes facultades.

Qatar está proporcionando a las universidades occidentales grandes sumas de dinero a cambio de la gestión de los campus, subcontratando efectivamente sus marcas para tratar de adquirir legitimidad con respecto a lo que muchos consideran una dictadura despreciable que apenas respeta los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Un contacto bien situado en el campus de la Universidad de Cornell, en la Education City, afirma que la rama principal de la facultad de medicina en Ithaca, Nueva York, está recibiendo directamente de Qatar entre 10-12% de su financiación.

Esto otorga al Gobierno catarí un poder significativo para influir en las decisiones de las universidades, sobre todo dado que la crisis financiera ha perjudicado las dotaciones de recursos de muchas de las principales universidades estadounidenses.

Con una población de menos de 350.000 ciudadanos, el PIB de Qatar se calcula que ronda los 200.000 millones USD, procedente en su mayoría de las exportaciones de gas natural licuado y de petróleo a Europa y Asia.

Con una población total de aproximadamente dos millones de habitantes, Qatar es, sobre una base per capita, el país más rico del mundo.

Tras una serie de informes sobre los abusos laborales publicados por los medios de comunicación y por grupos defensores de los derechos humanos, Qatar ha tratado de hacer pequeños cambios para evitar seguir generando mala prensa antes de la Copa del Mundo en 2022.

“En las residencias éramos ocho personas [viviendo] en una habitación”, dice Reyes. “Un día vinieron varios delegados de la Qatar Foundation para hacer una inspección y redujeron el número a cuatro personas por habitación.”

El miedo a la atención negativa desde el extranjero favoreció esta mejora relativa en las condiciones de vida, cree Reyes.

Empleados subcontratados para la Qatar Foundation dijeron a Equal Times que, por lo general, mantenían buenas relaciones con sus compañeros y que disfrutaban de otros aspectos del entorno laboral.

Lo único que quieren es lo que dicen que les prometieron los contratistas antes de venir a Qatar – algo que se aproxima a un salario digno, una jornada laboral normal y el derecho a cambiar de empleo si las condiciones se vuelven insoportables.

Con las miradas de todo el mundo puestas en Qatar durante le ejecución de los masivos programas de modernización e infraestructura antes de la Copa del Mundo, los trabajadores de la Education City dicen que creen que las cosas pueden cambiar – siempre y cuando la comunidad internacional mantenga la presión.

Después de todo – dicen – si en Qatar se pagan unos sueldos tan bajos seguro que no es por falta de dinero.

*Hemos modificado los nombres de los trabajadores y trabajadoras para proteger sus identidades. Según el proyecto de ley relativo a los medios de comunicación de Qatar, las declaraciones (tanto ciertas como falsas) que perjudiquen la reputación comercial de una persona o una empresa pueden considerarse delito.