“Se echó a andar en su busca… Iba a todos los lugares en donde su hermano podría haber sido detenido. ‘No voy a parar... tengo que saber qué le pasó a mi hermano’, solía decir”.

Al cabo de tres años, alguien se acercó a Ramazan prometiendo revelar el paradero de su hermano. Ramazan se fue acompañado de esta persona y nunca más se le volvió a ver.

Se sospecha que ambos hermanos fueron secuestrados y asesinados por las fuerzas de seguridad turcas.

Su historia es solamente una de las muchas que se relatan en el informe The Unspoken Truth: Enforced Disappearances (La verdad implícita: las desapariciones forzosas), elaborado por el Truth Justice Memory Centre, y es una historia que suena familiar a todos los hogares en Turquía.

Entre los años 1980 y 2000, se calcula que de 1.500 a 2.000 personas desaparecieron de forma forzosa.

Con importantes excepciones, la mayoría de las víctimas eran hombres y kurdos. Los incidentes alcanzaron su punto álgido en la década de los años 1990 en el contexto del conflicto entre el Gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo kurdo insurgente y otrora separatista, que ha renunciado desde entonces a su objetivo de establecer un estado kurdo independiente.

La historia sin resolver de las desapariciones forzosas de Turquía es el elemento central de lo que se encuentra en juego, ya que el Gobierno turco y el PKK están negociando el fin del conflicto, el cual ha durado más de tres décadas y ha costado la vida a más de 40.000 personas.

¿Se encaminarán las negociaciones a buscar una paz basada en una reflexión sobre el pasado y a promover un cambio social exhaustivo, o simplemente se trata de poner fin al conflicto armado?

Y en caso de que se lleve a cabo esta reflexión, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Hasta dónde puede llegar?

“Uno de los principales problemas en Turquía es la impunidad de todo agente estatal. Tenemos la ley, tenemos el código penal, pero la impunidad sigue vigente. Cuando existe impunidad, es imposible una paz sostenible. Por lo tanto, es preciso que la situación cambie. Para demostrar que va a cambiar, es preciso dar la cara a los crímenes del pasado”, comentó Murat Çelikkan, co-director del Centro dedicado a la memoria, la verdad y la justicia, a Equal Times.

Las desapariciones forzosas formaban parte de la política general de Turquía con el fin de eliminar el apoyo local a los guerrilleros del PKK en la década de los años 1990.

En numerosas provincias se impuso el estado de emergencia. El ejército turco se reorganizó para luchar contra la “guerra de baja intensidad”.

Quemaron y evacuaron aldeas. Los sospechosos de ser partidarios del PKK eran fusilados en la calle. Miles de ciudadanos de las regiones predominantemente kurdas de Turquía fueron reclutados para servir en las milicias armadas por el Estado, un sistema utilizado para distinguir a los kurdos leales al Estado de los simpatizantes del PKK.

Los testigos presenciales afirman que las víctimas de las desapariciones forzosas solían ser llevadas por personas que pretendían formar parte de la autoridad pública, que aseguraban que la persona estaría de vuelta después de responder a algunas preguntas.

Posteriormente, las autoridades públicas negaban sistemáticamente tener conocimiento del paradero o la suerte de la persona desaparecida, al tiempo que muchas veces reconocían tácitamente las desapariciones con el fin de intimidar a todos aquellos que buscaran a los desaparecidos.

Todo ello eficazmente avalado por la política anti-PKK del Gobierno, según una investigación del Centro de la memoria.

Los seres queridos y toda persona allegada que buscara a los desaparecidos eran considerados poco menos que delincuentes. La prensa, el mundo académico y la sociedad civil fueron silenciados. Predominaba el interés superior del Estado.

“Hemos estado trabajando en este tema durante los últimos tres años a tiempo completo, y solamente hemos podido confirmar 450 personas [desaparecidas forzosamente]. Sin embargo, estoy convencido de que el Estado conserva en algún lugar todos los documentos correspondientes”, afirmó Çelikkan.

“La mayoría de las personas, los familiares de los desaparecidos, no tienen una tumba [en la que puedan recogerse] para llorar. El Estado sabe dónde están enterradas esas personas”.

¿Problema de “terrorismo” o de derechos humanos?

Durante décadas, la élite gubernamental respaldada por el ejército de Turquía ha gobernado el país según diversas variaciones de una ideología “kemalista” (por el fundador de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk), quien consagró un Estado turco, nacionalista, asimilacionista, unitario y laico.

La cuestión kurda se planteó enteramente en términos de seguridad nacional; según el dogma del ejército, el “problema kurdo” era inexistente, lo único que existía era un “problema de terrorismo”.

Sin embargo, desde su llegada al poder en 2002, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha suplantado la mano del ejército turco sobre la política y ha sustituido la ideología de la vieja guardia por la propia.

“El Estado kemalista... se vino abajo con la llegada del gobierno islamista. Esa ideología... se ha resquebrajado”, señaló Çelikkan.

“Ese resquebrajamiento permite que la luz pase a través,” comentó Çelikkan respecto a los acontecimientos que han hecho posible el actual proceso de paz.

Sin embargo, sigue preocupando que el Gobierno del AKP no haya renunciado por completo al punto de vista en el que prevalece la “seguridad” con respecto a la cuestión kurda y que, en la negociación con el PKK, se persigan solamente objetivos limitados.

“Por el momento no veo por parte del Gobierno ningún interés en un enfoque que tenga en cuenta los derechos humanos para el proceso de paz,” aseguró Emma Sinclair-Webb, investigadora principal de Human Rights Watch y autora de Time for Justice: Ending Impunity for Killings and Disappearances in 1990s Turkey(La hora de la justicia: poner fin a la impunidad de los asesinatos y desapariciones de la década de los años 1990 en Turquía), a Equal Times.

“No consideran que la ’cuestión kurda’ tenga algo que ver con los derechos humanos. Para ellos la cuestión consiste en poner punto final al terrorismo... [y] deshacerse del problema del PKK”, señaló.

La derrota del ejército por parte del AKP se logró esencialmente mediante dos juicios multitudinarios, comúnmente conocidos como los juicios “Ergenekon” y “Sledgehammer”, celebrados entre 2007 y 2010.

En ambos juicios, los fiscales alegaron esencialmente que los acusados (cientos de oficiales retirados y en ejercicio del ejército, así como periodistas, abogados y activistas kemalistas, neo-nacionalistas, además de un par de gángsteres) eran golpistas.

Los juicios dieron pie a otros procesos judiciales, en particular el de Cemal Temizöz, un comandante de gendarmería presuntamente responsable de por lo menos veinte desapariciones forzosas en los alrededores de la ciudad de Cizre.

Sin embargo, los juicios Ergenekon y Sledgehammer fueron claramente políticos con escasa base jurídica, y en la medida en que se modificaronlas alianzas gubernamentales en los juicios, lo mismo ocurrió con sus intereses políticos.

A partir de 2015, ambos juicios han sido efectivamente abandonados.

“Me preocupa realmente [lo relativo a] la decisión de absolver totalmente a los acusados del Sledgehammer... [y] que se cierre el expediente Ergenekon, por mucho que vulneraran los derechos a un juicio justo, y yo creo que lo eran”, afirmó Sinclair-Webb.

No obstante, Sinclair-Webb se pregunta que si el hecho de cerrar estos capítulos después de haber conseguido el control civil sobre los militares, no es fruto de un pacto extraoficial, quizás tácito, por parte del Gobierno con los militares. “¿Qué voluntad política existe actualmente para llevar a cabo con seriedad las investigaciones?”

Una larga reflexión

La posición del Gobierno refleja su ambigüedad habitual hacia presuntos crímenes históricos; crímenes que no se limitan a las desapariciones forzosas de la década de los años 1990.

Algunos agentes de la sociedad civil sostienen que la reflexión de Turquía debe remontarse hasta la fundación misma de la República y el Genocidio Armenioque la precedió, sin dejar de lado los golpes de Estado que han jalonado la historia del país y las más recientes tragedias masivas que la han afectado.

“En Turquía, casi todo se basa en la negación. Esta es la política”, afirmó Çelikkan.
El Grupo y las Madres del Sábado de Turquía se reúnen cada semana en Estambul, así como en otros lugares en todo el país, para conmemorar y pedir justicia para los desaparecidos de la república turca.

El 25 de abril de 2015, un día después del centenario del Genocidio Armenio, el grupo dedicó su reunión semanal a los armenios que perecieron en 1915. Maside Ocak, cuyo hermano Hasan fue desaparecido y asesinado en 1995, lleva un retrato del periodista armenio-otomano Keğam Parseğyan (1883-1915).

Mikal Kırbayır sostiene un retrato de su hermano Cemil, asesinado durante su detención tras el golpe de 1980, así como un retrato del Dr. Parunag Ferukhan, armenio.

Hrag Vartanian, crítica de arte estadounidense de origen armenio, presente en Estambul para la conmemoración del genocidio, comentó a Equal Times sentada entre las Madres del Sábado: “Si observamos el curso de la historia, cada vez queda más claro que no se trata solamente de un par de grupos. La intención ha sido la de limar poco a poco todo tipo de diferencia”.

“Toda la ideología y la cultura empezó con el Genocidio Armenio”, señaló Çelikkan. “Los pogromos contra los judíos, los griegos, los alevitas, los golpes de Estado. Uno tras otro, esta sociedad ha tratado de deshacerse de todos ellos”.

“Abordar” el pasado va a requerir de reformas estructurales globales. En un reciente informesobre las negociaciones entre el Gobierno y el PKK publicado por el Parlamento de la Paz de Turquía, un grupo de la sociedad civil de académicos y activistas, Çelikkan asegura que se necesita una nueva constitución, una constitución despojada de toda referencia a la etnicidad, es decir, a la “identidad turca”, en la definición de ciudadanía; deben modificarse el código penal turco y las leyes que rigen las elecciones, la educación y los partidos políticos; y no debe concederse la amnistía a los que han violado los derechos humanos.

Es preciso incorporar a esta reflexión comisiones de la verdad, museos, monumentos, archivos y otros sitios de la memoria y “búsqueda de la verdad”, así como todos los demás mecanismos judiciales de transición.

Sin embargo, esta reflexión no es una mera cuestión de justicia transicional.
El 13 de mayo de 2014, murieron 301 mineros en Soma, el oeste de Turquía, en uno de los accidentes industriales más graves en la historia del país.

Pese al proceso judicial contra los responsables de la empresa, el Gobierno ha invocado su derecho legítimo a proteger de todo procesamiento a los funcionarios y responsables públicos.

“Si se utiliza solamente la palabra ’impunidad’, carece totalmente de significado para la mayoría de los ciudadanos”, indicó Sinclair-Webb. “Es preciso contar las historias de los mineros que te cuentan que se les trataba como animales, y que los inspectores estatales dejaban pasar todo y eran cómplices de la empresa. Tienes que escuchar esta historia para entender lo que significa la impunidad. O bien, oír a los campesinos de la región kurda que te dicen ’He estado esperando veinte años para saber dónde están los huesos de mi marido, dónde lo enterraron. Quiero saber. Quiero respuestas’. En Turquía tiene usted gente que hace este tipo de preguntas todo el tiempo.”

Un proceso de paz que facilite una reflexión sobre la historia de las desapariciones forzosas de Turquía podría sentar las bases para una reflexión mucho más amplia. Aún está por verse si esto es posible.