Tanto la patronal como los sindicatos aducen que los principios acordados durante los últimos cinco años en el Foro Tripartito de Negociación (TNF por sus siglas en inglés), la plataforma de diálogo social de Zimbabwe, eran sensiblemente diferentes a lo que recoge el proyecto de ley remitido al parlamento.

Varios observadores indican que las enmiendas a la Ley del Trabajo fueron presentadas aceleradamente al parlamento en respuesta a un dictamen de la Corte Suprema en julio, que permitía a los empleadores terminar los contratos de trabajo con solo un preaviso de tres meses y sin tener que pagar ninguna indemnización de despido ni otras prestaciones.

Anteriormente, cualquier empleador que quisiese despedir a cinco o más trabajadores tenía que negociar previamente con el Consejo Nacional de Empleo y obtener un acuerdo sobre los términos y condiciones del despido. De no alcanzarse dicho acuerdo, los empleadores estarían obligados a llegar a una solución negociada con la Junta Nacional de Despidos.

Se calcula que se perdieron nada menos que entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo tras el dictamen en julio de la Corte Suprema, dado que los directores de empresas aprovecharon la falta de restricciones para el despido de trabajadores, recortando así costos.

Las pérdidas de empleo implican que aún más personas se verán empujadas a trabajar en la economía informal, justamente cuando el Gobierno ha lanzado un ataque contra los vendedores ambulantes.

La nueva Ley del Trabajo supuestamente debería proteger a los trabajadores frente a nuevas supresiones de puestos de trabajo, pero los empleadores se quejan de que en realidad prevé compensaciones excesivas para los empleados despedidos por motivos disciplinarios.

Ahora los empleadores deben indemnizar a los trabajadores que hayan sido despedidos basándose en el dictamen de la Corte Suprema, con dos semanas de paga por cada año de servicio. Los empresarios han calificado esta cláusula de “abrumadora”.

En respuesta a las críticas, el presidente Robert Mugabe sugirió que la Ley del Trabajo sería objeto de algunas enmiendas adicionales, pero los sindicatos del país han acusado al Gobierno de plegarse a las exigencias de los empresarios.

“Sabemos que su intención es abordar ciertas cuestiones específicas para responder a las preocupaciones de la patronal, mientras que hay otras que no les urge tratar”, indicó Japhet Moyo, secretario general de la central sindical Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), en declaraciones a Equal Times.

El líder de ZCTU nos hizo partícipes de su temor a que los empleadores estén deliberadamente paralizando el pago de las indemnizaciones de despido obligatorias, en espera de otra enmienda a la Ley del Trabajo, esta vez favorable a la patronal.

“Los empleadores no actúan en el marco de la nueva ley confiando en que el Gobierno la enmendará nuevamente y poder así eludir el pago de indemnizaciones. El resultado de ello es que los trabajadores se verán obligados a protestar, teniendo en cuenta que 30.000 de ellos están aún esperando cobrar, con lo cual podríamos tener que volver a movilizarnos”, añadió.

Inconsistencias

El Director Ejecutivo de la organización patronal Employers’ Confederation of Zimbabwe (EMCOZ), John Mufukare, indicó que pese a que los interlocutores sociales habían venido implicándose en reformas laborales durante los últimos cinco años, en un intento por hacer que el país resultase más atractivo a los inversores y estimular la economía, algunas disposiciones de la Ley hacían justo lo contrario.

“Esperamos sinceramente que la ley vuelva a ser enmendada urgentemente”, declaró Mufukare, explicando que la clasificación de trabajadores temporales cuyos contratos fuesen continuamente renovados como trabajadores permanentes resulta particularmente preocupante para las empresas; mientras que para los sindicatos esta cláusula es una importante victoria, ya que protege a los trabajadores de la precarización.

“Hay varias inconsistencias con las que no estamos satisfechos”, añadió.

El Director del Instituto de investigaciones laborales y económicas de Zimbabwe (LEDRIZ), Godfrey Kanyenze, comentó a Equal Times que aunque la Ley del Trabajo enmendada había ayudado, dando a los empleadores el mismo derecho que a los trabajadores en cuanto a dar un preaviso de tres meses, no respondía a las expectativas ni de la patronal ni de los sindicatos.

Describió el enfoque del Gobierno como “arbitrario” y “unilateral”, instándole a volver al Foro Tripartito de Negociación y reanudar las discusiones sobre la Ley del Trabajo.

“La nueva ley debe considerar la seguridad de los trabajadores, y al mismo tiempo intentar equilibrarla con la flexibilidad que exigen las empresas, de manera que podamos terminar con un documento negociado que trate a todos los interlocutores por igual”, afirmó.

Entre tanto, la EMCOZ ha cuestionado la constitucionalidad de la Ley del Trabajo enmendada presentando un recurso ante la Corte Suprema, alegando que infringe los derechos de los empleadores. La ZCTU, por su parte, ha indicado que se opondrá a esta apelación para proteger los intereses de los trabajadores de Zimbabwe.