2017: año de batalla en Francia a causa del gas de esquisto

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La preocupación de los activistas ecologistas, y uno de los desafíos de las próximas elecciones presidenciales francesas, es saber si el futuro presidente estará a favor o en contra del gas de esquisto.

Las últimas declaraciones de escepticismo en cuanto al cambio climático de Nicolas Sarkozy han hecho que la campaña electoral haya arrancado a toda velocidad. El 14 de septiembre, el antiguo presidente de la República anunció que “el hombre no era el único responsable” del cambio climático, el enésimo cambio de opinión sobre el tema de quien aspira a ganar las primarias del partido conservador francés Les Républicains (LR).

En efecto, la fracturación hidráulica se prohibió en julio de 2011 bajo su presidencia, una decisión que situó a Francia a la vanguardia de la lucha ecologista.

Sin embargo, el contexto político de este año explica por qué la ‘ley Jacob’ fue votada bajo un gobierno de derechas. En ese momento, millares de personas se habían manifestado contra el gas de esquisto y la fracturación hidráulica, lo que forzó a la clase política a adoptar una postura al respecto.

“Como la opinión pública estaba en general en contra, y las elecciones estaban cerca, la derecha no tuvo realmente otra alternativa que apoyar la opinión de la población”, recuerda Juliette Renaud, responsable de la campaña sobre las industrias extractivas en la asociación Amis de la Terre France.

“Actualmente, LR, que siempre ha sido más receptivo a los lobbys (grupos de presión) industriales que el Partido Socialista (PS), ha encontrado finalmente su lugar ‘natural’ en cuanto a este tema”.

Esto es lo que confirman las declaraciones de Luc Chatel, presidente del Consejo nacional de esta formación, que declaró en febrero que su partido debía ser el de “los gases de esquisto y los OMG”.

 

Las empresas están a la espera

Las multinacionales francesas que operan en el sector de los hidrocarburos y la química esperan mucho de estas elecciones. De hecho, hace años que se preparan para ello.

Así, varios gigantes del sector como Total, Engie y Vallourec se reagruparon en 2014 para crear “un organismo de documentación e información” sobre el gas de esquisto, el Centre pour les hydrocarbures non-conventionnels (CHNC).

“No realizamos actividades de presión”, sostiene su presidente, Jean-Louis Schilansky, que también está a la cabeza de la organización patronal francesa Mouvement des entreprises de France (MEDEF), con sede en París. Sin embargo, no oculta las motivaciones del CHNC.

“Este centro se creó en respuesta al debate demasiado apasionado que hubo en torno al gas de esquisto en 2011”, precisa. “En vista de las elecciones presidenciales, queríamos también que un organismo fuera capaz de aportar información sobre el tema a los políticos”.

Uno de los grandes desafíos para los empresarios es saber si el próximo gobierno autorizará la utilización de la fracturación hidráulica con fines científicos. Es justamente el fallo de la ley Jacob: aunque el artículo 1 prohíbe la fracturación hidráulica, el artículo 2 la autoriza para la investigación.

Sin embargo, debe ser supervisada por una comisión que, hasta la fecha, no existe porque las ONG han bloqueado su creación negándose a participar, para desazón de las empresas petroleras, que insisten en la necesidad de evaluar los recursos del subsuelo francés.

“Aunque ciertos países europeos han decidido no explotar los gases de esquisto, al menos han evaluado sus recursos”, sostiene Jean-Louis Schilansky. “En Francia tenemos la doctrina de ‘no queremos ver ni saber’, el principio de precaución se utiliza de manera demasiado extrema”.

El fallo de la ley Jacob y la posibilidad de un cambio en el panorama político llevan a los empresarios a hacer todo lo posible por conservar su permiso de investigación y obtener nuevos.

Prueba de ello es la obstinación con la que Total luchó por recuperar su permiso de Montélimar –una zona de 4.732 km2 que cubre tres departamentos–, el cual fue revocado en 2011. En enero la justicia se lo concedió pero el Estado ha recurrido la decisión.

Otra señal de la perseverancia de los empresarios: hay 136 nuevas solicitudes que están siendo examinadas por el ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía.

El Código minero francés no distingue entre los hidrocarburos convencionales y los no convencionales, pero los activistas ecologistas mantienen que la mayoría de los nuevos permisos están relacionados con gases o aceites de esquisto, ya que casi todos los recursos convencionales ya han sido explotados en el territorio francés.

“El hecho de que las empresas continúen solicitando permisos es señal de que no han renunciado totalmente a explotar el gas de esquisto a pesar de la prohibición de la fracturación hidráulica”, sostiene Juliette Renaud. “Los empresarios están claramente a la espera, en concreto de que el precio del petróleo aumente y de que se reúnan las condiciones políticas para cambiar la ley que se les permita explotar (el gas de esquisto)”.

Los últimos permisos aceptados por el ministerio fueron validados dos meses antes de la COP21, lo que provocó fuertes críticas de los activistas ecologistas, que acusaron al Gobierno de ser “ambiguo” sobre el tema.

Estos reproches siguen siendo pertinentes, aunque el gobierno socialista siempre haya proclamado estar en contra de los gases de esquisto.

 

2017: un año crucial para el medio ambiente

Las ONG también se muestran muy activas porque hay mucho en juego.

“En general, 2017 será un año crucial en lo que respecta al medio ambiente”, sostiene Maxime Combes, miembro de Attac.

“Podemos imaginar que si se produce un cambio político en Francia, la cuestión de los gases de esquisto volverá a ocupar un primer plano”.

En ese sentido, los activistas ecologistas velan por que los temas climáticos se incluyan en la campaña. Sin embargo, la tarea es difícil, puesto que, por el momento, los temas centrados en la seguridad o la religión monopolizan el debate.

Algunos intentan librar la batalla en el terreno legislativo. Es el caso de Sabine Buis, diputada de Ardèche y vicepresidenta del grupo de estudio de la Asamblea nacional sobre el gas de esquisto, que recientemente presentó un proyecto de ley con el fin de paliar los defectos de la ley de 2011.

Propone incluir en el Código minero la prohibición de explotar y explorar los hidrocarburos líquidos y gaseosos no convencionales y derogar la legislación de 2011.

“Hay que cerrar las puertas al gas de esquisto y dejar atrás las energías fósiles”, sostiene.

“Aunque pudieran existir soluciones alternativas a la fracturación hidráulica, no es esa la cuestión. Hay que resolverlo dentro del marco político y no debatiendo las técnicas que se podrían utilizar”.

Maxime Combes recuerda también la importancia del contexto internacional: “En el contexto de la COP21 y habida cuenta de los compromisos internacionales contraídos con respecto a la emergencia climática, es necesario movilizar nuestros recursos intelectuales y económicos para poner en marcha la transición energética y centrarse en las energías renovables”, explica.

Durante las últimas elecciones presidenciales, los candidatos tuvieron que adoptar una posición en cuanto a la ecología, lo que recordaba al Pacto ecológico propuesto por Nicolas Hulot en 2007.

La ecología, que ocupó un lugar fundamental en las dos últimas campañas electorales, no parece ser hoy por hoy una preocupación de la clase política.

 

This story has been translated from French.