En todo el mundo, la población comprende que no se conseguirá que las multinacionales dejen de explotar a los trabajadores y trabajadoras en las cadenas de suministro a menos que se adopten nuevas reglas internacionales. También sabe que dichas reglas han de ser firmes para resultar efectivas. ¿Pero por qué hay trabajadores en las cadenas de suministro que carecen aún de protección?

La Encuesta Mundial de la CSI 2017 encontró que el 71 por ciento de la población mundial está a favor de reglas para que las grandes empresas dejen de subcontratar sus responsabilidades hacia sus empleados a través de cadenas de suministro que muchas veces no pueden o no quieren identificar.

Cerca del 94 por ciento de los trabajadores que producen bienes y proporcionan servicios a las mayores multinacionales no están directamente empleados por éstas. Las multinacionales operan por medio de relaciones contractuales dentro de una red de proveedores sin transparencia alguna.

Esto las hace inmunes frente a la responsabilidad legal, ya que generalmente no hay forma de emprender una causa legal en su contra cuando tienen lugar violaciones en las empresas subcontratistas.

Por otro lado, los trabajadores tampoco pueden recurrir a la justicia contra las empresas locales, que muchas veces disponen de pocos recursos, de manera que en la práctica no sirve de nada llevarlas a juicio.

Además, las multinacionales tienden a optar por relaciones empresariales en países con bajos salarios, legislaciones laborales débiles y sistemas judiciales ineficaces. Los sindicatos que luchan por mejorar las condiciones en dichos países se enfrentan a cámaras de comercio extranjeras que bloquean el establecimiento de salarios mínimos vitales o normativas destinadas a garantizar un entorno laboral saludable y seguro.

Ocultas tras las cadenas de suministros

El movimiento sindical internacional ha venido insistiendo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la adopción de normas internacionales vinculantes para combatir la impunidad corporativa a lo largo de las cadenas de suministro.

Como resultado de ello, la Conferencia Internacional del Trabajo en 2016 instó a la OIT a considerar la posibilidad de desarrollar unas directrices sobre políticas y al establecimiento de instrumentos normativos para abordar el déficit de trabajo decente en las cadenas de suministro.

En junio de 2014, El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9 estableciendo un grupo de trabajo intergubernamental, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

El grupo de trabajo celebró su tercera reunión el pasado mes de octubre, para debatir los elementos de un instrumento jurídicamente vinculante.

A pesar de estos prometedores avances y el apoyo mayoritario de los ciudadanos en todo el mundo, la oposición a que se eliminen los obstáculos legales que impiden que las empresas estén obligadas a asumir sus responsabilidades sigue siendo enorme.

Como no es de extrañar, el mundo empresarial se opone radicalmente a cualquier norma vinculante, que aseguraría que sus acciones ya no puedan quedar impunes.

Irónicamente, aducen que la adopción de instrumentos internacionales vinculantes socavaría algunos marcos no vinculantes existentes, como el de los Principios Rectores de la ONU. Destacados académicos y el Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, calificó ese argumento como una “falsa dicotomía”.

De hecho, aunque es importante que cualquier futuro instrumento vinculante se apoye y complemente las normas existentes, incluyendo los Principios Rectores de la ONU, no existe en absoluto contradicción alguna en apoyar instrumentos vinculantes, además de directrices respecto a la aplicación práctica de normas existentes.

Dichos instrumentos tienen un mismo objetivo: asegurarse de que las empresas respeten sus obligaciones en cuanto a los derechos humanos. Las empresas deben por tanto dejar de escudarse en su supuesta preocupación respecto a la implementación de los Principios Rectores de la ONU.

Objetivos en 2018: poner fin a la impunidad, cerrar la brecha

El status quo no resulta aceptable para los millones de trabajadores y trabajadoras que sufren abusos cada día y no tienen un acceso efectivo a la justicia.

Es por ello que los gobiernos deben tomar medidas ya para aplicar los Principios Rectores de la ONU en sus contextos nacionales y apoyar el proceso con visas a la adopción de un tratado vinculante propuesto por el presidente del grupo de trabajo intergubernamental en su última sesión.

En 2018, esperamos contar con un primer borrador de tratado, con aportaciones sustanciales de todos los gobiernos a través del proceso de consultas.

Los sindicatos reclamarán que se incluyan los siguientes elementos en el anteproyecto de texto:
(1) Cobertura de la legislación internacional sobre derechos humanos, incluyendo las normas internacionales del trabajo.
(2) Obligación del Estado de adoptar medidas regulatorias que:
  requieran que las empresas aprueben y apliquen políticas y procedimientos sobre diligencia debida en cuanto a los derechos humanos;
  garanticen que las víctimas de violaciones de los derechos humanos tengan acceso a un recurso legal efectivo;
  proporcionen jurisdicción extraterritorial respecto a la empresa matriz.
(3) Obligación de las empresas a respetar los derechos humanos en todas sus operaciones.
(4) Un mecanismo internacional de aplicación firme.

Ha llegado el momento de cerrar esta profunda brecha en la legislación internacional sobre derechos humanos y poner fin a la impunidad con la que las empresas vulneran los derechos humanos.

Tal como demuestra la Encuesta Mundial de la CSI, los oprimidos ya no se conforman con las excusas de las multinacionales y reclaman medidas.