“Al ver los tanques, que han disparado al aire, toda la gente se ha ido, menos esa señora. Yo igual me he escondido detrás de una pared. Y la señora, agarrada de su piedrita, le ponía al tanque y el tanque pasaba sobre la piedra. Y la señora volvía a agarrar otra piedra y le ponía”, se acuerda Luis Saucedo.

Él aún era adolescente en octubre de 2003, cuando ocurrió la llamada “Guerra del Gas”. Su principal palco fue la ciudad de El Alto, ubicada junto a la sede del Gobierno boliviano, La Paz.

El detonante de las manifestaciones sería el plan del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para exportar gas natural a Estados Unidos y a México a través de puertos de Chile, popularmente considerada una nación enemiga por haber quitado la salida boliviana al Pacífico.

Muy pronto, la posición contraria a las acciones del Gobierno se desarrolló en un pliego -la llamada “agenda de octubre”- que pedía la nacionalización y la industrialización del gas.

Las movilizaciones incluyeron una huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), marchas mineras y campesinas hacia la sede del Gobierno, y un paro cívico indefinido de los vecinos de El Alto.

El Gobierno de Sánchez de Lozada reaccionó violentamente a las movilizaciones, militarizando El Alto, cuyos bloqueos desabastecían La Paz.

El 17 de octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada finalmente dimitió y huyó a los Estados Unidos, dejó como saldo 58 muertos, en su mayoría de la ciudad El Alto, y más de 400 heridos.

Los recién cumplidos 10 años del también llamado “octubre negro” han encontrado una sociedad boliviana dividida, que todavía digiere sus consecuencias.

Por un lado, hay polémicas acerca del cumplimiento de la agenda de octubre. Por otro, aunque el juicio de responsabilidades a las autoridades esté aún pendiente, sus primeros resultados ya aparecen.

La controvertida nacionalización de los hidrocarburos

“¿Que ha sido el día 17 de octubre? El final de un modelo neoliberal (…) la culminación de una larga lucha, con el pueblo boliviano recuperando sus recursos naturales”, definió el presidente Evo Morales en un acto masivo en El Alto este último mes.

Morales fue elegido en 2005, después que Carlos Mesa, vice-presidente y sucesor de Sánchez de Lozada, también dimitiera en medio a masivas movilizaciones sociales que, una vez más, pedían la nacionalización del gas.

Así, una de las primeras medidas del gobierno de Morales fue el decreto que nacionalizaba los hidrocarburos, en mayo de 2006.

El decreto en realidad establecía las condiciones de renegociación de contratos con las empresas. Su principal medida era garantizar el 82% del valor de la producción de hidrocarburos al Estado boliviano, pero sólo sería vigente hasta la renegociación de los contratos.

En la práctica, los contratos fueron posteriormente firmados de acuerdo a la legislación aprobada en la gestión de Mesa.

Esta ley garantizaba 50% de impuestos y regalías para el Estado boliviano, valor considerablemente superior al 18% vigente en el periodo de Sánchez de Lozada.

Así, en el acto del pasado 17 de octubre, Morales defendió su legado: “¿Cuánto era la renta petrolera en 2005? (…) Era apenas 300 millones de dólares. Este año, ¿cuánto tenemos de renta petrolera? Más de 5.000 millones de dólares”.

Pero algunos críticos denuncian que estas políticas no se ajustan al pliego de octubre.

“Era una necesidad imperiosa expulsar a las transnacionales, recuperar nuestros hidrocarburos, nacionalización total sin indemnización”, dice Florián Calcina, ex-dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto.

Otro punto cuestionado de las políticas del Gobierno es la exportación del gas. En una conferencia de balance en octubre, el experto en temas energéticos, Justo Zapata, expresa esta preocupación: “La política de Goni [Sánchez de Lozada], que era exportar gas al Brasil, prácticamente no ha cambiado con Evo.

El proyecto de Evo es exportar gas a la Argentina”.

Defendiendo la utilización del gas como instrumento de desarrollo nacional, en detrimento de su exportación, Zapata hace coro con los que cobran del gobierno más políticas de industrialización y critican que se dé prioridad a la exportación de los hidrocarburos.

El juicio de responsabilidades

Pero, más allá de la agenda de octubre, hay otro tema de la “Guerra del Gas” que ha dejado marcas profundas en la sociedad boliviana: el juicio de las autoridades estatales responsables.

Fueron demandados en el juicio Sánchez de Lozada, ministros de su gabinete y cinco jefes militares. Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, explica que el Gobierno había preparado el ejército para masacres desde el inicio de su mandato.

La desclasificación de documentos militares permitió sacar a la luz el “Plan República”, que “autoriza el uso de todo el potencial bélico del ejército, incluidas fuerzas especiales, contra disturbios civiles”, explica el abogado.

Pero los juicios de la mayoría de los acusados, incluso del ex-presidente, se encuentran bloqueados porque ellos han obtenido asilo político o han establecido residencia en otros países. Sólo después de su extradición, podrán asumir su defensa en el proceso.

Con todo, en octubre de 2011, nueve años después de la “Guerra del Gas”, los cinco militares y dos de los exministros fueron sentenciados, cumpliendo penas que van de tres a 15 años de cárcel.

Para Mayta esta es una decisión sin precedentes: “ningún presidente en el futuro va a poder llamar a las Fuerzas Armadas, y decir ‘salgan a controlar disturbios civiles, salgan armados y repriman sin control’’’.

Este es quizás el otro legado profundo de octubre. “Esa ha sido nuestra guerra por la dignidad, de un lado estaban con cañones y balas y del otro lado estaba la gente, con sus manos y punto”, define Mayta.

Para él, el juicio ha sido la “vuelca de la tortilla” de una sociedad desigual e injusta: “a nuestros abuelos los han matado y no ha habido juicio, o sea, era lo natural, era lo aceptable”.

Así, el juicio sería “el reclamo de que no somos diferentes, no es que valemos menos, no es que valemos más, es que tenemos los mismos derechos”.