A falta de leyes federales, los sindicatos estadounidenses sientan las bases para una economía descarbonizada

A falta de leyes federales, los sindicatos estadounidenses sientan las bases para una economía descarbonizada

In this 22 October 2021 photograph, supporters and demonstrators stand behind the five climate activists on hunger strike at the White House. The activists, who are part of the Sunrise Movement, are demanding that US president Joe Biden takes meaningful action on climate change in the face of threats to water down his US$3.5 trillion social and environmental spending agenda.

(Allison Bailey/NurPhoto via AFP)

Cuando la congresista Alexandria Ocasio-Cortez presentó el Nuevo Acuerdo Verde (NAV) ante el Congreso estadounidense en 2019, muchas personas dentro del ámbito sindical reaccionaron con un profundo escepticismo. El NAV se presentó como una resolución no vinculante que reconocía la obligación de Estados Unidos de lograr las cero emisiones netas para 2050 y crear millones de puestos de trabajo con salarios altos mediante “una transición justa para todos los trabajadores y comunidades”.

El presidente de entonces de la central sindical American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), que representa a más de 12 millones de trabajadores de 57 sindicatos, declaró ante la prensa que no habían consultado a los sindicatos antes de presentar el NAV.

El término ‘transición justa’ –que aparece mencionado en la resolución de 14 páginas tan solo en una ocasión– es un marco que se originó en el movimiento sindical estadounidense. Constituye un compromiso para que los trabajadores y comunidades más afectados por la transición pasen de una economía extractiva a una con huella neutra de carbono. Sin embargo, tal y como estaba redactada la resolución de 2019, los sindicatos más afectados por dicha transición creían que dejaba demasiadas cuestiones sin responder.

Brad Markell, director ejecutivo del consejo de sindicatos industriales de la AFL-CIO y presidente de su grupo de trabajo sobre energías, asegura que dicha reticencia está basada en las experiencias de la clase trabajadora estadounidense durante los últimos 40 años.

“Cada vez que hay un cambio, los trabajadores salen perdiendo, ya sea por la liberalización, la externalización o el comercio libre”, afirma Markell.

Markell posee una amplia experiencia en el ámbito de la manufactura. En 1993 le despidieron de su trabajo en una fábrica de General Motors en Detroit (estado de Michigan) y luego le trasladaron a otra fábrica a una hora de distancia, en Toledo (estado de Ohio). “Yo fui uno de los afortunados”, explica a Equal Times. “Normalmente, la gente a la que despiden de un puesto de trabajo con un salario alto no consigue otro puesto similar. Como en nuestras comunidades no se están creando buenos empleos para mantener a las familias, se van a conformar y a aferrar como puedan [a cualquier tipo de trabajo que consigan]”.

Según nos cuenta, para poder superar el escepticismo de los trabajadores ante términos como el de la ‘transición justa’ habrá que invertir en sus comunidades para generar buenos puestos de trabajo. Un informe de 2021 publicado por la ONG Energy Futures Initiative calcula que en Estados Unidos existen 345.000 trabajadores en el sector de la energía solar y 114.000 en el de la energía eólica, una cifra ínfima si se compara con los 1,6 millones de trabajadores del petróleo, el carbón y el gas natural. En dichas cifras se incluyen los instaladores de paneles solares, los técnicos de aerogeneradores, los ingenieros y los electricistas, entre otros. “Gran parte del problema reside en que la mayoría del sector de las energías renovables es antisindicalista y están ofreciendo empleos precarios de baja calidad”, explica Markell. “Eso es lo que resulta tan increíble de lo que se está perfilando para la energía eólica marina en Estados Unidos”.

Ørsted y Reimagine Appalachia – un acuerdo histórico y un modelo

A finales de 2020, la central de sindicatos de la construcción North America’s Building Trades Unions (NABTU), que representa a más de tres millones de trabajadores de toda Norteamérica, firmó un acuerdo histórico con la mayor empresa de energía eólica marina del mundo, una compañía danesa de energía llamada Ørsted, para poner en marcha el proceso de transición de los trabajadores de la construcción al sector de la energía eólica marina. En el acuerdo, la empresa se compromete a formar a dichos trabajadores para que en un futuro trabajen en los proyectos marinos, así como a utilizar la mano de obra sindicalizada en los diversos proyectos que hay previstos a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

Dicho acuerdo fue una iniciativa colaborativa internacional desarrollada por el Centro de Transición Justa (CTJ) –un grupo que forma parte de la Central Sindical Internacional (CSI)–. En 2019, la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, entonces secretaria de la Tesorería, viajó a Dinamarca y Noruega para reunirse con los directivos de Ørsted. Markell reconoce el mérito de Shuler por haber incluido a la AFL-CIO y la NABTU en la mesa de negociaciones.

En Dinamarca, las acciones de los sindicatos locales sentaron las bases para el acuerdo entre la NABTU y Ørsted. Primero convencieron a la empresa para que firmara un compromiso mundial de transición justa, explica Samantha Smith, la directora del CTJ, y luego los sindicatos daneses ejercieron una presión constante. En 2016, aproximadamente en la época en la que Smith asumió su cargo en el CTJ, tuvo una conversación directa con el Laborers’ International Union of North America (LiUNA) –un sindicato de 500.000 miembros con una fuerte presencia en los sectores de la construcción y la energía–. El LiUNA se ha mostrado especialmente crítico con el Nuevo Acuerdo Verde, pero cuando Smith habló con ellos sobre la transición justa, declararon: “Construiremos lo que sea, pero estas grandes empresas de energías renovables tienen unas normas de trabajo deplorables”.

En 2017, la AFL-CIO aprobó una resolución en la que se comprometía a “luchar política y jurídicamente” por los trabajadores afectados por la transición a las energías limpias. Según el comunicado que publicaron, “… el modo más rápido y equitativo de abordar el cambio climático sería colocando a los trabajadores en el núcleo de la creación de soluciones que reduzcan las emisiones”. A falta de leyes federales, varias secciones estatales y locales de la AFL-CIO se han estado dedicando a sentar las bases para la transición mediante la elaboración de políticas y debates con sus miembros.

Reimagine Appalachia es una amplia coalición de organizaciones medioambientales y sindicales presente en cuatro estados de la principal región carbonífera de Estados Unidos: Pensilvania, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental. A finales de mayo, los presidentes de cada sección sindical de la AFL-CIO publicaron una serie de libros blancos en los que detallaban su propuesta de un “plan federal para la infraestructura en los Apalaches”. Antes de publicar su modelo a principios de este año, la coalición dedicó meses a organizar reuniones y audiencias para debatir con sus miembros y con líderes sindicales sobre el posible marco normativo basado en los sindicatos. Su propuesta se basa en reconstruir a la clase trabajadora en la región mediante inversiones federales y la creación de empleos sindicalizados para construir una economía verde.

“Para transformar la región de los Apalaches en una economía sostenible del siglo XXI – una que sea buena para los trabajadores, las comunidades y nuestra salud – se necesitarán considerables recursos federales”, reza su modelo. “No podemos ni debemos conformarnos con menos, debido a los ingentes recursos que se han extraído de los Apalaches durante los últimos siglos”.

La coalición se basa en la presunción de que en breve se van a aprobar leyes federales sobre el clima y los trabajadores deben estar preparados para cuando esto ocurra. El modelo propone la creación de oportunidades para los trabajadores de los sectores extractivos, proyectos financiados públicamente con buenas condiciones laborales, una red eléctrica modernizada, unos procesos de producción limpios, un transporte sostenible y una versión moderna del Cuerpo Civil de Conservación –un programa de empleo de la época del New Deal que puso a trabajar a tres millones de desempleados plantando árboles y construyendo parques durante la Gran Depresión–.

Los sindicatos se organizan con respecto al clima y esperan a que se aprueben leyes federales

Otros sindicatos de todo el país también están iniciando una gran cantidad de ambiciosos proyectos relacionados con el clima.

En el estado de Nueva York, una coalición de sindicatos que representan a 2,6 millones de trabajadores de los sectores de la construcción, el transporte, la energía y los servicios públicos, entre otros, han formado la organización Climate Jobs Nueva York (CJNY). Este grupo ha respaldado una ley estatal que abre la vía para que Nueva York logre el 100% de energías renovables para 2040 y obliga a ratificar un Acuerdo Sindical de Proyecto (convenios colectivos entre los sindicatos de la construcción y los contratistas) para todos los proyectos relacionados con la energía eólica marina. Mediante las alianzas con organizaciones medioambientales locales, la CJNY también ha luchado para que se invierta más en infraestructuras de energías renovables. Con cinco proyectos de energía eólica marina en fase de desarrollo, actualmente Nueva York cuenta con la mayor instalación eólica del país, que se espera que cubra casi la mitad de las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York para 2035.

En el mayor estado productor de petróleo de Estados Unidos, el pasado julio la AFL-CIO de Texas votó a favor de una resolución que respaldaba el Proyecto de Climate Jobs para Texas. Si se llega a aplicar, se espera que el plan genere más de un millón de puestos de trabajo en los próximos 25 años mediante el desarrollo de la energía eólica y solar, abordando al mismo tiempo las “crisis convergentes” de la pandemia, la disparidad de ingresos, la injusticia racial y la emergencia climática.

Pocas semanas después de las elecciones de 2020 se creó una coalición llamada Climate Jobs Rhode Island (RI) entre organizaciones sindicales y medioambientales de dicho estado.

La Climate Jobs RI ha propuesto varios objetivos entre los que se encuentran “institucionalizar el concepto de la transición justa en todas las agencias gubernamentales del estado”, alcanzar las cero emisiones netas para 2050, llevar a cabo la transición a la energía renovable y aumentar los programas de capacitación para reestructurar a los trabajadores con las habilidades que necesitarán para trabajar en una economía verde.

Pero, ¿cómo se ajustarán las políticas del gobierno con estas iniciativas promovidas por los sindicatos? La campaña electoral de Biden se basó en reconstruir el sector estadounidense de la producción y, por tanto, a la clase media, mediante buenos empleos sindicalizados, lo cual abriría la vía para que Estados Unidos alcance las cero emisiones netas para 2050. Su plan llamado “Reconstruir Mejor” incluye un proyecto de energías limpias, una inversión de 2 billones de dólares estadounidenses en infraestructuras, la creación de 10 millones de empleos con buenos salarios, prestaciones y protecciones laborales, inversiones en investigación y desarrollo, la modernización de las escuelas y vivienda social.

Sin embargo, aunque el Partido Demócrata domina los tres poderes del Estado, las leyes federales sobre el clima, el trabajo y la infraestructura se han paralizado debido, en parte, a dos senadores demócratas de derechas: Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de Virginia Occidental. Este último estado cuenta con la segunda mayor tasa de pobreza de todo el país, debido principalmente a la notable pérdida de puestos de trabajo en la industria minera del carbón, en la que el senador Manchin amasó su fortuna. Como el Partido Republicano se opone al plan de Biden, estos dos votos dentro del Partido Demócrata determinarán si se aprueban o no las leyes.

[Nota del editor: el 5 de noviembre, el Congreso de EEUU aprobó la ley de infraestructuras valorada en 1,2 billones de dólares, con una partida de 47.000 millones de dólares destinada a medidas de resiliencia climática. No está claro, en cambio, el destino de un segundo proyecto de ley que incluye una partida de 555.000 millones de dólares para hacer frente al cambio climático.]

En agosto, Manchin emitió el voto que inclinó la balanza hacia el rechazo a un proyecto de ley de reconciliación que hubiera significado la inversión de 3,5 billones de dólares estadounidenses en el país a lo largo de diez años (menos de la mitad de lo que gastará Estados Unidos en su presupuesto militar durante el mismo periodo de tiempo). Tal y como se propuso en un principio, dicha ley hubiera sido la mayor inversión relacionada con el clima de la historia del país, pero debido a varios compromisos que se negociaron dentro del Partido Demócrata, se terminaron eliminando muchos de los elementos iniciales. Según una reciente investigación de la organización The Intercept, Manchin ganó 4,5 millones de dólares gracias a sus empresas mineras de carbón, a pesar de que alegó que se encuentran en un fideicomiso desde que asumió su cargo.

Markell de la AFL-CIO, que formó parte del equipo de transición de Biden y Harris en el Departamento de Energía, es optimista sobre el compromiso de la administración de Biden con la transición justa: “Tenemos un presidente que se ha comprometido con los sindicatos y los empleos sindicalizados y entiende lo que eso significa para las familias y las comunidades. Al mismo tiempo, nos está encauzando para que podamos cumplir los objetivos del clima que los científicos aseguran que debemos cumplir”. Sin embargo, cuando le preguntamos si se aplicarán sus medidas legislativas, Markell concluye con prudencia: “Veremos si el Congreso quiere asumir su parte”.

La realización de esta crónica ha sido posible gracias a los fondos de la Friedrich-Ebert-Stiftung y forma parte de una serie de artículos sobre los sindicatos y la transición justa.