A golpe de buldócer, Francia lucha contra las viviendas insalubres en Mayotte. De paso, expulsa a las personas indocumentadas

A golpe de buldócer, Francia lucha contra las viviendas insalubres en Mayotte. De paso, expulsa a las personas indocumentadas

The vast majority of the inhabitants of Mayotte’s Miréréni neighbourhood are undocumented migrants from the Comoros islands, which means they are banned from working. This young man repairs cars to earn about €20 a day.

(Yoram Melloul)

Buldóceres, retroexcavadoras y una nube de humo. Las imágenes emitidas por la cadena de televisión Mayotte la 1ère a principios de julio en un reportaje sobre la demolición de un barrio marginal de Majicavo Koropa, un pueblo en el norte de este departamento insular francés, situado entre Mozambique y Madagascar, resultan familiares. Es la sexta operación de este tipo desde principios de 2021. Según un comunicado de la prefectura de Mayotte, forma parte de “las iniciativas para luchar contra la inmigración clandestina y la inseguridad pública en Mayotte a fin de restablecer el Estado de derecho y lograr la paz social”.

Mayotte, que se convirtió en un departamento francés en 2011, estaba vinculado administrativamente a las Comoras antes de que el país declarara su independencia en 1975. El departamento cuenta con una gran población comorense, que huye de la dictadura y las condiciones de vida difíciles de este país-archipiélago, clasificado como uno de los más pobres del mundo. Por consiguiente, más de la mitad de las deportaciones de extranjeros del territorio francés en 2019, es decir, alrededor de 27.000 expulsiones se registraron en Mayotte. Las asociaciones denuncian constantemente prácticas abusivas y expulsiones efectuadas de forma apresurada.

La destrucción de las viviendas ilegales se ha convertido desde hace varios meses en uno de los ejes principales de la política gubernamental en Mayotte. En una entrevista publicada el 18 de mayo de 2021 por el periódico local Mayotte Hebdo, Jérôme Millet, el subprefecto encargado de este cometido, lo describe como “una prioridad”. La prefectura dice que con estas medidas pretende recuperar terrenos –hay pocos disponibles en Mayotte–, mejorar la seguridad de la población, ya que los barrios pobres se construyen en terrenos peligrosos, y “restablecer el Estado de derecho” en los barrios que el subprefecto encargado de la lucha contra la pobreza describe como “refugios para los alborotadores”.

Desde el inicio del año, la prefectura ha destruido cerca de 1.000 bangas (cabañas construidas con chapas que salpican todo el territorio). Para ello, se basa en una enmienda de la ley Elan. Este texto, aprobado en 2018, permite a los prefectos de Mayotte y Guyana destruir con mayor facilidad que antes las viviendas que se consideran insalubres, a condición de proponer un nuevo alojamiento a sus habitantes. Sin embargo, Mayotte cuenta con unas 300 viviendas sociales en régimen de alquiler, una cifra que dista de ser suficiente.

Como objetos que se tiran

Antes de la operación de Majicavo, las retroexcavadoras hicieron su trabajo en Miréréni. En la barriada de este municipio de la región occidental de Grande-Terre, la isla más grande de las dos que componen el departamento, vivían entre 250 y 350 personas. Se destruyeron dos barrios con el objetivo de reemplazarlos por un campo de fútbol. El primero, “el barrio de los franceses”, estaba en su mayor parte compuesto por viviendas de construcción sólida. El segundo, denominado “barrio de los extranjeros”, principalmente habitado por comorenses procedentes de la isla de Anjouan, era el más pobre de los dos.

Estas viviendas improvisadas están construidas en una pendiente, sin ventanas ni acceso al agua corriente ni a la electricidad. Para lavarse hay que ir hasta el río situado unos cientos de metros más abajo cuya agua está, en algunas zonas, recubierta de una capa blanquecina y muchos residuos.

Los habitantes de este barrio extremadamente pobre fueron informados de su expulsión un mes antes por medio de una orden promulgada por la prefectura.

Unos días antes de la demolición de sus bangas en mayo, muchos de los habitantes seguían viviendo allí. Es el caso de Zouliaty Halifa Bakany. Esta quincuagenaria canosa con un salouva –el traje tradicional de Mayotte– anudado a la cintura es originaria de Anjouan, la isla comorense más cercana a Mayotte, y describía un sentimiento compartido por muchos habitantes: “Soy como un objeto que se tira. No tengo donde ir. Vivo aquí desde 2014 y en Mayotte desde hace 27 años. No sé qué hacer. Cuando lleguen con las máquinas, me quedaré delante de la casa y veré cómo destruyen mis pertenencias”.

La Acfav, la asociación de asuntos de la mujer y ayuda a las víctimas del departamento, encargada de asuntos sociales, le propuso alojamiento de emergencia. La Sra. Bakany lo rechazó: “Tengo una nieta que va a la escuela y otra al instituto. El alojamiento que nos propusieron está demasiado lejos”. No se ofreció esta posibilidad a todo el mundo. En Miréréni, la Acfav tuvo en cuenta solamente a 111 personas, 47 de ellas adultas. Sesenta y dos de ellas aceptaron alojamientos temporales que pudieron ocupar durante algunas semanas.

Impedimentos para que los periodistas cubran las demoliciones

Zouliaty Halifa Bakany es una persona indocumentada y no confía en los agentes de la policía de fronteras (PAF, por sus siglas en francés), que pasaron varias veces antes de la demolición. La prefectura admite que aprovecha estas operaciones de demolición para “llevar a cabo operaciones allí y detener [a los extranjeros en situación irregular], antes de llevarlos al centro de detención administrativa”, como señala Jérôme Millet en Mayotte Hebdo. A raíz de esta política, muchas personas se refugian en el campo en lugar de en sus bangas.

Unas horas antes de hablar con Zouliaty Halifa Bakany, la PAF se llevó a una quincena de personas, a veces dejando a niños solos, como Abdoullah, de 14 años. Aturdido, acaba de enterarse de que su madre ha sido detenida por la policía. “Me han dicho que la PAF entró en nuestra casa y se llevó a mi madre. Yo no estaba. Ahora tendré que irme a vivir con mi padre, pero no sé dónde está”. Las puertas derribadas de algunas casas indican el paso de la policía.

Los buldóceres llegan una semana más tarde. No queda nada de los dos barrios, aparte de la hojalata amontonada en el suelo. Los operarios clasifican los residuos, una nube de humo envuelve toda la zona y los gendarmes vigilan la entrada. Los periodistas tienen dificultades para acceder al terreno.

“La práctica de prohibir el paso a los periodistas es cada vez es más frecuente”, analiza un reportero local que, por miedo a ofender a la prefectura, prefiere guardar su anonimato.

Este periodista cubrió las demoliciones del barrio de Cétam, en Petite-Terre, la segunda isla habitada del departamento. “Solo se autorizó a Mayotte la 1ère y Kwezi TV [las dos cadenas de televisión locales] a grabar las demoliciones unos cuantos minutos. Habían recibido órdenes de no hacer preguntas a los habitantes desahuciados. Debí de pasar desapercibido porque ningún agente me prohibió entrar en la zona. Nos dijeron que era por razones de seguridad, pero había niños por todas partes [donde ya solo quedaban] escombros”.

En Miréréni, Rououyati no fue a la escuela para volver a recuperar cosas durante la demolición, en contra de la voluntad de su madre. No quería que asistiera a la destrucción de su casa; es la segunda vez que ocurre. La primera fue en 2014, en el mismo municipio. Esta joven francesa de 18 años lamenta no haber podido salvarlo todo. Cuenta: “Había agentes de policía por todas partes. Rodeaban la zona y atrapaban a las personas que no tenían documentación, incluso a aquellas que trataban de recuperar sus cosas. Me quedé allí, esperando hasta que se fueron los trabajadores. Después fui a ver lo que quedaba, pero no había nada. Solo pude recuperar ropa y algunos cuadernos”.

Recuerda esta experiencia con gran pesar. “Estoy triste, me siento como un cero a la izquierda. Lloré junto con todas las adolescentes que estaban allí”.

El número de viviendas en alquiler es insuficiente

Rououyati se aloja desde entonces en el sur de la isla, en casa de familiares. Pero no todo el mundo tuvo esta posibilidad. Sus padres volvieron a construir un banga en el campo. Algunas familias durmieron durante más de un mes sobre colchones por el suelo, en lugares más alejados. Algunas incluso tenían niños pequeños que debían caminar decenas de minutos antes de llegar al camino que conduce a su escuela.

Estas series de expulsiones constantes preocupan a los miembros de asociaciones. A través de su responsable de proyectos, Pauline le Liard, la Cimade, una asociación de defensa de los derechos, lamenta que la comunicación se centre sobre todo en la delincuencia. “Hay familias, personas en situación irregular, pero también muchos franceses y situaciones regularizadas. Hay que dejar de creer que se trata solo de una banda de delincuentes”, dice la joven enfadada.

Además, denuncia “la falta de soluciones de alojamiento digno, permanente y adaptado de forma individual a las familias interesadas”. Es un problema del que se ocupa Lucas Teiller, geógrafo cuya tesis trata sobre las medidas públicas destinadas a los barrios marginales de Mayotte y la región parisina.

“He hablado con actores del ámbito de la vivienda que me han dicho que se encuentran en una situación muy ajustada: hay entre cero y diez plazas disponibles al día”.

Sin embargo, las demoliciones afectan a varios miles de personas, por lo que el Estado busca soluciones alternativas. “Por un lado, la prefectura aprovecha las situaciones irregulares para deshacerse de una parte de los habitantes de los barrios. Su argumento es que las personas no están en condiciones de quedarse en el territorio. Como sabe que no hay suficientes viviendas disponibles, la prefectura alienta a las personas a encontrar soluciones por sus propios medios. En Cétam, la gente me dijo que recibían llamadas todos los días de la Acfav para preguntarles si habían encontrado soluciones. No es ilegal, pero considero que plantea un problema moral”.

Existen proyectos para subsanar la falta de viviendas disponibles en el territorio. Uno de ellos es el de la agencia HARAPPA, que quiere construir entre 1.000 y 1.500 viviendas de bajo coste al año después de haber realizado un primer proyecto de 30 viviendas en Koungou, en el norte de la isla. “Pero no es fácil y lleva su tiempo”, reconoce Attila Chayssial, codirector de la agencia.

Como señala Lucas Teiller, las familias sin alternativa de realojamiento se desplazan a otras zonas de la isla: “La destrucción de barrios no es una solución permanente. La gente construye bangas a unos pocos kilómetros de donde fue evacuada”.

Una vez desplazadas, las familias se encuentran en una situación vulnerable. “Las redes sociales y de solidaridad desaparecen cuando se mudan. Se encuentran aisladas, en casas construidas apresuradamente, sin agua, ni ventanas ni electricidad”, observa Lucas Teiller. “El verdadero objetivo de la ley Elan, en mi opinión, es implantar mecanismos de represión y permitir a la prefectura presentarse como un órgano eficaz contra la delincuencia. Si su objetivo es salvaguardar la dignidad, deberíamos contar con viviendas antes de proceder a una demolición”.

This article has been translated from French by Raquel Mora