La “línea verde 1899”, gestionada por el ministerio tunecino de la Mujer, la Infancia y la Tercera Edad, no paró de sonar durante los dos meses y medio que duró el confinamiento impuesto el 21 de marzo para frenar la propagación coronavirus. Las mujeres llamaban a la línea telefónica gratuita de ayuda disponible 24 horas para denunciar casos de violencia doméstica. El número de casos fue cinco –y a veces hasta nueve– veces superior que en periodos comparables el año anterior. “Durante el confinamiento no había forma de ponerse en contacto con otras personas, había limitaciones a los desplazamientos, el agresor y la víctima se encontraban en el mismo espacio y no había posibilidad de abandonar ese espacio”, dice Hanen Benzarti, que dirige la línea. La línea 1899 recibió un total de 6.693 llamadas durante la fase inicial del confinamiento total, del 22 de marzo al 3 de mayo. En la mayoría de las llamadas se denunciaban casos de violencia verbal, psicológica y física. La mayor parte de las personas que llamaban solicitaban asistencia jurídica o querían que alguien las escuchara, aunque muchas necesitaban apoyo psicológico y ayuda para protegerse.

Por otra parte, en otra línea telefónica de ayuda contra la violencia doméstica creada por Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), una ONG nacional defensora de los derechos económicos y sociales, el teléfono siguió sonando incluso después de que terminara el 8 de junio el toque de queda nacional (que se levantó gradualmente a partir del 4 de mayo). “Nuestro centro recibió muchas llamadas relacionadas con la violencia física y sexual, en particular durante el confinamiento. Después del confinamiento se disparó el número de mujeres que nos llamaban para denunciar casos de violencia económica”, dice Nawres Mabrouk, que dirige la línea de ayuda de FTDES.

“Muchas mujeres han perdido su empleo o no han recibido su salario”, dice.

Las mujeres también han asumido una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerado desde el principio de la pandemia, así como un aumento significativo de las tareas domésticas, lo que a veces ha dado lugar a la pérdida de empleo. “Una mujer con la que hablamos solicitó una licencia porque su madre estaba enferma. Cuando regresó al trabajo descubrió que había perdido su empleo”.

La covid-19 ha tenido consecuencias devastadoras para la economía tunecina. Según un portavoz del Gobierno al que consultó Equal Times, durante el confinamiento (de marzo a junio) se destruyeron 165.000 puestos de trabajo. Esto dio lugar a la pérdida permanente de 69.300 empleos, aunque esta cifra no tiene en cuenta la segunda ola; por otra parte, las cifras de empleo oficiales tampoco incluyen a la población activa que trabaja en el sector informal (44%), cuya mayor parte son mujeres. Además, el PIB cayó en 21,6% en el segundo trimestre de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, que describe esta situación como una “contracción sin precedentes de la actividad económica”.

Por el momento no se dispone de datos sobre el grado en que las mujeres específicamente se han visto afectadas por las pérdidas de empleo, pero la covid-19 ha ocasionado cierres y despidos generalizados en las empresas de algunos de los sectores donde un porcentaje relativamente alto de los trabajadores son mujeres, como la hostelería y la industria textil. Alrededor de 100 fábricas textiles han cerrado desde marzo y las que siguen abiertas trabajan a capacidad reducida debido a la cancelación de pedidos de Europa. Como resultado, miles de mujeres han perdido sus empleos.

Entre las mujeres que han logrado mantener su empleo, cada vez se presentan menos quejas a medida que el trabajo escasea. “El miedo se ha apoderado de las mujeres debido a la crisis económica, ya que a menudo su salario es el único ingreso del hogar. La pandemia ha acelerado la explotación”, dice Mounir Hassine, jefe de la oficina de FTDES situada en la ciudad costera de Monastir, en la región central. Salma Houerbi, una investigadora del Business and Human Rights Resource Centre, comparte esta opinión: “Hay tanta incertidumbre en cuanto al futuro y la seguridad económica que es poco probable que una trabajadora vulnerable ponga en peligro su trabajo para denunciar [violencia o acoso]”.

La aplicación deficiente socava la protección jurídica

Desde que Túnez se independizó de Francia en 1956, el país ha estado a la vanguardia de la defensa de los derechos de la mujer en la región de Oriente Medio y el Norte de África, convirtiéndose en el primer país musulmán en legalizar el aborto en 1973, dos años antes que Francia. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en el levantamiento de 2011 en el que se derrocó al régimen autoritario del presidente Abidine ben Alí y la Constitución tunecina de 2014 consagra la igualdad de las mujeres, se compromete a trabajar para lograr la paridad de género en todos los órganos electos y promete eliminar la violencia contra la mujer.

Según un informe sobre políticas publicado por ONU-Mujeres en abril de 2020, “la prevalencia de la violencia contra la mujer ya era alarmante [antes de la covid-19] en Túnez. Alrededor del 47,6% de las mujeres dice haber sufrido al menos una forma de violencia alguna vez en su vida y una de cada tres mujeres es víctima de la violencia doméstica. En 2017, el Parlamento de Túnez aprobó la ley nº 58, la primera ley nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual abarca la violencia física, emocional, sexual y económica. Sin embargo, durante la pandemia, el acceso de las mujeres a la justicia se ha visto seriamente limitado por la decisión de aplazar todos los procesos judiciales durante el confinamiento. Esto ha tenido consecuencias importantes para los casos de derecho de familia y violencia doméstica.

De hecho, el aumento de la violencia doméstica durante el confinamiento se debe en parte a la falta de servicios disponibles, según explica Ahlem Belhadj, psiquiatra y secretaria general del sindicato de personal médico (Syndicat des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires) que se ocupa de esta cuestión en la organización de derechos de la mujer Association tunisienne des femmes démocratiques (ATFD).

“Túnez se enorgullece de decir que cuenta con 126 unidades especializadas [de policía] para casos de violencia contra las mujeres y los niños, pero durante la pandemia fueron redistribuidas y, por consiguiente, se redujo el número de agentes que trabajan en este ámbito”, dice, añadiendo que el confinamiento también impidió a las mujeres desplazarse para pedir ayuda. “[La policía] no trabajó para luchar contra la violencia, sino para vigilar que se cumpliera el confinamiento”.

Según Belhadj, cuando las mujeres lograban acceder a un servicio –como una comisaría o un hospital– a menudo no eran atendidas, ya que el personal tenía miedo de contraer la covid-19 y la violencia contra las mujeres “no se consideraba tan urgente” como la pandemia. Tras recibir presión de la sociedad civil, los tribunales civiles de Túnez empezaron a aceptar de nuevo casos a partir de mayo.

El caos provocado por la crisis también ha ralentizado los progresos de Túnez hacia la ratificación del histórico Convenio nº 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Naima Hammami, subsecretaria general de la central sindical nacional de Túnez (UGTT) y la primera mujer miembro de su consejo ejecutivo, dice que el ministro tunecino de Asuntos Sociales dijo en 2019 que Túnez sería “el primer país en ratificar el Convenio nº 190”. Sin embargo, Túnez perdió la carrera en junio ante Uruguay y Fiyi, que son por el momento los dos únicos países que han ratificado el histórico tratado internacional, que establece normas jurídicas internacionales para prevenir y responder a la violencia y el acoso en el trabajo. Respecto de la promesa del Gobierno de Túnez, el proyecto “se ha aparcado”, ya que el Gobierno se esfuerza por lograr la estabilidad política y gestionar la pandemia. “Es una situación de crisis”, se lamenta Hammami.

Sin embargo, los sindicatos continúan haciendo presión en favor de la ratificación del Convenio nº190 mediante campañas de sensibilización, el seguimiento de todos los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, la labor de presión para que se incluya el convenio en los convenios colectivos y la preparación y finalización de informes periódicos para el Gobierno de Túnez y la OIT, entre otras medidas.

Trabajadoras de la salud en primera línea

Los trabajadores sanitarios han estado en primera línea durante la pandemia. No solo están más expuestos a infectarse por el virus –y son estigmatizados por ello–, sino que, en Túnez, también son más vulnerables a la violencia física y el acoso, los cuales afectan de forma desproporcionada a las mujeres, que son percibidas como “un blanco fácil” y también ocupan la mayoría de los puestos de trato directo con los pacientes. Según un estudio de 2018, las mujeres constituyen el 50% de los médicos, el 72% de los graduados en farmacia y el 64% del personal de enfermería en Túnez.

La violencia contra el personal médico es anterior a la pandemia. Según una encuesta realizada en 2019 a 202 enfermeros en tres hospitales de Túnez, el 75% de ellos había experimentado conductas agresivas. Sin embargo, Donia Remili, la psicóloga e investigadora de la Universidad de Túnez que realizó la encuesta, dice que durante la primera ola de la pandemia disminuyó la violencia contra el personal médico porque se suspendió toda la atención hospitalaria no urgente y el número de casos de coronavirus fue bajo gracias a las medidas estrictas impuestas por el Gobierno. “Además, todo el mundo reconocía que los trabajadores que prestaban asistencia eran ‘héroes’ y los pacientes eran más comprensivos”. No obstante, durante la segunda ola, en ciertos hospitales, sobre todo los que carecían de recursos, se observó un aumento de la violencia, según Remili, quien considera que esto se debe a la “falta de material, la falta de personal, la tensión y el estrés a causa de la propagación alarmantemente rápida del virus”.

La violencia contra el personal médico es especialmente habitual durante el triaje, cuando los pacientes esperan para pasar a la consulta. “En una situación de pandemia todavía tenemos que hacer un mayor triaje entre pacientes, para separar a los que tienen el virus de los pacientes de riesgo”, dice Jed Henchiri, presidente de la Organisation tunisienne des jeunes médecins (asociación de médicos jóvenes).

“Los servicios públicos se han deteriorado tanto que el ciudadano, cuando viene al hospital y no encuentra el servicio que necesita, en lugar de atacar al Estado decide atacar a las personas [inocentes] que están ahí”, dice Belhadj (ATFD), añadiendo que esta violencia aumenta en una situación de crisis.

En un ejemplo reciente, un grupo armado con cuchillos irrumpió en el hospital de Rabta, en Túnez, agredió a un enfermero y un médico y destrozó equipos médicos después de que el personal médico no lograra reanimar a un paciente de 94 años. Equal Times también habló con una doctora de 33 años en Túnez (quien pidió que no se publicara su nombre) que dice que recientemente formó parte de un equipo de respuesta rápida que fue amenazado violentamente por un grupo de 10 hombres cuando se pidió al equipo que acudiera al domicilio de un paciente muy enfermo. “Recibo insultos y amenazas a menudo, pero nunca había temido por mi vida antes de esa ocasión” dice.

La violencia de género no es un problema que solo afecte a Túnez, pero al ser uno de los países que ha contraído compromisos jurídicos muy firmes para combatirlo, los activistas piden al Gobierno que cumpla sus promesas, en particular en lo que respecta a la ratificación del Convenio nº 190. “El valor del convenio radica en sus fundamentos y su ámbito de aplicación, que buscan proteger a los trabajadores y las trabajadoras y las personas en el mundo del trabajo en todos los sectores”, escribe Emna Aouadi, vicesecretaria general de la federación de docentes de educación primaria y miembro de la Oficina nacional de trabajadoras de la UGTT, en un artículo publicado recientemente por la Internacional de la Educación. “También preconiza la prevención, que consiste en concienciar a los empleadores, los trabajadores y sus representantes sobre el acoso y la violencia en el trabajo y proporcionarles un marco orientado a la acción para identificar, prevenir y gestionar los problemas de acoso y violencia en el trabajo”.