Por David Bacon

Los sindicalistas en Colombia siguen siendo asesinados a pesar de los compromisos asumidos en el marco del Plan de Acción Laboral (LAP, por sus siglas en inglés) concertado con el Gobierno de los EE.UU.

Ocho miembros del Congreso estadounidense anunciaron en septiembre que, si bien se habían registrado progresos en los 17 meses transcurridos desde la firma del acuerdo, “se necesita más trabajo para asegurar que los objetivos se conviertan en realidad”.

En ese acuerdo sobre derechos laborales firmado entre el Presidente Santos y el Presidente Obama en abril de 2011, se preveía la adopción de medidas de protección para los sindicalistas y de contención de la violencia antisindical. Esta era una condición esencial para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países por el Congreso de los Estados Unidos.

Según datos estadísticos proporcionados por la Escuela Nacional Sindical, el principal observatorio de las cuestiones laborales en Colombia, 34 sindicalistas han sido asesinados y otros 485 dirigentes sindicales han recibido amenazas de muerte desde que el LAP entró en vigor.

“Aunque el Plan de Acción Laboral incluía medias importantes, su alcance era demasiado limitado”, informó en julio de 2012 la AFL-CIO, la mayor federación sindical de EE.UU. “No ha podido resolver ni las graves violaciones de los derechos sindicales ni la continua violencia y amenazas contra los sindicalistas y defensores de los derechos humanos”.

“Además, el Plan no contenía ninguna disposición específica que exigiera a Colombia que estableciera un registro estable, fiable y medible del cumplimiento de los diferentes compromisos antes de la votación en el Congreso de EE.UU. o desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC)”, concluyó.

Vía libre para la reanudación de la violencia

En noviembre de 2011, seis meses antes de que los Estados Unidos dieran el visto bueno a Colombia para la entrada en vigor el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, los paramilitares irrumpieron en el domicilio de Juan Carlos Galvis en Barrancabermeja.

Una pareja de asaltantes vestidos de negro colocaron una pistola en la cabeza de la hija de Galvis y le dijeron a su madre que la matarían. Otro de sus hijos fue atado y amordazado.

Luego, la pareja exigió que se le dijera dónde se encontraban Galvis y su hijo. Cuando la familia respondió que no lo sabía, rociaron con pintura en aerosol la cara y el cabello de la mujer de Galvis, Mary Jackeline Rojas Castañeda, activista de la Organización Femenina Popular.

No era la primera vez que los militares buscaban a Galvis y a su colega, William Mendoza. Como líderes de SINALTRAINAL, el sindicato de las plantas embotelladoras de Coca Cola en Colombia, ambos habían sido amenazados y agredidos durante años.

En 2003, el vehiculo de Galvis recibió varios impactos de balas después de haber recibido amenazas de un grupo de paramilitares llamado “Muerte a los sindicalistas.” La esposa de Mendoza había logrado burlar un intento de secuestro de su hija más joven en un parque público el año anterior.

Después de ese episodio, Mendoza trasladó a su familia fuera de la ciudad, lo que hizo también Galvis tras la agresión en su domicilio. Pero ellos se niegan a abandonar Barrancabermeja.

Ambos afirman que la puesta en marcha del TLC ha dado al gobierno de Colombia manos libres para poder reanudar los ataques contra los sindicalistas, a pesar de las promesas de protección del Plan de Acción Laboral.

El 14 de diciembre, un mes después de la agresión en el domicilio de Galvis, los dos dirigentes fueron acusados de “terrorismo,” como consecuencia de la explosión, 14 años antes, de una bomba en la planta embotelladora local. Los testigos que figuran en la lista del fiscal son todos paramilitares, en la cárcel por el asesinato de militantes sindicales y activistas de movimientos sociales.

“Una vez que se firmó el acuerdo, el gobierno dejó de temer que el Congreso norteamericano votara en contra de ellos,” dice Mendoza. “El gobierno colombiano ya ha utilizado acusaciones falsas contra nosotros en el pasado. Pero si no encarcelan esa vez, nunca saldremos vivos.”

Control de los paramilitares

Tres hombres acusan a Galvis y a Mendoza. Uno de ellos, Rodrigo Pérez Alzate, comandante de un grupo paramilitar denominado “Bloque Central Bolívar,” se encuentra detenido tras haber confesado 45 asesinatos. Pérez afirma que Galvis es un simpatizante de los grupos guerrilleros, una acusación que siempre se ha usado contra los sindicalistas para convertirlos en objetivos militares.

El segundo, Wilfred Martinez Giraldo, estaba a cargo de los paramilitares de Barrancabermeja. El tercero, Saúl Rincón, que trabajaba como guardia en una planta embotelladora, acabó en la cárcel tras asesinar al tesorero de la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja.

“Dicen,” explica Mendoza, “que la bomba fue probablemente obra del EPL (uno de los grupos guerrilleros de Colombia) y que fue utilizada por el sindicato para presionar a la empresa para que hiciera concesiones. En realidad, ese año fuimos nosotros los que tuvimos que hacer concesiones para evitar que la empresa cerrara la planta. No tuvimos nada que ver con la explosión de la bomba ni teníamos nada que ganar de ella. La acusación fue fraguada años después, así que no tiene sentido.”

Los grupos paramilitares han estado estrechamente vinculados al ejército y al gobierno de Colombia durante dos decenios. En teoría, fueron desmovilizados en 2004 y 2005. Pero en su lugar se han formado nuevos grupos como los "Rastrojos". En Barrancabermeja, los habitantes dicen que actúan de la misma manera que los antiguos paramilitares y tienen el control de amplios sectores de la ciudad.

El 17 de agosto, los Rastrojos distribuyeron un impreso en el que anunciaban: “No estamos jugando. Este es nuestra última advertencia a las organizaciones guerrilleras que se esconden detrás de la retórica de los defensores de los derechos humanos”.

Se refirieron específicamente a SINALTRAINAL y advirtieron: “declaramos que nuestro objetivo es la pena de muerte. Tenemos bien identificado al líder guerrillero William Mendoza.”

En los últimos veinte años, otros líderes de SINALTRAINAL han sido asesinados, como Isidro Segundo Gil, José Avelino Chicano y Oscar Darío Soto Polo.

Al comprobar que los tribunales de Colombia no castigarían a los asesinos, SINALTRAINAL acudió al tribunal federal de EE.UU. en Florida en 2000 junto con la organización United Steel Workers y el Fondo Internacional de Derechos Laborales, presentando acusación contra Coca Cola en virtud de la Ley de los Estados Unidos sobre las acciones de responsabilidad por actos delictivos entabladas por extranjeros.

Finalmente, el tribunal de Florida resolvió que Coca Cola no controlaba sus embotelladoras en Colombia. El caso sirvió, no obstante, para presionar a los negociadores del Tratado de Libre Comercio para que se introdujeran medidas para poner fin a los asesinatos, el Plan de Acción Laboral.

Candidatos para el asesinato

Numerosos sindicatos en el terreno confirman que el LAP no ha parado las matanzas. Jhonsson Torres, miembro del sindicato de cortadores de caña SINALCORTEROS, en una audiencia en Washington DC en junio declaró que Daniel Aguirre, el secretario general del sindicato, había sido asesinado el 27 de abril.

“Después de una huelga de dos meses que organizamos para mejorar nuestras condiciones de trabajo, el gobierno colombiano acusó a varios de nosotros y a nuestros simpatizantes de conspiración y sedición,” indicó.

Cinco miembros de FENSUAGRO, el mayor sindicato de trabajadores dela agricultura de Colombia, fueron asesinados en Cauca. Los ataques contra FENSUAGRO han sido tan violentos que Leo Girard, presidente de la United Steel Workers, escribió una carta al gobierno de Colombia en nombre de su sindicato y el sindicato británico UNITE exigiendo que tomara las medidas necesarias.

FENSUAGRO está en el punto de mira, dijo Girard, “debido a su activismo sindical y su pacifismo. Parece ser que, en algunos casos, el propio ejército colombiano ha participado en esa violencia.”

Para Edgar Paez, responsable internacional de SINALTRAINAL, “los paramilitares son una iniciativa del Estado para proteger a las empresas multinacionales presentes en Colombia. Todo el que alce la voz en su contra o tenga otra opinión es candidato para el asesinato.”

El objetivo, dice, es desarrollar “un entorno mucho más favorable para la explotación de nuestros recursos naturales y nuestra mano de obra.”