Argentina: ¿Qué supone el triunfo de Macri para los derechos sindicales y sociales?

El 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri se convirtió en Presidente de Argentina, poniendo fin a 12 años de hegemonía política por parte de la pareja integrada por Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Macri, antiguo empresario y quien fuera Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante dos períodos con el partido de centro-derecha Propuesta Republicana (PRO), sorprendió a muchos con su ajustada victoria sobre el candidato kirchnerista Daniel Scioli en una segunda vuelta.

Su mensaje de cambio –la coalición que lidera se denomina Cambiemos– llegó a los votantes que buscaban a alguien que pudiera insuflar nueva vida a una economía estancada y ofrecer una alternativa al combativo estilo de liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero tras una campaña electoral que aportó muy pocas precisiones, permanecen las interrogantes sobre lo que supondrá la llegada del ‘Macrismo’ para los derechos sindicales y sociales, dos áreas clave durante esta última década.

Según Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el nuevo Gobierno encontrará una sólida resistencia si pretende introducir políticas que socaven los derechos de los trabajadores, recuperados durante el kirchnerismo.

“[Macri] tiene que entender que el movimiento obrero organizado es muy fuerte aquí”, afirma Aguirre en declaraciones a Equal Times, señalando que Argentina es uno de los tres países con mayor tasa de sindicalización en Sudamérica. “Sin duda habrá conflictos si intenta revertir algunos derechos de los trabajadores, especialmente aquellos considerados como fundamentales por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una de las principales preocupaciones sindicales es el hecho de que se hable de una inminente devaluación y austeridad fiscal, lo que podría tener un impacto significativo sobre el poder adquisitivo y la seguridad del empleo. Aguirre estima que cerca de 95.000 funcionarios del Estado tienen de momento contratos temporales de un año de duración, habiendo pocas indicaciones de si serán renovados por el nuevo Gobierno.

Y aunque la tasa de desocupación se sitúa en un nivel históricamente bajo del 5,9%, según cifras oficiales contestadas, alrededor de una tercera parte de la mano de obra del país labora en la economía informal.

El nuevo Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ha intentado tranquilizar a los trabajadores. Indicó que el Gobierno tiene previsto aumentar el mínimo no imponible de ganancias, así como la aportación de nuevos beneficios asistenciales y jubilaciones. Además se comprometió a mantener las negociaciones colectivas respecto a los salarios, pero al mismo tiempo pidió a los gremios que den muestras de moderación mientras el Gobierno se esforzará por reducir la inflación y atraer inversiones.

“Vamos a trabajar en pos de un acuerdo social, entendiendo que trabajadores, empresarios y el Estado encuentren ámbitos en los que todos podamos poner el hombro para ayudar a hacer crecer la economía” dijo Triaca en una entrevista concedida al diario Cronista.

Aguirre afirma que la CTA intentará dialogar con el nuevo Gobierno, aunque se muestra cauteloso teniendo en cuenta el historial de Macri y la inclusión de varios empresarios en su nuevo Gabinete.

“El Estado no puede funcionar como un negocio”, señala, haciéndose eco de la advertencia reciente de la anterior Presidenta Fernández. “Un enfoque empresarial implicaría reducir la talla del Estado para reducir costos, pero hacerlo costaría vidas, especialmente las de los niños”.

 

Una sociedad cambiada

Otro legado del kirchnerismo es la ampliación de derechos sociales relacionados con la identidad sexual y la diversidad.

Bajo la presidencia de Cristina Fernández, Argentina se convertiría en 2010 en el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dos años más tarde se aprobó la Ley de Identidad de Género, pionera en el mundo, que le otorga a toda persona el derecho a adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin necesidad de recurrir a la justicia.

Según la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), se han beneficiado ya de estas leyes unas 12.000 parejas de personas del mismo sexo y 6.000 transexuales. También desembocaron en otras medidas más recientes como la eliminación de las restricciones para que los homosexuales puedan donar sangre y la mejora del acceso a servicios médicos para la comunidad transexual.

Los legisladores del partido PRO de Macri en muchos casos no apoyaron estas leyes, pero el presidente electo tampoco ha bloqueado activamente las políticas progresistas. El Presidente de la FALGBT, Esteban Paulón, indicó que se trata de un cambio fundamental en el pensamiento social, y que deberían salvaguardarse los recientes avances, incluso bajo un Gobierno conservador.

“Todas estas leyes fueron aprobadas con un amplio consenso y apoyo, y ahora han sido ya adoptadas por la sociedad”, explica Paulón a Equal Times. “Hoy en día sería impensable que cualquier Gobierno proponga que se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo o que se impida a las parejas homosexuales que adopten niños”.

Cita el ejemplo de la Vicepresidenta electa, Gabriela Michetti, que votó contra las leyes pero manifestó arrepentirse de ello durante la reciente campaña electoral, como prueba de que una sociedad cada vez más progresista establece los términos para tratar las cuestiones de género.

“No creo que vaya a darse el escenario catastrófico de una vuelta atrás respecto a las leyes que ya se han aprobado”, indica Paulón. “Pienso que se mantendrán, pero queda aún por verse lo que ocurrirá con otras cuestiones que se están desarrollando ahora y aquellas que todavía tienen que incorporarse en la agenda pública”.

Algunas de las demandas clave que la FALGBT y otras organizaciones de la sociedad civil tienen para la Administración Macri incluyen nueva legislación para combatir la discriminación –particularmente relevante tras el reciente asesinato de la activista transexual Diana Sacayán– y la incorporación de cuestiones relativas a la diversidad sexual en el programa nacional.

“Consideramos que hay todavía muchos asuntos pendientes y si no continuamos avanzando, representará un paso hacia atrás”, concluye Paulón.

 

Aborto: la pieza que falta

Una cuestión donde hay pocas esperanzas de cambio es respecto al aborto, que continúa siendo ilegal en base al código penal argentino, excepto en caso de violación o atentado al pudor cometido sobre “una mujer idiota o demente” o cuando el embarazo represente un peligro para la vida o la salud de la madre.

A pesar de las crecientes presiones por parte de la opinión pública y de una serie de campañas de Amnistía Internacional, el tema no ha sido debatido en el Congreso. Se enfrenta además a una fuerte oposición entre los líderes de PRO: apenas unos días antes de la elección presidencial, Macri utilizó Twitter para distanciar a su partido de las declaraciones realizadas por uno de sus principales asesores de campaña a favor de la legalización del aborto.

Además, el Ministro de Salud entrante, Jorge Lemus, quien ocupara el mismo cargo bajo el Gobierno regional de Macri en Buenos Aires durante cerca de cinco años, dimitió en 2012 tras haber sido duramente criticado por no acatar una sentencia de la Corte Suprema que acordaba a todas las víctimas de violación el derecho a abortar sin quedar supeditadas a un complicado trámite judicial.

La resolución firmada por Lemus, imponiendo restricciones adicionales a las premisas de aborto no punible en la capital, sería posteriormente rechazada por los tribunales locales. Se aprobó una nueva ley en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2012, siendo vetada por Macri poco después.