Son las cuatro de la mañana y una lluvia intensa lava las desiertas calles de Al Midiah, un pueblo situado al oeste de Ramala. Entre las casas de piedra, un minibús blanco avanza en la oscuridad hacia los olivares, en la salida occidental del pueblo. El vehículo frena bruscamente y una docena de jóvenes desciende y aprieta el paso sobre la tierra mojada de un camino flanqueado de chumberas. Mohammad, el más alto, tiene 33 años, lleva una mochila en la espalda, la cabeza cubierta por una capucha y un paquete de cigarrillos en la mano. Estos jóvenes palestinos intentarán atravesar clandestinamente la Línea Verde que separa la Cisjordania ocupada de Israel. El muro de hormigón de separación israelí termina justo antes de Al Midiah. A partir de ahí, la Línea Verde se transforma en una alambrada que atraviesa el valle y los trabajadores la agujerean constantemente para poder cruzar, aún a riesgo de encontrar al ejército israelí patrullando del otro lado.

A tres kilómetros de Al Midiah, en la aldea de Ni’lin, varios trabajadores palestinos, estos sí con permiso de trabajo, se reúnen para desayunar en la única tienda abierta al amanecer, antes de dirigirse al puesto de control y cruzar a Israel. Uno de ellos, Saná, de 23 años, acaba de obtenerlo hace tres días, a través de su empleador.

“Soy estudiante de contabilidad en la Universidad Libre de Jerusalén. Llevo dos años comprometido y debo ahorrar para mi boda, así que trabajé en Israel clandestinamente durante un año, hasta que encontré otro empleador que solicitó el permiso por mí. Es la primera vez que lo voy a usar”, explica.

Según datos de la Oficina Central de Estadística de Palestina (PCBS), a finales de 2019, casi 135.000 palestinos estaban empleados en el mercado laboral israelí. Más de la mitad de ellos trabaja en el sector de la construcción (65%), y el resto en la agricultura o los servicios. Estas cifras incluyen a quienes trabajan en los asentamientos israelíes implantados en Cisjordania y dentro del Estado de Israel. A pesar de que, en virtud del derecho internacional, se trata de asentamientos ubicados ilegalmente en el territorio palestino ocupado desde 1967, Israel los considera parte integrante de su economía. También para trabajar allí, los trabajadores palestinos deben obtener un permiso. Sin embargo, casi el 20% de los trabajadores palestinos, tanto en Israel como en los asentamientos, carece de permisos, cifra que en 2019 representaba a cerca de 27.000 trabajadores.

El mercado negro de permisos

No resulta fácil obtener este permiso, que expide el ejército israelí por motivos de “seguridad”, sobre todo para los jóvenes, solteros y residentes en las zonas con más activismo político. Esto motiva a las mujeres, en especial a las madres, a solicitar permisos de trabajo para mantener a sus familias. Es el caso de Randa Mansour, de 52 años, que trabaja en un restaurante israelí situado en un asentamiento cercano a su pueblo. “Mi esposo es electricista, mi hijo mayor es bombero, pero tengo aún dos hijas en la universidad y un hijo en el colegio”, dice a Equal Times. “Con los salarios de mi esposo y de mi hijo no nos llega para cubrir todos los gastos, así que hace dos años solicité un permiso de trabajo en el asentamiento”.

A pesar de su juventud, algunos trabajadores acumulan mucha experiencia. Sanad, por ejemplo, explica que “si tienes un permiso, puedes ganar hasta 400 shekels (100 euros, 117 USD) por una jornada de ocho horas, pero solo si eres especialista, del alicatado o del ladrillo, por ejemplo. Pero un peón, como yo, gana entre 200 y 300 shekels (50 a 75 euros, 59 a 88 USD)”. Para muchos, esto es más de que lo que encontrarían en el mercado de trabajo palestino. Según la Oficina de Estadística palestina, el salario bruto medio diario de los trabajadores palestinos en Israel y los asentamientos es, de hecho, entre 255 y 261 shekels (64-65 euros, 75-76 USD), pero se aplican deducciones significativas de cotizaciones y tasas. Además, los salarios de los palestinos suelen ser más bajos que los de los israelíes, por un empleo equivalente.

La ventaja sustancial que a pesar de todo confiere el permiso, ha creado un mercado negro manejado por algunos comerciantes, que ofrecen su garantía a los trabajadores a cambio de grandes sumas de dinero. Esto representa hasta el 30% del total de los permisos. Hussein Al Beik, asesor jurídico de la Federación General de Sindicatos Palestinos, dice que “algunos intermediarios se aprovechan de la necesidad del permiso y cobran a los trabajadores hasta un tercio de sus ingresos”.

“Se trata de especuladores palestinos que contratan como intermediarios. Un empleador que sólo necesita diez trabajadores pide permisos para cincuenta, luego los vende a través de uno de estos especuladores y se reparten la ganancia”, dice Mahmoud Ziadeh, cofundador de la Unión de Sindicatos Independientes de Palestina.

Este sistema deja a los trabajadores a merced de su empleador y les impide reclamar sus derechos sociales. Sin embargo, en diciembre de 2020 entrará en vigor una nueva legislación para expedir permisos que no estarán ligados a un solo empleador.

“Los mercaderes de permisos son unos ladrones. Nos chupan la sangre. Uno de ellos me hizo pagar 2.600 shekels (650 euros, 761 USD) por un permiso. Tuve que pagarle 150 shekels cada día, trabajase o no. Por eso ahora prefiero pasar clandestinamente”, dice Mohammad, sentado en el piso de cemento de una casa en construcción en Al Midiah, donde los trabajadores están refugiados esperando el momento adecuado para cruzar. Mientras habla, tres adolescentes deciden arriesgarse una última vez.

Mientras tanto, en el puesto de control de Ni’lin, Sanad se apresura a colocarse lo mejor posible en la cola para pasar el control de permisos. “Cuando paso, tomo el autobús a Tel Aviv, donde me recoge mi empleador”. Son dos horas de ida y dos de regreso, todos los días. A veces más, si surge algún problema en el punto de control. “Los empleados israelíes lo tienen justo al lado, no necesitan despertarse tan pronto como nosotros”. Pero esta no es la única ventaja de los empleados israelíes. “Ellos tienen seguridad social”, añade Sanad, “nosotros, no”.

Trabajar sin protección

En la presentación de un informe de la OIT sobre la situación de los trabajadores de los territorios árabes ocupados, publicado en mayo de 2020, el director general de la organización, Guy Ryder, escribe: “El mercado laboral palestino sigue presentando una imagen desoladora, marcada por un desempleo galopante y una protección deficiente. Asfixiado por la ocupación, no logra atender ni las necesidades ni las aspiraciones del pueblo palestino”.

A pesar de que los trabajadores palestinos no se benefician desde hace años de la seguridad social, el Estado de Israel cobra las cotizaciones ligadas a sus salarios. Estas cotizaciones incluyen el llamado “impuesto de igualdad”. Según el Protocolo Económico de París, firmado entre la Autoridad Palestina e Israel en 1994 a raíz de las negociaciones de Oslo, el Estado hebreo debía transferir al Gobierno palestino las cotizaciones a la seguridad social. Pero la creación de un sistema de seguridad social palestino está encontrando innumerables obstáculos. Ante la falta de organismo para administrar dichos fondos, Israel nunca transfirió estas contribuciones que, según el Instituto Palestino de Estudios Económicos (MAS), ascendieron entre 2006 y 2013 a 169,2 millones de dólares (198 millones de euros).

Hasta 2019, Palestina no aprobó la creación de un fondo para la seguridad social. Pero las protestas multitudinarias que ha desatado esta ley, han llevado al Gobierno palestino a suspender su aplicación.

“Los movimientos sociales han rechazado la ley porque desconfían de las personas a las que quieren encomendar el fondo. La ley estipula que el fondo sea una empresa privada”, subraya Mahmoud Ziadeh, “además, según la ley, es preciso cotizar durante 15 años, para recibir un mísero 30% de lo que uno ha contribuido. Para los trabajadores, la mayoría de los cuales gana menos de 2.000 shekels (500 euros, 585 USD) al mes, significa seguir siendo pobres el resto de sus vidas, para al final solo obtener migajas”. Y concluye: “el resultado es que no tenemos seguridad social y los trabajadores palestinos siguen desprotegidos”.

Entre las retenciones a los salarios de los trabajadores palestinos en Israel y los asentamientos se encuentra la destinada a la cobertura sanitaria, de la que teóricamente pueden beneficiarse aquellos trabajadores que tengan permiso. Pero, según el diario israelí Haaretz, la prestación por enfermedad se pagó a menos del 1,5% de los trabajadores palestinos, a fecha de noviembre de 2019. La suma de estas retenciones alcanzó en 2019 los 515 millones de shekels (129,5 millones de euros, 151 millones de USD). Según Mahmoud Ziadeh, “esta acumulación se debe a dos factores. Por un lado, la dificultad de los procedimientos burocráticos que hay que cumplimentar para beneficiarse de este seguro y, por otro, la ignorancia de muchos trabajadores de la existencia de este fondo”. “Si enfermo, pierdo un día de trabajo y nadie me lo va a pagar”, dice Sanad.

La cobertura médica en caso de accidente es el único impuesto realmente efectivo y se transfiere mensualmente a un fondo palestino. Pero, de nuevo, no protege a quienes no están declarados. “Es el caso de Ahmed Shalash, un joven de la aldea de Shuqba que trabajó conmigo en Jerusalén Occidental sin permiso”, dice Mohammad. “Se cayó del cuarto piso y está en coma en este momento”. Saleh Shalash, padre de Ahmed y obrero desde hace 22 años, cuenta a Equal Times: “Ese mismo día yo estaba trabajando en Tel Aviv con un permiso. Uno de los compañeros de Ahmed, me llamó para decirme que fuera al hospital de Jerusalén. Los médicos me dijeron que sólo le quedaban cinco horas de vida. Pensé que iba a perder a mi hijo, empecé a gritar”.

El empleador de Ahmed era una empresa de construcción israelí que lo contrató sin permiso, junto a otros cuatro jóvenes de su aldea, que resultaron todos heridos en el mismo accidente. “El empleador ni siquiera hizo una llamada para averiguar cómo se encontraba Ahmed. El abogado a quien confíe el caso me dijo que la empresa había cambiado de nombre. No puedo demandarla ni tocar el seguro médico. Firmé papeles de autorización en el hospital, y ahora no sé cómo lo voy a pagar. La única esperanza que me queda en este momento es que mi hijo sigue vivo, a pesar de estar en coma”, dice el padre de familia. Según la Federación General de Sindicatos Palestinos, 24 trabajadores palestinos han muerto en accidentes laborales en Israel desde principios 2020.

La pandemia agrava la situación de los derechos laborales

La cuestión de los trabajadores palestinos en Israel y los asentamientos llegó a la atención de la opinión pública en Palestina al inicio de la crisis sanitaria del coronavirus. Cuando el virus se propagó por Israel en marzo pasado, el Gobierno palestino pidió a los trabajadores palestinos que no fueran a trabajar del lado israelí. Al mismo tiempo, sobre el terreno se pudo constatar que el ejército israelí había dejado desatendidos varios puestos fronterizos –lo que implícitamente suponía una invitación de entrada a los trabajadores ilegales–. “Durante las primeras semanas, fue un caos en la alambrada, había tanta gente atravesándola que llegábamos a hacer cola”, explica Mohammad. Para Mahmoud Ziadeh, “Israel debía mantener en marcha su economía y al mismo tiempo contener la pandemia. Así que, al principio, dejaron entrar a los trabajadores palestinos”.

El 19 de marzo, el Gobierno israelí autorizó a los trabajadores que lo quisieran, pernoctar en su lugar de trabajo. Pero a quienes optaban por regresar a sus hogares, en Cisjordania, se les prohibía ir y venir, por lo tanto, regresar significaba de hecho perder sus puestos de trabajo. “La excusa de la seguridad que Israel viene esgrimiendo desde hace décadas para impedir que los trabajadores se alojen detrás de la Línea Verde, se esfumó de un día para otro. De repente, y en plena pandemia, Israel ya no temía a los palestinos. Tendremos que recordar esto la próxima vez que Israel mencione esta excusa”, subraya Mahmoud Ziadeh.

Al comienzo de la pandemia, 75.000 palestinos tenían un empleo estable y regular en Israel y los asentamientos. Tras las restricciones a los desplazamientos impuestas por Israel, este número bajó a 19.000 a mediados de abril, según el Instituto de Estudios Palestinos.

Las mujeres fueron las primeras en sacrificar su empleo y quedarse en casa. “No podía quedarme en el asentamiento. Allí no tengo donde alojarme y, además, tengo hijos y responsabilidades en casa”, explica Randa Mansour. “No he recibido ninguna compensación, ni ayuda, ni cobertura. Entre marzo y junio dejé de tener ingresos y nuestro presupuesto familiar se resintió”.

Lo mismo le sucedió a Sanad: “Durante estos tres meses, incluida la fiesta del Ramadán, viví de mis ahorros. Si no los hubiera tenido, no habría habido pan en casa de mis padres”. Mohammad decidió permanecer en Israel y mantener su empleo: “Trabajábamos unos 15 en la obra, en Jerusalén Occidental. Por la noche nos quedábamos allí y dormíamos en el suelo, bajo el techo de ladrillo aún sin cimentar, apoyado en andamios”, explica a Equal Times. “Otros albañiles de edificios ya construidos pudieron dormir sobre colchones, pero sin calefacción, sin cocina ni aseos. No podíamos salir y pasábamos todo el tiempo en la obra. Los empleadores israelíes se marchaban a casa”.

A estas condiciones límite que padecieron los palestinos hay que añadir su miedo infectarse con el virus. El caso de un trabajador palestino sin permiso, literalmente arrojado por la policía israelí el 23 de marzo en el puesto de control de Beit Sira, cerca de Naplusa, causó conmoción. Este joven mostraba síntomas de fatiga y fiebre, lo que alarmó a su empleador israelí. El incidente puso de relieve la inmensa precariedad de estos trabajadores y la falta de consideración hacia ellos.

Sin embargo, mostró la necesidad de nuevas medidas coordinadas. El Gobierno israelí acabó por obligar a los empleadores, en mayo de 2020, a proporcionar un seguro médico a los trabajadores palestinos, entre otras medidas sanitarias de emergencia aprobadas. Para hacer frente al desempleo, el Gobierno palestino ha creado un fondo de ayuda a los afectados económicamente por la pandemia, apelando a donaciones. Su objetivo inicial era recaudar 20 millones de dinares jordanos (23,7 millones de euros, 28 millones de USD). En julio, sin embargo, el fondo sólo había recaudado 12 millones de dinares, distribuidos, según el Gobierno palestino, a 35.000 palestinos, en su mayoría trabajadores. La ayuda otorgada a cada beneficiario fue de 700 shekels (175 euros, 205 USD). Para Randa Mansour, “700 shekels pueden ayudar durante una o dos semanas. Pero para un período de tres meses, no es nada. Yo lo solicité, de todos modos, pero no me la concedieron”.

En un segundo intento de abordar la crisis que está afectando también a la economía palestina, el Gobierno palestino ha firmado un acuerdo con la Federación de Sindicatos, que ha establecido una célula de crisis, según la cual el sector privado afectado por las restricciones sanitarias debería pagar la mitad de los salarios de marzo y abril, con un mínimo de 1.000 shekels (250 euros, 293 USD). Sin embargo, este acuerdo concierne a los empleados del sector privado palestino y no a quienes trabajan en Israel y los asentamientos. “Los sindicatos palestinos no pueden negociar con el Gobierno israelí. Estos trabajadores no han recibido nada durante los meses más difíciles de la pandemia”, subraya Mahmoud Ziadeh,

“No tenemos elección”

El sol se levanta con la llamada a la oración en Al Midiah, mientras Mohammad y sus compañeros se preparan para regresar a casa. Ese día no pasarán a Israel. Un albañil entra en la casa en construcción y les informa: uno de los tres jóvenes que intentaron cruzar poco antes fue atrapado por el ejército israelí. “Le darán un paseo en el jeep antes de arrojarlo en el puesto de control”, bromea Mohammad. “Tiene suerte, es su primera vez. La segunda, le pondrán una multa de 5.000 shekels (1.250 euros, 1.463 USD), como mínimo, y probablemente pasará un mes en la cárcel”.

En tales condiciones, cabe preguntarse por qué miles de jóvenes palestinos continúan tratando de trabajar en Israel y sus asentamientos. Mahmoud Ziadeh tiene una explicación: “Las políticas sociales de la Autoridad Palestina no protegen a los trabajadores. La legislación laboral no es aplicable al 75% de los trabajadores del sector privado, mientras que tres cuartas partes de quienes trabajan en el sector privado palestino cobra por debajo del salario mínimo y no les llega para vivir. Un albañil cobra menos de 100 shekels en Palestina. Antes de la pandemia, ya había 487.000 jóvenes en paro. ¿Qué otra cosa pueden hacer?”.

Sanad sale del puesto de control de Ni’lin con una sonrisa amarga: “Un día más en paro”, exclama. El oficial israelí del puesto de control acaba de revocarle su permiso, sin dar más razones.

Al salir de la casa en construcción, Mohammad, que tampoco trabajará ese día, piensa en el último mensaje que quiere transmitir y concluye con voz seria: “Lo más difícil para nosotros no es el riesgo que corremos al pasar, ni nuestras condiciones laborales. Lo más difícil es que la gente piense que ignoramos que estamos ofreciendo nuestra mano de obra a la Ocupación. Lo sabemos bien, pero no tenemos elección”. Mohammad retoma el camino flanqueado de chumberas para reunirse con sus compañeros y se da la vuelta una última vez: “No menciones mi verdadero nombre, porque mañana volveré aquí”.