Aumenta la precariedad laboral y las muertes en el lugar de trabajo en la Turquía pos golpe de Estado

Aumenta la precariedad laboral y las muertes en el lugar de trabajo en la Turquía pos golpe de Estado

Trabajadores de la construcción posan durante un descanso en el que será el tercer aeropuerto internacional de Estambul (foto del 13 de abril de 2018). La inauguración del nuevo aeródromo está programada para el 29 de octubre de 2018, día en el que se celebra el 95º aniversario de la República Turca moderna. Sin embargo, los investigadores señalan que la presión ejercida sobre los trabajadores para terminar rápidamente proyectos de construcción como este es una de las principales causas del aumento del número de muertes en el lugar de trabajo en Turquía.

(AP/Lefteris Pitarakis)

Las muertes relacionadas con el trabajo han aumentado un 10% desde la promulgación del estado de emergencia que siguió al golpe de Estado fallido de julio de 2016 en Turquía, según un informe de la Asamblea de Salud y Seguridad Laboral de Turquía (ISIG).

Actualmente, en Turquía, existe una fuerte presión para el mundo del trabajo entre las leyes restrictivas exacerbadas por la represión posterior al golpe y el importante impulso gubernamental para los proyectos de construcción, mismos que carecen de supervisión y recurren a trabajadores por un corto período de tiempo. Estos trabajadores temporales son captados a través de redes informales, lo que dificulta hablar de seguridad en el lugar de trabajo.

El año pasado, murieron en este país por lo menos 2.006 personas, entre ellas algunos niños, en accidentes de trabajo, según el informe de ISIG. Sin embargo, esta organización lleva sus propias estadísticas, las cuales difieren de las cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno. En 2016, por ejemplo, la Institución de Seguridad Social de Turquía enumeró 1.405 muertes como resultado de accidentes laborales, en comparación con las 1.970 registradas por la ISIG. Ibrahim Sarikaya miembro de ISIG, afirma que la diferencia en los números se debe a que “existe una gran cantidad de trabajo informal en todos los sectores”.

Casi la cuarta parte de los fallecimientos que se produjeron el año pasado tuvieron lugar en la construcción, un sector que recibe una gran promoción por parte del Gobierno turco a través de proyectos tales como presas y puentes. En junio de 2017, el sector de la construcción empleó a 2,17 millones de trabajadores, un número superior al total de trabajadores sindicalizados en Turquía. “La economía turca se basa en la construcción”, afirma Nursen Gurboga, profesor de historia en la Universidad de Mármara, cuyos trabajos se centran en las políticas laborales.

El partido gobernante Justicia y Desarrollo (AKP) fomenta especialmente los megaproyectos de infraestructura.

El Gobierno turco está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares como parte de Vision 2023, un ambicioso conjunto de proyectos que implican incrementar el PIB del país a 2 billones de USD en un intento por hacer de Turquía una de las diez economías más grandes del mundo.

Solo en Estambul, los proyectos transformadores incluyen un túnel de tres pisos bajo el estrecho del Bósforo para la circulación de automóviles y transporte público, un canal artificial de 45 kilómetros que atravesará el lado europeo de la ciudad y un tercer aeropuerto, que supuestamente albergará la terminal aeroportuaria más grande del mundo. Programado para ser finalizado el 29 de octubre de 2018, el 95° aniversario de la moderna República de Turquía, la construcción del nuevo aeropuerto de Estambul avanza con rapidez pese a los más de 400 trabajadores que se dice han muerto en ese lugar. En los medios de comunicación locales, los trabajadores equipararon este sitio de trabajo con un cementerio.

Ganancias y pérdidas económicas

El 24 de junio de este año se celebrarán las elecciones anticipadas, y los partidarios del presidente Recep Tayyip Erdogan suelen pregonar los logros económicos conseguidos bajo los 15 años de gobierno del AKP. No obstante, pese a invertir en proyectos de infraestructura, la economía turca se debate actualmente entre una lira turca que roza un mínimo histórico frente al dólar y una inflación de dos dígitos.

“El Gobierno del AKP se ha dedicado a revitalizar la economía y se aprecian los resultados de estos grandes proyectos de infraestructura”, comenta Askin Suzuk, investigador principal del sindicato Petrol-İş de trabajadores del petróleo en Turquía.

“Durante diez años, [el Gobierno] ha estado impulsando proyectos de construcción, pero también quiere imprimir mayor rapidez a la producción”, continúa Suzuk. “También se observa un aumento muy importante en el número de trabajadores subcontratados”.

Estos trabajadores no disponen de los mismos derechos o prestaciones que los trabajadores permanentes, y los datos de la ISIG muestran que el 98% de los trabajadores que perdieron la vida en 2017 eran no sindicalizados o temporales.

Gurboga describe la posición de los trabajadores subcontratados como precaria, y señala que “la mayoría se integra en la economía informal. No están registrados, por lo que resulta muy difícil organizarlos en sindicatos". El principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), afirma que el trabajo subcontratado ha aumentado un 500% bajo el AKP, lo que sitúa el número de trabajadores subcontratados en cerca de dos millones de un total de 13,8 millones de trabajadores. Las cifras más recientes de las autoridades públicas sitúan el número de trabajadores sindicalizados en solo 1,7 millones.

Umar Karatepe, portavoz de la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK), señala su discrepancia con el razonamiento del Gobierno según el cual la enorme frecuencia de muertes ocurridas en los sectores de la construcción y la minería se debe a que la naturaleza del trabajo es más peligrosa. En realidad, afirma Karatepe, el interés del Gobierno se centra en terminar las obras rápidamente con el menor número de trabajadores: “Si no tienes seguridad del empleo, tampoco tienes seguridad en el lugar de trabajo”, confió a Equal Times.

Los sindicatos en pie de lucha

A pesar del aumento en el número de fallecimientos de los trabajadores, los sindicatos de Turquía siguen luchando para que los trabajadores puedan recurrir a la justicia y la restitución. Suzuk describió un incidente el año pasado en una fábrica que produce baterías de automóviles. “Había plomo presente dentro de la fábrica porque había un problema de ventilación”, relata. “Nos dirigimos inmediatamente a los jefes [...] y modificaron el sistema de ventilación”.

Cuando los empleadores están dispuestos a trabajar con los sindicatos, pueden introducirse cambios en beneficio de los trabajadores, afirma Suzuk. Sin embargo, cuando se trata de empleadores intransigentes, los sindicatos aparentemente han perdido la capacidad de hacer cumplir lo que Suzuk denomina “el arma más importante” que tienen para hacerse oír por los empleadores: la huelga.

En 1963, en uno de los diversos cambios legislativos que siguieron al golpe de Estado de 1960, el Consejo de Ministros de Turquía obtuvo el poder de “posponer” una huelga hasta 30 o 60 días. Posteriormente, tras otro golpe en 1980, la junta militar consagró este principio en una nueva Constitución. Ahora, el Gobierno puede decidir si las huelgas son una amenaza para la seguridad nacional o la salud pública y suspender temporalmente las que consideran que representan esta amenaza.

Hoy día, aunque las huelgas están permitidas en teoría, señala Suzuk, de hecho han quedado prohibidas desde el último intento de golpe de 2016. Al cabo de un año de dicho intento, el Gobierno había prohibido cinco huelgas, cuando en el curso de los 14 años anteriores solo había suspendido ocho.

“Como [los empleadores] saben que no podemos hacer huelga, no tienen reparo en incumplir los contratos”, afirma. El Gobierno aplica esta prohibición de las huelgas exhortando a “aplazarlas” y obligando al sindicato a negociar con los empleadores durante este período.

“Si [los sindicatos] no llegan a un acuerdo con el empleador, el sindicato pierde entonces su derecho a representar a sus trabajadores en la negociación colectiva”, relata Gurboga.

Ante esta situación, los trabajadores están recurriendo a la ocupación de las fábricas, a reducir el ritmo de producción y otras formas de acción directa. Sin embargo, organizarse puede llamar la atención de las fuerzas gubernamentales. Sarikaya, de la ISIG, ha narrado a Equal Times que “La policía usa bombas de gas para dispersar todo tipo de reunión y cualquier persona puede ser llevada a juicio por el solo hecho de incorporarse a una simple reunión”.

Además, la organización de manifestaciones públicas depende de la atención que logre despertarse en la prensa como elemento de presión contra los empleadores, una táctica que ahora resulta más difícil todavía debido a la represión del Gobierno contra la libertad de prensa y la censura virtual de los medios de comunicación sobre los asuntos laborales.

Ahmet Ozdemir trabaja para el Sindicato de Trabajadores de Servicios Sanitarios y Sociales (SES). Aun cuando reconoce que los ataques del Gobierno contra los trabajadores ya existían antes del estado de emergencia, afirma que en el movimiento laboral en Turquía: “Realmente hemos llegado a un punto de asfixia total”.

En última instancia, las leyes del estado de emergencia, que permiten el despido de trabajadores sin el debido procedimiento, significan que existe menos seguridad para los trabajadores en su lugar de trabajo y que tienen menos formas de recurso. El Gobierno formó una comisión ad hoc para revisar los casos de los trabajadores despedidos en 2017. Recibió más de 38.000 solicitudes en solo un mes. Los perjuicios que representa la espera mientras la comisión estudia los casos y la ausencia de garantías se reflejan en los intentos de los trabajadores por impugnar a las empresas en tribunales inferiores.

Karatepe, de la central DISK, señala que los trabajadores pueden tratar de impugnar los despidos, pero “primero debes ir al arbitraje y luego a los tribunales, con lo cual se pierde mucho tiempo”; un tiempo que muchos trabajadores no pueden permitirse. Según las cifras de DISK, el trabajador medio permanece en el mismo lugar de trabajo solamente de uno a tres años. Con tantos trabajadores yendo de una empresa a otra, existe menos presión para proporcionar condiciones de trabajo seguras y menos capacidad de sindicalización. Los resultados de esta situación son evidentes: un mayor número de trabajadores muertos.

Este artículo ha sido traducido del inglés.