La reforma tributaria, presentada por el Ejecutivo en septiembre y aprobada en el Congreso a comienzos de diciembre, ha provocado una huelga de 3 meses en el sector público, concretamente en la enseñanza. En el punto de mira: el derecho a la huelga y el ‘ninguneo’ de los actores sociales.

El pasado mes de mayo, Carlos Alvarado Quesada se convirtió en el segundo mandatario del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), y lo hizo con el apoyo de otras fuerzas (neoliberales incluidas). Lo hizo además en una elección histórica, altamente polarizada, tras enfrentarse al candidato cristiano Fabricio Alvarado Muñoz, procedente éste de un partido emergente que proponía virar a políticas ultraconservadoras.

Este ambiente de polarización sigue latente en una sociedad dividida por la cuestión de los impuestos, pues, tras apenas cuatro meses de tomar posesión, el equipo económico del Ejecutivo (equipo de corte más neoliberal) presentó el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocido popularmente como Plan fiscal) que desató una ola de huelgas y conflictividad social aún no resuelta a día de hoy.

El proyecto, según el Gobierno costarricense, tendría tres objetivos claros: recuperar la confianza de los mercados internacionales, acabar con la evasión, el contrabando y el fraude fiscal utilizando el IVA como principal herramienta, y sostener los gastos del Estado. El país proyecta un déficit del 7% del Producto Interno Bruto para 2018 y su objetivo es pasar a uno del 3% con la aprobación de dicha reforma.

La necesidad de este proyecto fue discutida por los dos últimos gobiernos, pero tanto la presidencia de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) como la de Luis Guillermo Solís (2014-2018) –este segundo del mismo partido que Alvarado Quesada– no colocaron el controvertido tema en la agenda legislativa.

La oposición asegura que la reforma perjudicará a las clases poco privilegiadas del país, por lo que se ha opuesto a la misma desde su presentación.

La huelga masiva de todo el sector público, iniciada el 10 de septiembre, y el uso de diferentes tácticas dilatorias, como una consulta ante la Sala Constitucional sobre posibles repercusiones del proyecto al funcionamiento del Poder Judicial, han sido algunas de las manifestaciones concretas de esta oposición.

El 23 de noviembre la Sala Constitucional costarricense resolvió que el proyecto no entraba en conflicto con el funcionamiento del Poder Judicial y podía ser votado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Es decir, daba luz verde a su debate y aprobación parlamentaria y negaba que recortar los beneficios salariales del sector judicial podría tener un efecto indeseado: la corrupción de los funcionarios de este sector y la falta de independencia judicial.

De posiciones encontradas…

Nogui Acosta, viceministro de Hacienda de Costa Rica, señaló a Equal Times que la no aprobación del Plan fiscal habría generado una pérdida de confianza en la capacidad del Estado de hacer frente a sus compromisos; seguida de un alza en las tasas de interés y un crecimiento de la inflación. Lo que a su vez generaría un empobrecimiento de la población –cuya una clase media está altamente endeudada, especialmente en dólares estadounidenses–, y un descenso sensible de la capacidad de consumo, entre otros.

“Los análisis que hemos hecho desde el punto de vista de hacienda, y [los análisis] de otros economistas, han señalado que el 80% de la recaudación provendría del 20% más rico de los hogares costarricenses y en este sentido creo que no llevan razón en la crítica, porque cuando se hace una exoneración transversal a la canasta básica se beneficia a ricos y pobres; cuando nosotros planteamos el proyecto nos visualizábamos dentro de un entorno donde pudiéramos tener la trazabilidad como el eje fundamental de la implementación del IVA, por lo que el proyecto cumple con las expectativas”, recalcó el viceministro.

Otras propuestas del Ejecutivo incluyen el recorte y fusión de entidades públicas para frenar el gasto público y un proyecto de ley para gravar las grandes cooperativas.

Edgardo morales, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), expresó enfáticamente que están en desacuerdo con la totalidad del proyecto. A su juicio, el país necesita una reforma fiscal solidaria para el pueblo y construida con todos los actores.

Uno de los problemas adicionales de la reforma, más allá del fondo, es que, denuncian los sindicatos, se ha hecho sin tener en cuenta las propuestas de los diferentes actores sociales.

“La reforma fiscal pone el peso de los impuestos en el consumo afectando a las familias más pobres, no soluciona las causas del déficit fiscal, no obtiene los recursos necesarios para sacar de la crisis fiscal al país, genera más pobreza al elevar el costo de la vida, le quita dinamismo a la economía, ya que disminuye el consumo y aumenta el desempleo, promueve que los grandes capitales no paguen impuestos por vía de exoneraciones, desfinancia el sector público, lo que posiblemente desmejore los servicios públicos y limita el presupuesto de los programas sociales para pagar deuda del Estado”, resume Morales.

El desencuentro entre el nuevo Gobierno y los sindicatos ha generado un rápido desgaste en ambos. Las críticas más compartidas hacia los huelguistas, vehiculadas por los medios de comunicación nacionales y las redes sociales, se resumen en la percepción de que éstos están defendiendo sus beneficios y no los derechos de la población, pues el Plan fiscal recortó sus pluses salariales, entre otros. Al Gobierno, por su parte, se le acusa de diseñar una reforma que protege a los ricos en menoscabo de la clase trabajadora, ya que, por ejemplo, grandes corporaciones, presuntas evasoras de impuestos, no son castigadas por el Departamento de Tributación Directa, a diferencia de lo que ocurre con los pequeños contribuyentes.

En relación a este punto, el pasado 5 de diciembre, y tras la aprobación del Plan fiscal, el Ministerio de Hacienda publicó la lista de grandes corporaciones que reportan 0 ingresos o pérdidas al erario (131 en total). Esta misma entidad mencionó que “de ese grupo se han fiscalizado 96 empresas, generando 560.000 millones de colones [unos 827 millones de euros, 936 millones de dólares USD] en ajustes fiscales, y la presentación de siete denuncias en vía penal”. El total de grandes contribuyentes incluye hasta 462 empresas. Esta lista fue dada a conocer gracias a acciones de la sociedad civil, que obligaron al Ministerio a publicarla con un recurso de la Sala Constitucional.

… al enquistamiento de posturas

“Las huelgas son solo uno de los diferentes mecanismos de protesta. Todos mis compañeros y colegas tienen el derecho a su intención de no estar de acuerdo con un principio o una finalidad, pero los mecanismos de protesta no tienen por qué afectar al estudiante”, avanzó María Alexandra Arroyo, directora de desarrollo curricular del Ministerio de Educación Pública a Equal Times.

El país se tambalea entre denuncias de violaciones de derechos: de un lado, los estudiantes (prácticamente todos los centros educativos del país tuvieron una paralización), pacientes (sólo en dos semanas de huelga se perdieron 2.000 procedimientos quirúrgicos en todo el país y 39.000 citas) y beneficiarios de las instituciones públicas. Del otro, los sindicalistas, que alegan que su derecho a la huelga fue mancillado y han recibido maltrato de la prensa y autoridades.

El 9 de noviembre, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), en conjunto con otras dos instancias, denunciaron al Gobierno de Costa Rica ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo por violación de la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga. En un video, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) denunció maltratos múltiples y falta de apertura al diálogo.

Desde septiembre, diversas sentencias judiciales han declarado ilegal la huelga indefinida llevada a cabo por diversos sectores públicos (desde puertos a sanidad y educación), entre otros “no ser un movimiento pacífico”, “afectar a servicios esenciales” y transgredir los principios de “razonabilidad” y “proporcionalidad”. De ahí que, paulatinamente, y tras no lograr detener ni modificar la reforma, y tras las declaraciones de ilegalidad de la huelga, todos los sindicatos se hayan retirado, a excepción de dos representantes del sector de la educación: ANDE y APSE.

Costa Rica, una democracia estable y uno de los pocos países del mundo que no cuenta con ejército, vive con cierta incredulidad esta crisis política y social y su enquistamiento, a lo que no ayuda el ataque físico al presidente Carlos Alvarado (el 3 de octubre por parte de los sindicalistas) y la violencia de género contra varias diputadas (en redes sociales –incluida la amenaza de muerte–, o insultos colgados en las paredes del congreso por educadores), violencias de las que se ha desmarcado la Asociación Nacional de Educadores.

Este lunes, los sindicatos ANDE y APSE, últimos en mantener el pulso con el Gobierno, decidieron detener la huelga, y ello con vistas a las vacaciones de fin de año lectivo, permitir la asignación de plazas para el próximo año y concluir con el proceso de entrega de notas de los estudiantes. No obstante, prometen nuevas movilizaciones en 2019.

De cara a 2019 y tras la aprobación del Plan fiscal, el objetivo del Gobierno sería reforzar el diálogo y los acuerdos nacionales, de ahí la intención de este de activar el Consejo Económico y Social (para acordar temas en materia económica y de desarrollo para el país) y la petición de ayuda al Programa Estado de la Nación y al Consejo Nacional de Rectores, todo ello para crear canales de consulta y participación ciudadana, según informa la prensa local.

El hecho de que el equipo de gobierno se haya comprometido a abrir una mesa de diálogo, que contará con actores sociales, señalan a este medio fuentes sindicales de la región, “representa una oportunidad para que las demandas del movimiento sindical sean escuchadas y tenidas en cuenta”, algo que no se logró durante la confección del Plan fiscal ni en los 88 días de huelga.

A pesar del desgaste de los sindicatos, informan estas mismas fuentes, “la presidencia de la República y su equipo más cercano, tienen claro que necesitan una alianza con un movimiento sindical –fuerte– para avanzar en la agenda social y frenar las tendencias más neoliberales” de este Gobierno de unión nacional.