La isla de Thengar Char está ubicada en la Bahía de Bengala y tiene una superficie de 40 kilómetros cuadrados, pero no aparece en la mayoría de los mapas. No cuenta con población, ni señal de teléfono móvil y permanece inundada durante buena parte del año. Aun así, el Gobierno de Bangladés ha elegido como “medida temporal” este lugar para reubicar a los miles de refugiados rohinyá que huyen del estado birmano de Rakáin (Arakán). El Ejecutivo de Daca dice que la llegada de los migrantes del país vecino ha traído consigo el crimen, además de aumentar el riesgo de enfermedades y perjudicar al turismo.

Los grupos de derechos humanos se oponen al plan por considerarlo una maniobra de reubicación forzada. El programa ha sido propuesto en otras ocasiones (la última vez en 2015), pero fue suspendido tras recibir una oleada de críticas de la comunidad internacional y de activistas de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expuso que además se trataba de un proyecto “complejo y controvertido” que debería llevarse a cabo “con el consentimiento de los migrantes”.

No obstante, las autoridades de Bangladés comunicaron el 28 de febrero el comienzo de un censo de refugiados rohinyás que viven en el sureste del país, lo que sigue haciendo pensar que el plan no está en punto muerto. Completar ese censo podría llevar, por lo menos, tres meses.

Para Ashraful Azad, profesor adjunto en el departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chittagong (Bangladés) y experto en la cuestión rohinyá :

“el plan de reubicación parte de un objetivo fundamental, que es frenar la integración local de los refugiados rohinyás (a través del matrimonio, educación y empleo –y que ya está ocurriendo–)”.

“También puede tener como efecto indirecto forzar a los refugiados a optar por volver a Birmania –como opción preferible a la de vivir en una isla remota e inhóspita–”. Un efecto este último que podría estar haciéndose sentir desde comienzos de marzo, periodo en el que los puestos fronterizos de ambos países han empezado a registrar (según publican diversos medios) decenas de rohinyás volviendo hacia Birmania.

El Gobierno de Bangladés estima que alrededor de medio millón de rohinyás viven en su territorio (reconociendo el estatus de refugiado a unos 30.000), incluidos los cerca de 73.000 que llegaron tras el último brote de violencia en el estado birmano de Rakáin en octubre, cuando un grupo de rohinyás supuestamente atacó tres puestos fronterizos birmanos. Los residentes y refugiados rohinyá y organizaciones de derechos humanos acusan desde entonces al Ejército de Naipyidó de ejecuciones indiscriminadas, violaciones en grupo, detenciones arbitrarias e incendios premeditados.

Alrededor de 1,1 millones de apátridas musulmanes rohinyá viven en condiciones de apartheid en el estado de Rakáin (minoría en lo que concierne a etnia, lengua y religión), al suroeste de Birmania, país de mayoría budista. El Gobierno birmano aprobó en 1982 una ley diseñada casi exclusivamente para excluirlos. El texto otorgaba derecho a la ciudadanía a 135 grupos étnicos reconocidos, y entre ellos no se encontraban los rohinyá.

Birmania se refiere a ellos como “bengalíes”, y son catalogados como inmigrantes ilegales del territorio que actualmente corresponde a Bangladés, donde tampoco se reconoce a esta comunidad como propia. Muchos de los rohinyá viven como refugiados en Cox Bazar, un distrito fronterizo con Rakáin que alberga también uno de los mayores centros turísticos del país.

La minoría rohinyá está considerada como una de las más perseguidas del planeta.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bangladés, Abul Hassan Mahmood Ali, expuso recientemente que la presencia de los rohinyá en el distrito ha tenido efectos negativos en los ámbitos socioeconómico, demográfico y de seguridad del país porque han nacido “redes para el tráfico de seres humanos y el tráfico ilícito de estupefacientes”. Aseguró también que los arreglos de alojamiento existentes están “sobrecargados” y la organización para los recién llegados se ha convertido en un “nuevo desafío”.

Con el fin de trasladar a esta población de desplazados a la isla, el Gobierno pidió a comienzos de año ayuda en un comunicado a las Naciones Unidas y otros socios internacionales para hacer “habitable” la isla (un proyecto de alta envergadura del que no han transcendido cifras), y medios para transportar a los rohinyá.

Chris Lewa, directora del Arakan Project (Proyecto Rakáin) –que monitorea los movimientos de los rohinyá desde hace más de una década–, explica a Equal Times que “los refugiados no quieren esto”, haciendo referencia a las pésimas condiciones de la isla. Por el contrario, ellos “prefieren permanecer junto a la frontera para estar cerca de sus familiares”. Sin embargo, Lewa se muestra escéptica de que los donantes internacionales ayuden económicamente a que el Gobierno pueda llevar a cabo su plan.

ACNUR no será uno de los donantes, asegura a Equal Times Vivian Tan, portavoz de la Agencia para Asia. La institución propone como alternativa a priorizar : “registrar y documentar” a los rohinyá que viven en Bangladés con el objeto de mejor identificar y “asistir a quienes lo necesitan”.

Según una fuente conocedora de la suerte de los rohinyá, y que por la sensibilidad de la cuestión en Bangladés ha preferido mantener su anonimato : “parte del Gobierno bangladesí estima que las obras de envergadura en la isla sí pueden hacerla habitable”.

El problema al que se enfrenta Daca es que, continúa esta fuente, “los refugiados no son algo ‘temporal’, como inicialmente se pensó”. Además, “los rohinyás no pueden ser repatriados por la fuerza a Birmania, y puede que muchos decidan no volver a este país en caso de que Birmania dé el visto bueno a esta opción –los Gobiernos de ambos países mantienen la comunicación a este respecto–”.