Bélgica sigue expulsando europeos

News
Explore similar themes
Human rightsMigrationEU

Cada año, miles de inmigrantes europeos en situación precaria son expulsados de Bélgica. Se les acusa de representar una carga demasiado importante para la economía del país, y de no estar en condiciones para encontrar un empleo.

Una política sorprendente, puesto que la Unión Europea se supone que debería garantizar la libre circulación de bienes y personas.

A lo largo del año 2013, con el pretexto de la política anticrisis, nada menos que 2.712 europeos que residían en Bélgica recibieron un aviso de expulsión.

Una cifra que no deja de aumentar. En 2010, sólo 343 ciudadanos/as de la Unión Europea fueron invitados a abandonar el país.

Bélgica se basa en una directiva europea que data de 2004 y que estipula: “Conviene, sin embargo, evitar que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia.”

Esto concierne a los extranjeros que lleven más de tres meses recibiendo subsidios de desempleo o una ayuda social distribuida por los Centros Públicos de Acción Social (CPAS), lo que afecta por tanto a las poblaciones especialmente precarias.

Los más afectados por estas medidas son los ciudadanos rumanos, búlgaros y españoles.

Pero esto apunta igualmente a determinados tipos de trabajadores.

 

Artícul0 60

Stéphanie Chauvin, una francesa de 37 años y madre de cuatro hijos, recibió un aviso de expulsión el pasado mes de noviembre. Convocada por la administración municipal de La Louvière, se le retiró la tarjeta de identidad y recibió la orden de abandonar el país con su familia en un plazo de 30 días.

“Me sorprendió muchísimo, no pensaba que eso se pudiera hacer. Me encontré sin ingresos, sin cobertura sanitaria. Tuve miedo de que me echaran a la calle con mi familia”, explica.

Stéphanie trabajaba no obstante a tiempo completo en una residencia de ancianos, de acuerdo con una ley conocida como el “ artículo 60” que permite a los beneficiarios de la CPAS que el Estado belga les financie una parte de su salario.

A pesar de las 38 horas de trabajo que Stéphanie realiza al cabo de la semana, “no es una verdadera actividad económica, es una subvención del Estado”, se defiende Dominique Ernould, portavoz de la Oficina de Extranjería, la administración encargada de gestionar las poblaciones inmigrantes.

Relativizando el alcance de estas medidas, puntualiza que “es una retirada del derecho de residencia. Nunca se han llevado a cabo expulsiones por la fuerza. Bélgica posee uno de los sistemas sociales más eficaces. Nos convertimos en un blanco privilegiado para los inmigrantes.”

El origen de esta política drástica reside en Maggie de Block, Secretaría de Estado para asuntos de Asilo y Migración. Esta liberal, nombrada en 2011 por el Gobierno Federal, es muy apreciada en Bélgica, y figura entre las personalidades políticas preferidas del reino.

Su portavoz, Else Cleemput, afirma “que el Ministerio no hace más que respetar la ley europea” y asegura que “cada uno de estos dossiers es estudiado individualmente a fin de evaluar las posibilidades de cada una de estas personas para encontrar un empleo viable”.

“Son decisiones electoralistas”, denuncia Philip Cordery, Diputado de los franceses que viven en el Benelux. “Esta directiva es demasiado ambigua y se aplica con demasiada dureza. Esperamos conseguir modificarla a fin de aclarar la situación.”

 

Euroescepticismo

A pocas semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, esta medida se presenta como mala señal para la perspectiva de una construcción europea.

Aparte del desinterés de los ciudadanos por las instituciones, una oleada de euroescepticismo podría extenderse por el viejo continente.

Zoé Genot Diputada belga ecologista, muy activa en lo que respecta a este tema, constata: “Ahora hay una Europa a dos velocidades. Acogemos con los brazos abiertos a las personas que se exilian por razones fiscales y rechazamos a los más vulnerables.

La libertad de circulación está reservada únicamente a determinados europeos, los más afortunados.”

Silvia Guerra, una italiana música de profesión y residente en Bruselas, ha sido invitada a abandonar el territorio el pasado mes de diciembre, después de ser alcanzada por el artículo 60.

El aviso de expulsión que ha recibido precisa que los tres últimos años que ha pasado Silvia en Bélgica “no bastan para poder hablar de integración”.

“Nada le impide” asimismo a su hijo de siete años “continuar su escolaridad en su país de origen”, aunque éste haya nacido en Francia y nunca haya vivido en Italia.

“Yo me consideraba europea, pero veo que no estoy protegida por la UE. Las decisiones son económicas pero no se hace nada por el pueblo.” Ahora ya no tiene derecho a trabajar y no dispone de ningún recurso. Esta madre de familia ha recurrido la decisión. “Voy a esperar a que termine el año escolar de mi hijo, y si no se soluciona nada me marcharé.”

Según Zoé Genot, las personas expulsadas viven esta situación con muchas dificultades. “Algunas caen en una depresión, se sienten avergonzadas y se esconden. Otras viven como los sin papeles. Debido a la falta de ingresos, trabajan en negro por dos euros la hora.”

La iniciativa podría propagarse por toda la Unión Europea.

Otros Estados miembros, como por ejemplo los Países Bajos, se han informado con gran interés sobre la aplicación de esta directiva – nos ha precisado la Oficina de Extranjería.

Hace poco, el Reino Unido limitó las condiciones de acceso a las ayudas sociales para los inmigrantes europeos residentes en su territorio.