Bielorrusia: un año después de las protestas, los trabajadores siguen exigiendo democracia y derechos laborales

Bielorrusia: un año después de las protestas, los trabajadores siguen exigiendo democracia y derechos laborales

Striking workers gather outside of the Minsk Automobile Plant on 17 August 2020. Between 17 and 18 August 2020 thousands of workers went on strike in support of fresh elections and other democratic reforms in Belarus.

(Iryna Arakhouskaya)

Ha transcurrido más de un año desde la celebración de las controvertidas elecciones presidenciales en Bielorrusia, pero las inquietantes repercusiones de ese 9 de agosto continúan retumbando. Este antiguo Estado soviético se encuentra sumido en el caos desde que el presidente Aleksandr Lukashenko, en el poder durante los últimos 27 años, se adjudicó una victoria aplastante a pesar de las numerosas pruebas de que las elecciones no fueron ni libres ni justas, y que lo más probable es que las haya ganado la líder de la oposición Svetlana Tikhanovskaya.

Aun antes del anuncio de los resultados de las elecciones, decenas de miles de personas se reunieron espontáneamente para protestar pacíficamente por la forma en que se desarrollaron las elecciones y manifestar su oposición al régimen de Lukashenko. Los días que siguieron a los comicios (del 9 al 11 de agosto) fueron el período más violento de la historia reciente del país: hasta 7.000 manifestantes fueron detenidos, y muchos de ellos fueron golpeados y torturados por las fuerzas de seguridad. Tres personas murieron a manos de la policía. Posteriormente, entre el 17 y el 18 de agosto, los trabajadores de todo el país participaron en una huelga en apoyo a las protestas democráticas. Aunque las protestas continuaron hasta noviembre, y pese a la condena internacional, Lukashenko se ha negado a ceder y se mantiene en su puesto. En el transcurso de este año han sido detenidas más de 35.000 personas; políticos de la oposición, sindicalistas, periodistas, miembros de la sociedad civil, abogados de derechos humanos y manifestantes han sido objeto de procesos penales y se han dictado nuevas leyes estrictas con el fin de imponer impedimentos a todo, desde la libertad de prensa hasta la libertad sindical. Decenas de activistas han huido del país y hay disidentes en el exilio que han sido secuestrados o se les ha encontrado muertos.

Las protestas, las huelgas y los paros laborales de los trabajadores de algunas de las industrias pesadas más importantes de Bielorrusia, como Belaruskali, el mayor productor de potasa (abono para la patata) del mundo, y la Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT), célebre por los abucheos de sus trabajadores a Lukashenko, desempeñaron un papel clave en ese momento.

Los trabajadores formaron comités de huelga para prepararse a una huelga general a favor del cambio democrático. Sus reivindicaciones eran simples: nuevas elecciones, la liberación de todos los presos políticos, una investigación independiente sobre la violencia policial, una garantía de que los trabajadores que protestaban no serían perseguidos por los empleadores ni por las autoridades estatales y el fin del sistema de contratos de trabajo a corto plazo que domina la economía de Bielorrusia.

En este primer aniversario del inicio de las protestas, Julia Sliuko, cuyo trabajo consistía en el enlucido de edificios en Hrodnaprambud, una empresa de construcción estatal en la ciudad occidental de Grodno (también conocida como Hrodna), rememora la semana que lo cambió todo. Hasta el año pasado, relata, no se interesaba en la política y concentraba su energía en criar a su hijo de 12 años. Sin embargo, su posición dio un vuelco el pasado mes de agosto cuando fue testigo de cómo la policía golpeaba a un hombre desarmado poco después de la controvertida elección presidencial. Durante los días siguientes, Julia habló con sus compañeros de trabajo, muchos de ellos también golpeados por la policía, sobre los acontecimientos que estaban teniendo lugar. “Tras presenciar esta violencia, entendí que ya nada sería igual. Sentí el cambio en el aire”. Unos días después fue elegida presidenta del comité de huelga de su empresa y poco más tarde tomó la palabra frente a miles de ciudadanos de Grodno para hablar sobre la forma en que la dirección de la empresa intentó reprimir la huelga: “Quisieron enviarnos de vacaciones o incluso ofrecernos dinero. Pero no estamos a la venta. Estamos con ustedes”, dijo a la multitud.

Estas asambleas espontáneas tuvieron lugar en toda Bielorrusia durante varios días del mes de agosto, durante los cuales decenas de empresas vieron a sus trabajadores declararse en huelga. “Esperábamos que prevaleciera la justicia”, dice Julia cuando se le pregunta por qué ella y sus compañeros se declararon en huelga. “Esperábamos que las fuerzas policiales dejaran de estar en contra de los ciudadanos”. En Belaruskali, por ejemplo, una de las empresas estatales más rentables de Bielorrusia, casi 6.200 de los 17.000 trabajadores apoyaron la idea de una huelga tras las elecciones (aunque después de ser objeto de una enorme presión solo se declararan en huelga140). El 10 de septiembre, Yury Korzun, minero belarruso, miembro del sindicato independiente de Bielorrusia, BITU, se encadenó a un equipo minero a 305 metros bajo tierra: “Quería inspirar a mis compañeros para que se unieran a la huelga. ¿Cómo podía seguir trabajando, cuando el dinero que traemos a esta empresa va a parar a la policía que golpea a ciudadanos pacíficos? No actuar significa poner en peligro la vida de mi familia”, afirma Yury a Equal Times.

“No fue una huelga, fue una revuelta”

El presidente Lukashenko fue elegido primer presidente postsoviético de Bielorrusia en 1994 y actualmente cumple su sexto mandato. Desde que asumió el poder no se ha celebrado una elección libre o justa, no existe la separación de poderes entre el ejecutivo, el poder judicial y el legislativo, los medios de comunicación están férreamente amordazados y los políticos de la oposición y los periodistas suelen ser encarcelados. Se ha vuelto casi imposible expresar públicamente opiniones políticas contrarias a las de Lukashenko: desde 2019, los organizadores de una protesta están obligados a notificar a las autoridades locales cualquier tipo de manifestación con 10 días de antelación por lo menos; también tienen que pagar los servicios públicos, la asistencia médica y la seguridad policial, cuyo costo asciende hasta 2.500 euros para una reunión de más de 1.000 personas. En un país donde el salario mensual medio es de 473 euros, estas exigencias dejan fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores toda concentración y protestas legales.

Igualmente difícil es organizar una huelga autorizada. “Legalmente, existe el derecho de huelga, pero en realidad, no puede hacerse”, asegura Maxim Pazniakou, presidente del sindicato independiente BITU. Antes de convocar una huelga, un sindicato debe haber agotado todas las soluciones posibles, tales como las negociaciones con el empleador, sin límite de tiempo según la ley. Para que una huelga sea legal, debe contar con el respaldo de más del 50% de los trabajadores, y los organizadores deben contar con la aprobación de varios organismos gubernamentales, con un preaviso mínimo de dos semanas. Además, una huelga puede ser considerada ilegal por las autoridades en cualquier momento. “En agosto del año pasado, nadie sabía cómo organizar una huelga”, comenta Aliaksandar Yarashuk, presidente de la confederación de sindicatos democráticos, la BKDP. “La última había tenido lugar en1995. Como consecuencia, los trabajadores en huelga más activos se encontraban en las empresas donde existían sindicatos independientes, ya que solo ellos sabían cómo organizar una huelga”, explica.

Cuando en agosto de 2020 los trabajadores convocaron una huelga en apoyo a las protestas a favor de la democracia, muchos empleadores señalaron que debido a que las demandas de los trabajadores eran políticas y no tenían nada que ver con el salario o las condiciones de trabajo, los empleadores no tenían la obligación de responder a estas convocaciones.

Sin embargo, dado que más del 65% de todos los productos industriales de Bielorrusia son producidos por empresas total o parcialmente estatales, es importante el potencial con que cuentan los trabajadores para utilizar las organizaciones democráticas (sindicatos) en la promoción de la reforma democrática en la esfera política. “Lo que ocurrió en agosto no fue una huelga, más bien fue una revuelta. El Estado retiró a los trabajadores toda posibilidad de hacer huelga legalmente, pero seguían teniendo el derecho civil de hacerla”, afirma Yarashuk. En respuesta, el régimen reprimió a los trabajadores en huelga con amenazas, arrestos y despidos. Por ejemplo, Julia, la trabajadora de Hrodnaprambud, fue despedida a principios de septiembre. Decenas de sus compañeros de trabajo renunciaron como muestra de solidaridad.

La mayoría de los miembros sindicales de Bielorrusia (cuatro millones) pertenecen a la federación de sindicatos FTUB, una reliquia del sistema soviético en la que participan ministros gubernamentales en los órganos decisorios del sindicato. Alrededor de 10.000 trabajadores están representados actualmente por la central independiente BKDP. Paradójicamente, mientras el número de trabajadores que se une a sindicatos independientes no deja de aumentar tras el levantamiento prodemocrático, estos sindicatos operan en un espacio cada vez más reducido. Como se describe en el Índice Global de los Derechos 2021 de la Confederación Sindical Internacional (CSI): “Varias oficinas sindicales fueron allanadas, y la policía obligó a los sindicatos a entregar información personal sobre sus miembros, causando enorme preocupación respecto a posibles medidas contra las personas que ejercieron su derecho de afiliarse a un sindicato. Representantes sindicales han sido secuestrados por servicios de seguridad cuando se dirigían a su trabajo, permaneciendo detenidos arbitrariamente y sometidos a interrogatorios. Se ha condenado a trabajadores a largas penas de prisión por apoyar huelgas y acciones de protesta”.

Según las nuevas enmiendas a la legislación laboral, que entraron en vigor este verano, las huelgas con reivindicaciones políticas ahora son ilegales. También está prohibido organizar una huelga en empresas en las que se fabrican productos peligrosos y ahora puede despedirse a los trabajadores por el simple hecho de convocar una huelga. En su Conferencia Internacional del Trabajo anual del mes de junio de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó duramente la violación de las normas internacionales del trabajo que tiene lugar en Bielorrusia, pidiendo a las autoridades belarrusas que reincorporan a los trabajadores despedidos, retiren todos los cargos relacionados con la participación en protestas e introduzcan nuevas enmiendas para proteger a los trabajadores y activistas sindicales contra la discriminación, pero el Gobierno de Lukashenko rechazó las conclusiones y actualmente mantiene su posición. “Nos estamos quedando sin medios para defender a nuestros miembros”, afirma Andrei Hanevich, líder del sindicato independiente de GrodnoAzot, una empresa estatal química. “Los empleadores pueden hacer lo que quieran”.

“Una forma moderna de esclavitud”

Bajo el régimen de Lukashenko se han introducido varias leyes laborales neoliberales para introducir la flexibilidad. Por ejemplo, desde 1999, la legislación laboral de Bielorrusia permite un contrato de trabajo de solo cinco años como máximo. Como consecuencia, muchos empleadores tienden a prorrogar los contratos año tras año, lo que significa que los trabajadores tienen poca o ninguna seguridad laboral y viven constantemente con el temor de perder su empleo. Por otro lado, los trabajadores no pueden dejar un empleo antes de que su contrato termine sin el acuerdo del empleador. “Este sistema es una de las razones por las que nuestro código laboral es uno de los peores de Europa. Es lo que se denomina una forma moderna de esclavitud”, señala Yarashuk.

Además, en virtud de las nuevas enmiendas, ahora es legal despedir a una persona si tiene una sanción administrativa [N. del E.: en la ley belarrusa, los delitos pueden recibir castigos penales o administrativos, tales como una multa o una pena leve de cárcel]. Por ejemplo, miles de personas fueron castigadas con hasta 15 días de prisión por participar en manifestaciones; en virtud de la legislación laboral de Bielorrusia, este hecho se considera ahora como un delito de ausentismo susceptible de despido. “El otoño pasado muchos trabajadores fueron despedidos debido a su sanción administrativa. Estamos demandando a muchos de estos empleadores porque en ese momento era ilegal”, comenta Pazniakou. Uno de los despedidos por este motivo es el trabajador minero Yury Korzun. El día que se encadenó bajo tierra fue su último día de trabajo; más tarde cumplió dos condenas seguidas de 15 días de cárcel y en el invierno pasó un mes más en prisión.

La mayoría de las personas que se declararon en huelga fueron despedidas de sus puestos de trabajo y muchas empresas como GrodnoAzot se han negado a prorrogar los contratos de los trabajadores activos en las protestas. “El año pasado, las empresas estatales despidieron a trabajadores no porque incumplieran su contrato o por una falta profesional, sino por su deslealtad política”, asegura Yarashuk. La sección local de la BITU intentó entablar negociaciones con la dirección de la fábrica y persuadirla de que reincorporara (de acuerdo con el sindicato) a los trabajadores despedidos ilegalmente. El mes de julio, los medios belarrusos dieron como información que GrodnoAzot necesitaba más de 350 trabajadores. “No cabe duda de que existe una gran falta de personal. Parece que tienen una lista de personas a las que no van a prorrogar su contrato”, señala Hanevich.

¿La disolución de los sindicatos independientes?

Los sindicatos independientes se encuentran en una situación sumamente precaria en Bielorrusia. En los últimos meses, las autoridades prácticamente han destruido los medios de comunicación libres, arrestando a casi 30 periodistas. Más de 50 ONG han sido disueltas, entre ellas no solo agrupaciones de derechos humanos, sino también organizaciones benéficas. “Esperamos la disolución de los sindicatos independientes en cualquier momento”, comenta Yarashuk. El mes pasado, la policía allanó las oficinas del sindicato de trabajadores de la industria de la radio y electrónica de Bielorrusia y su presidente se vio obligado a abandonar el país. Además, Mikola Sharah, presidente del sindicato libre de Bielorrusia y activista de derechos humanos, fue arrestado y mantenido en detención durante tres días como sospechoso en una causa penal por “daños a la propiedad”, lo que resultó en la confiscación de su equipo informático y teléfonos móviles. “Recientemente se les negó el registro a nuestras secciones en las ciudades de Polatsk y Pinsk. Lo mismo podría suceder en [la ciudad de] Bobruisk”, señala Sharah.

El otoño pasado, se incorporaron a los sindicatos independientes cientos de nuevos miembros, y según la central de sindicatos independientes, la BKPD, los sindicatos estatales perdieron alrededor del 20% ciento de sus miembros. Algunos de estos trabajadores, como Siarhei Lapunou, prefirieron afiliarse a estructuras independientes. Lapunou trabajaba en la refinería de petróleo estatal Naftan y era miembro de la FTUB, pero después de las elecciones no quiso seguir apoyando a una organización pro-Lukashenko, ya que el presidente de la FTUB, Mikhail Orda, dirigió la campaña electoral de Lukashenko y la organización obligó a los trabajadores a firmar a favor de su candidatura, ya que los candidatos presidenciales necesitan reunir por lo menos 100.000 firmas para presentarse.

Lapunou relata que en Naftan, muchos miembros del sindicato independiente son discriminados: se les amenaza con el despido y la privación de bonificaciones si permanecen en el sindicato “equivocado”.

“Los sindicatos independientes son algo genial, pero solo cuando funcionan en un Estado de derecho. En nuestro país, la ley ha dejado de funcionar”, lamenta Lapunou.

Cuando estallaron protestas en las fábricas estatales, Lukashenko visitó algunas y trató personalmente de calmar a los trabajadores. En la empresa Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT) se dirigió a los trabajadores mientras se escuchaban entre la multitud gritos de “¡Fuera!”. En relación con este incidente, Yarashuk afirma que “Lukashenko entendió que los trabajadores son la única fuerza gracias a la cual el poder del Estado puede transferirse pacíficamente. Esta experiencia en MZKT representó para él un gran choque psicológico del que seguimos experimentando las consecuencias”, al tiempo que cita como ejemplos las enmiendas a la legislación laboral y la represión de que son víctimas los sindicatos independientes, los activistas sindicales y los trabajadores.

Al cabo de un año, con Lukashenko aún instalado en el poder, cabe preguntarse si las huelgas cambiaron algo. Para Yarashuk, el éxito de las huelgas consistió en debilitar la posición política de Lukashenko. “Ahora sabe que casi el 70% de los trabajadores no confía en las autoridades”. Asimismo, se observan otros aspectos positivos: algunos de los trabajadores despedidos de Belaruskali han sido readmitidos, lo que demuestra que incluso en un entorno represivo pueden obtenerse logros a través de la acción colectiva; además, han empezado a formarse sindicatos independientes en los sectores de la sanidad y la educación.

Aun así, todos quienes se han levantado contra Lukashenko han pagado un precio muy alto. Muchos de los nuevos miembros de sindicatos independientes son objeto de presiones por parte de los empleadores para que los abandonen, lo que mantiene bajo el número de miembros, y el movimiento sindical ha perdido muchos sindicatos en un gran número de fábricas (como la Minsk Automobile Plant y la MZKT) porque activistas y miembros fueron despedidos desde agosto de 2020. Yarashuk está seguro de que ahora que se ha plantado la semilla de los sindicatos independientes, en algún momento florecerá: “Pueden disolver los sindicatos, pero no pueden destruir la idea”.

No obstante, entre tanto, muchos de los trabajadores que se declararon en huelga se han visto obligados a abandonar el país. Julia Sliuko viajó a Polonia con su hijo en octubre del año pasado para evitar una pena de cárcel. Ahora trabaja como manicurista y organiza protestas en la capital polaca de Varsovia. Siarhei Lapunou, de Naftan, se marchó a Polonia hace dos meses, y junto con otros compañeros de huelga, sobrevive haciendo trabajos esporádicos. Uno de sus amigos, Valery, que también participó en las huelgas de 2020, es padre de tres hijos, uno de ellos con discapacidad. Aunque la situación no es fácil en Polonia, planea permanecer en el exilio hasta que Lukashenko se vaya: “Sé que algún día volveremos a Bielorrusia, pero entiendo que es posible que la victoria no llegue pronto”.