Un peligroso precedente se está asentando en la comunidad internacional: la falta de condena unánime y firme contra los golpes de Estado. Peor aún, se ensayan argumentos para intentar justificarlos, como el de un artículo que reza que el presidente al cual le hicieron el golpe “cruzó la línea roja” y otras lindezas de ese estilo. El caso boliviano es un botón de muestra.

Quienes realmente pasaron la raya roja de la convivencia pacífica y democrática fueron los que pensaron, diseñaron, apoyaron, ejecutaron y aprobaron el golpe, dentro y fuera de Bolivia.

Ocurrió en ese país un golpe de Estado que conjugó violencia callejera, amotinamiento policial, complicidad militar hasta en el “pedido” de renuncia a un presidente que aún ejercía su mandato emanado de elecciones anteriores y que había ordenado volver a hacer las elecciones realizadas recientemente, las cuales la OEA se encargó de desacreditar sin poder sostener posteriormente evidencias claras de las supuestas anormalidades. El dictamen final de la organización interamericana dejó más preguntas que certezas, según muchísimos analistas, lo que confirma que detrás de todo estaban también intereses internacionales no favorables a la democracia.

En ese sentido, era de esperar la postura del gobierno de Trump de reconocer inmediatamente el gobierno de una presidenta que ni siquiera tuvo un(a) civil que le impusiera la banda presidencial. Así, alguien cuyo partido obtuvo solo el 4 por ciento de los votos en las elecciones del 20 de octubre, pasó a ocupar la titularidad del poder ejecutivo, defendiendo su asalto al cargo a sangre y fuego. Sí, con costo de vidas.

Lo que sí llama cada vez más la atención es la posición de la Unión Europea, otrora reconocida por su pulcra posición de defensa de la democracia. A pocas horas de consumado el golpe, vimos a su representante en Bolivia diciendo que ya estaba trabajando con el nuevo gobierno y llamaba al diálogo.

No estamos en contra del diálogo, pero ¿se puede llamar a tal a los sectores que resisten al golpe mientras el gobierno de facto está matando, apresando y amenazando a su gente?

Esa posición en Bolivia es muy parecida a la de la UE en Colombia, donde frente a las movilizaciones, el gobierno de Duque llamó a una conversación –sí, así como se lee– ni siquiera a un diálogo. Inmediatamente esa propuesta fue apoyada por embajadas de los países de la UE. Mientras tanto, Duque seguía reprimiendo a la gente en las calles y no tomaba en cuenta una sola de las reivindicaciones de quienes estaban protestando en las calles durante varias jornadas.

Hay también confirmaciones de que la representante de la UE en Chile recorre las carpas de manifestantes, pidiendo diálogo mientras hay denuncias de torturas a quienes salen a protestar, hay heridos y hasta muchísimas personas a quienes les reventaron los ojos. En estas condiciones, ¿a quién le sirve esta posición “dialoguista” de la UE? Es claro que a Donald Trump, a la derecha fascista y al modelo neoliberal.

El diálogo, señores y señoras de la UE, no es un fin, debe ser un medio para mejorar las cosas, no para conservar situaciones de injusticia crónica ni mucho menos para propender a la regresión de las sociedades.

Evo Morales renunció ante las amenazas de muerte contra familiares, ministros y militantes del MAS por parte de grupos de choque fascistas. El gobierno de facto nunca mandó investigar al matón de la Unión Juvenil Cruceñista que disparó a cinco personas del Plan 3000. No se investigan el saqueo de la Alcaldía de Vinto ni la vejación de su alcaldesa. Tampoco se investigan las quemas de las casas de los gobernadores de Potosí y de Chuquisaca ni la de la casa del ex presidente de Diputados, Borda, ni el secuestro de los familiares, ni el saqueo a las casas de parlamentarios del MAS ni muchos otros desmanes.

Eso sí, la señora Jeanine Añez eximió a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión a los manifestantes, es decir, les dio licencia para herir, mutilar y matar y amenazó a los medios de comunicación con cargos de sedición, expulsó a corresponsales extranjeros y cerró las señales internacionales de Telesur y Russia Today. Permitió también que grupos civiles de choque detuvieran a personas vinculadas al MAS.

Queda meridianamente claro quién “cruzó la línea roja”. Y no fue Evo. Entre los motivos del golpe, según el mismo expresidente, estuvo la voluntad de su gobierno de usar los vastos yacimientos del litio boliviano para seguir mejorando el nivel de vida de la población, no privatizándolos, sino manteniendo la soberanía sobre ellos y explotándolos en asociación con quienes resulten adjudicados en procedimientos claros. Según cuenta Morales, su gobierno estaba haciendo eso con asociados de China y Alemania. Obviamente habían quedado fuera, porque ni se presentaron, las empresas multinacionales norteamericanas.

La indiferencia internacional ante el cuarto golpe que en el siglo XXI tiene éxito en América Latina (Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016, Bolivia 2019) debe ser motivo de reflexión y debe llamarnos a pensar en el rol de los organismos internacionales y a hacer las reformas necesarias para evitar que propicien o hagan la vista gorda ante el avance implacable y violento de una derecha fascista, misógina, homofóbica y racista.

Lo de Bolivia fue un golpe y debe ser condenado como tal. No hacerlo debilita a la democracia y la hace muy vulnerable frente a los grupos de poder. Si se continúa buscando argumentos para justificar los quiebres en la vida institucional de los países o si se emplean eufemismos en lugar de llamarlos por su nombre real, el péndulo se inclinará aún más al autoritarismo que creíamos haber superado en la región, sobre todo en tiempos en que las grandes corporaciones cada vez presionan más para tener las manos totalmente sueltas en la expoliación de los recursos.