Brasil: la situación de los pueblos indígenas cada vez más crítica

Brasil: la situación de los pueblos indígenas cada vez más crítica

People of the Guarani tribe from Pico de Jaraguá, near São Paulo, protest against the proposal to reform the indigenous land demarcation system, on 28 April 2017.

(Gustavo Basso)

Sacudido desde hace varios meses tanto por una crisis económica como política, el gigante latinoamericano desatiende por completo la cuestión de los indígenas. Peor aún, la situación favorece los ataques contra los amerindios, cuya supervivencia nunca se había visto tan amenazada como ahora, y sus derechos más fundamentales.

A principios de junio, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron incluso a expresar una profunda preocupación. “Sobre este trasfondo, Brasil debería estar fortaleciendo la protección institucional y jurídica para los pueblos indígenas”, escriben los delegados de ambas organizaciones en un comunicado conjunto. “En cambio, es preocupante que Brasil está considerando debilitar estas protecciones”.

¿Cuáles son los mayores riesgos que corren estas poblaciones? En primer lugar, cabe recordar que durante los Gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, la situación de unos 900.000 indígenas brasileños ya no era ideal. Aun cuando la Constitución de Brasil prevé, desde hace 30 años, que todas las tierras ancestrales indígenas debían ser objeto de reconocimiento y registro catastral (mediante el procedimiento de demarcação) y, como tales, protegidas, son numerosos los conflictos territoriales que se eternizan en los tribunales, algunas veces también con las armas en la mano. Por su parte, las poblaciones viven en condiciones que año con año resultan más precarias.

Sin embargo, desde la llegada de Michel Temer al poder, apoyado por un Congreso sumamente conservador, las pocas perspectivas de mejora que aún quedaban han desaparecido por completo. Los miembros de la corriente parlamentaria “ruralista”, que representa los intereses de asociaciones de agricultores y ganaderos, tienen actualmente un poder de influencia que se ha quintuplicado debido al debilitamiento del poder ejecutivo, el cual se debate en un caos donde abundan los casos de corrupción; y a una depresión económica, donde solo la agricultura y las materias primas logran sacar a flote la economía.

Todos los indicadores dan la voz de alarma

“Ya no son los terratenientes los únicos que nos atacan, ahora también nuestro propio Gobierno”, afirma el jefe guaraní Ladío Verón, natural de Mato Grosso. Para los líderes indígenas y los defensores de su causa, todos los indicadores dan la voz de alarma.

Para empezar, el nuevo presidente nombró ministro de Agricultura a Blairo Maggi, el “rey de la soja”, un hombre que ha hecho su fortuna precisamente en esta región de Mato Grosso, también conocida por punto álgido de conflictos territoriales. Desde hace un año, ningún territorio indígena ha conseguido que el Estado apruebe su demarcación, un proceso para el que se requiere la firma del ministro de Justicia y del presidente del país.

La Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, un organismo público competente para todos los asuntos relacionados con estas poblaciones, ha visto su presupuesto reducido casi a la mitad, así como desfilar a varios directores en los últimos meses.

“A estos recortes presupuestarios se añaden las injerencias políticas y los nombramientos de personas conocidas por sus actividades contra los indígenas, lo que contribuye a la militarización de la FUNAI, con la elección de un general del ejército a la presidencia de la fundación”, observa Felipe Milanez, profesor de ciencias sociales en la Universidad de Bahía y autor experto en el medio ambiente del Amazonas y en cuestiones indígenas.

Algunos parlamentarios desearían incluso acabar por completo con esta institución, pese al reconocimiento con que cuenta desde hace 50 años. Tras una comisión de investigación parlamentaria, publicaron un informe juzgándola “demasiado protectora y paternalista”.

La FUNAI, integrada por científicos y expertos sobre el terreno, entre ellos numerosos antropólogos, sigue siendo el débil bastión que todavía puede hacer posible la preservación de las culturas y formas de vida indígenas frente a los intereses económicos.

“La FUNAI es el único organismo gubernamental en el que los indios todavía tienen confianza”, constata Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas. Durante su último viaje a Brasil pudo comprobar que los recortes presupuestarios afectan directamente a los recursos humanos sobre el terreno. Como corolario, en el mes de marzo, un decreto suprimió cerca de 350 plazas y 50 coordinaciones locales. Sin embargo, la violencia vuelve a asentar sus reales precisamente cuando los agentes de la FUNAI ya no están presentes para controlar lo que sucede en las regiones más alejadas.

Si la Fundación del Indio desapareciera, se alarma Tauli-Corpuz, representaría “un retroceso en la protección de las tierras indígenas”. “Estamos particularmente preocupados por los futuros procesos de demarcación de tierras, pero también por el futuro de las tierras que ya han sido reconocidas”.

De hecho, el mayor temor de las 300 tribus de Brasil es que se modifique el sistema de asignación de tierras. La enmienda constitucional 215 (Proposta de emenda à Constituição 215 o PEC 215) es un fantasma cuya aprobación por parte de los disputados nunca ha estado tan cerca.

“Me atrevo a esperar que no se modificará y que los movimientos indígenas conseguirán movilizar a la sociedad brasileña para que ejerza presión sobre el Congreso”, confía Milanez a Equal Times. “Pero es verdad que la propuesta provoca pánico entre los indígenas, ya que pondría fin a los derechos territoriales y abriría un nuevo episodio colonialista en Brasil”.

Esta enmienda prevé la transferencia del poder de decisión sobre la asignación de tierras del poder ejecutivo a los diputados. Dada la composición del Congreso, mucho más favorable a los intereses económicos de la agricultura y de los sectores minero y de la construcción que a los derechos indígenas, es muy probable que cada vez se tenga menos en cuenta a las poblaciones indígenas, e incluso que lleguen a ser despojadas.

“Es como una bomba atómica que podría matar a todos los indios de Brasil”, resume el líder indígena Adalto Guarani. Algunos defensores de la causa indígena, como la organización no gubernamental Survival International, consideran que lo que está ocurriendo actualmente podría dar pie a un genocidio.

Los asesinatos de líderes indígenas y de defensores del medio ambiente o de los campesinos sin tierra muestran un severo recrudecimiento en la actual turbulencia que atraviesa Brasil. A todo lo cual se añade una cultura de la impunidad.

“Aquellos que intentan por todos los medios acumular tierras, encuentran allí la oportunidad de acelerar este proceso y parecen convencidos de que pueden hacerlo en total impunidad”, comenta con tristeza Jeane Bellini, coordinadora nacional de la Comissão Pastorale da Terra (CPT), que recuerda que de los 1.800 asesinatos perpetrados desde 1985, solo 112 han sido juzgados por un tribunal.

Desde 2003, los asesinos de Marcos Verón nunca han sido condenados por este crimen. Su hijo, el jefe guaraní Ladío Verón trata ahora de alertar a los europeos de las amenazas que se ciernen sobre su territorio en el Mato Grosso haciendo una gira internacional de sensibilización para recorrer una docena de países.

“Se necesita tener impacto en el exterior”, insiste Milanez. “Brasil está viviendo un momento de letargo en el que estas atrocidades simplemente tienden a normalizarse, no pasa nada, nadie se indigna, es terrible”.

This story has been translated from French.