Brasil, tercer productor mundial de amianto y uno de los principales exportadores y consumidores, aún no ha prohibido por completo la utilización de esta fibra aislante considerada “milagrosa” en su día, pero hoy reconocida como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para las familias de las víctimas y los especialistas en salud laboral, las dudas de los legisladores se han dilatado en exceso.

A sus 76 años, Mauricio Mendes sigue esperando que se le reconozca su enfermedad pulmonar, con la que lleva batallando desde hace dos décadas, y que se le indemnice. La justicia impuso a su antiguo empleador, Eternit, el pago de una indemnización de 250.000 BRL (80.000 USD). Pero este antiguo técnico de laboratorio, que durante 14 años trabajó en la fábrica que Eternit posee en el municipio de Osasco, en la periferia de São Paulo, podría ni llegar a ver este dinero, ya que gigante del fibrocemento ha vuelto presentar recurso contra la sentencia.

“Me diagnosticaron la enfermedad en 1998, casi 20 años después de salir de la empresa, porque el procedimiento judicial que hay que seguir es extremadamente largo. Hay que pasar por una serie de exámenes médicos, certificados por expertos. Los propios jueces apenas conocen aún los efectos del amianto”, explica.

En cambio, las esperanzas de la familia Roncadin quedaron truncadas cuando el padre, José, falleció sin que la justicia reconociera, después de dos juicios perdidos, el origen de su mesotelioma: una forma rara de cáncer pulmonar incurable y muy virulenta, ya que el enfermo suele morir en un año.

Él también trabajaba para Eternit, en Osasco. Mezclaba todo el día los preparados a base de amianto, “sin ninguna protección”, precisa su hijo Vanderlei a Equal Times.

Según la OMS, 125 millones de trabajadores en todo el mundo continúan exponiéndose hoy al amianto. Se desconocen aún las consecuencias para la salud a largo plazo, ya que los síntomas pueden aparecer muchos años después de la exposición. La organización internacional calcula en 107.000 el número de muertes que pueden ser atribuidas a esta fibra.

El Ministerio de Sanidad de Brasil registró unas 2.400 muertes entre 2000 y 2011.

No obstante, hay muchas personas enfermas a causa del amianto no diagnosticadas ni reconocidas como tal.

“Hay una total falta de información y un desconocimiento por parte de la población, de los organismos sanitarios y de la justicia, sobre los riesgos y consecuencias del amianto”, señala Fernanda Giannasi, fundadora de la Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Asociación Brasileña de Expuestos al Amianto, ABREA).

Fernanda, que trabaja como voluntaria desde su creación en 1995, ha visto a mucha gente morir, a muchas víctimas llegar a la asociación en busca de apoyo fraterno y legal. “Los grupos de presión y los sindicatos nos atacan de continuo, acusándonos de querer destruir los puestos de trabajo. Por fortuna las cosas avanzan, aunque con un cierto retraso con respecto a Europa”, explica.

Un avance lento

Desde finales del siglo XIX, este mineral fibroso se utilizó en todo el mundo por sus propiedades aislantes y su resistencia, sobre todo al fuego. Durante mucho tiempo se consideró “la fibra mágica” y se incorporó a más de 3.000 aplicaciones técnicas e industriales. Se encuentra en paredes, techos, tuberías, además de en juguetes, ciertos tejidos y en sistemas de frenado y embrague.

En Brasil, y en muchos países en desarrollo, el amianto se suele utilizar para la fabricación de tejados baratos y tanques de agua, frecuentes en regiones donde escasea el suministro.

“Incluso hoy, el Estado promueve el uso del amianto a través de sus programas de construcción de viviendas sociales. Hasta el organismo público que tutela a las comunidades indias, la FUNAI, suministra materiales de construcción a los pueblos indígenas que contienen esta sustancia”, se indigna Fernanda Giannasi.

Los nefastos efectos para la salud ya se conocían en los años treinta, pero las industrias continuaron explotando esta fibra hasta finales de los noventa, cuando los países industrializados, como Estados Unidos y Francia, empezaron a legislar su prohibición.

El amianto está hoy totalmente prohibido en casi 70 países. En Brasil, ocho de los 26 estados federales han adoptado medidas que lo prohíben para proteger la salud, el último de ellos es Santa Catarina, que acaba de votar su prohibición a finales de enero.

La ley federal brasileña continúa autorizando la extracción, utilización y comercialización de una variedad del amianto, el crisotilo (o “amianto blanco”), imponiendo normas de seguridad para los casi 5.000 trabajadores expuestos. El Instituto Brasileiro do Crisotila, que reagrupa a la patronal y a los sindicatos de trabajadores, explica a Equal Times que hoy se adoptan todas las medidas para controlar los riesgos para la salud de los mineros y de los obreros.

“Las cosas han cambiado mucho en los últimos treinta años. Nos estamos acercando ya al riesgo cero” afirma Adilson Santana, vicepresidente de la Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto (Comisión Nacional de Trabajadores del Amianto, CNTA). “Todo el trabajo de los sindicatos para implantar normas y controles se esfumará si se impone una prohibición total”, lamenta. Para el presidente de la IBC, Marcondes Braga de Moraes, “la industria del crisolito es objeto de una guerra comercial”.

Los intereses económicos continúan teniendo mucho peso, ya que esta industria afecta a 150.000 empleos indirectos en Brasil, uno de los pocos países que posee yacimientos.

En Minaçu encontramos la única mina de amianto aún activa de América del Sur. Esta pequeña localidad de 30.000 habitantes del estado de Goias, al norte de Brasil, vive básicamente del crisolito.

La mina pertenece a la empresa Eternit, tras muchos años en manos de Saint-Gobain, tiene una capacidad de producción de 240.000 toneladas al año y da trabajo a un millar de personas de forma directa o indirecta. El yacimiento podría seguir siendo explotado durante otros 20 años más, aunque la población de la región teme que acabe cerrando antes.

Paralelamente a las medidas de sensibilización de asociaciones como ABREA, los fiscales del Ministerio Público de Trabajo (MPT) lanzaron en 2013 un programa que pretende animar a las empresas del sector a desarrollar filiales alternativas.

“Aunque realizamos un estudio sobre las condiciones laborales de los obreros del sector, pensamos que resulta imposible controlar totalmente las medidas de seguridad exigidas por la ley. Por eso hablamos con las empresas para buscar alternativas que animen a la industria a abandonar el amianto en los procesos de fabricación”, explica Márcia Kamei Lopez Aliaga, fiscal del MPT, responsable del Programa Nacional de Banimento de Amianto (Programa Nacional para la Prohibición del Amianto).

Para Fernanda Giannasi, las leyes del mercado deberían acabar con el amianto antes que la ley brasileña: “Es una tendencia mundial, el Brasil exportador continuará sintiendo los efectos de la caída de la demanda. Hay una especie de efecto dominó. Canadá, que acaparaba gran parte del mercado de la producción, ha anunciado su próxima prohibición en 2018”.

Una constatación compartida por Márcia Kamei Lopez Aliaga, del Ministerio Público de Trabajo: “una cosa es segura, el escándalo sanitario es, como mínimo, tan grave como el ocurrido en Europa”.

Salvo que Brasil aún no es consciente de ello.