Camboya estrecha el cerco en torno a los sindicatos

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El 4 de abril, la policía agredió a dos sindicalistas camboyanos en Phnom Penh.

Mucha gente no creía que este episodio de violencia tuviera especial relevancia; después de todo, ya se ha documentado exhaustivamente la mala calificación de Camboya en relación al trato que dispensa a sus trabajadores y sindicalistas.

Sin embargo, el hecho de que la agresión se diera tan solo horas antes de que el Parlamento aprobara la nueva Ley de Sindicatos sirvió para empeorar la actitud del Gobierno hacia los críticos del documento, quienes llevaban años denunciando que su elaboración había sido un asunto turbio y excluyente.

Actualmente el proyecto de ley se encuentra en manos del rey Norodom Sihamoni, cuya firma constituye el último paso antes de que se convierta en ley nacional.

Desde sus primeros pasos en 2008 hasta la fecha, la trayectoria de la nueva ley ha venido acompañada de una serie de importantes acontecimientos laborales.

En 2010, decenas de miles de trabajadores camboyanos se declararon en huelga para exigir un salario mínimo más alto. A finales de 2013 y principios de 2014 se organizaron huelgas parecidas que las fuerzas gubernamentales aplastaron sin miramientos abriendo fuego: cinco civiles murieron a causa de las balas y 23 sindicalistas y trabajadores fueron encarcelados.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) tildó la nueva ley de “antisindical” y alertó que lo más preocupante era que el texto “impondría nuevos límites al derecho de huelga, facilitaría la intervención del Gobierno en los asuntos internos de los sindicatos y permitiría a terceras partes solicitar la disolución de organizaciones sindicales, pero se limitaba a imponer sanciones minúsculas a los empleadores en caso de prácticas laborales abusivas”.

El sector textil constituye una gran fuente de ingresos para Camboya; sus alrededor de 700.000 trabajadores ganan un salario mínimo de 128 USD al mes, pero generan 5.700 millones USD en concepto de ingresos. La actividad sindical ha sido clave en la larga lucha para lograr un salario digno que refleje los costes en constante aumento a medida que la economía camboyana ha ido creciendo.

Aunque al principio las inquietudes tenían que ver con cómo afectaría a los nuevos sindicatos, el lenguaje de la ley también tiene como objetivo limitar las actividades de los sindicatos ya existentes. Según Moeun Tola, director ejecutivo de la ONG Center for Alliance of Labor and Human Rights, uno de los artículos más problemáticos imposibilitaría casi totalmente el cumplimiento (por parte de los grandes sindicatos) de los nuevos requisitos de quórum necesarios para poder tomar cualquier decisión.

El artículo 13.4 exige un quórum que represente a “la mayoría absoluta del total de los miembros del sindicato (al menos el 50% + uno) para que cualquier reunión pueda decidir sobre una convocatoria de huelga, la enmienda del estatuto o la asamblea general del sindicato”.

Todavía es muy temprano para saber el impacto que tendrá dicha ley, pero el 4 de abril la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno de Camboya a crear “consultas tripartitas eficaces e incluso mecanismos de asesoramiento” para “garantizar un acuerdo común del contenido y la aplicación de la ley”.

Para organizaciones como la Coalition of the Cambodia Apparel Workers’ Democratic Union (CCAWDU), que cuenta con unos 80.000 miembros, el cumplimiento de estas medidas legales será una pesadilla administrativa y logística, cuando no una tarea totalmente imposible, ya que su actual mandato acaba el año que viene y tendrá que volver a registrarse y celebrar elecciones.

El vicepresidente de la CCAWDU, Kong Athit, explicó a Equal Times que la ley nació en última instancia de la necesidad de presionar y controlar a los sindicatos. Aseguró que cuando los empleadores presentaron la propuesta de ley por primera vez en 2008, opinaban que “los sindicatos perjudicaban a las actividades empresariales y que el Gobierno tenía que hacer algo al respecto”.

Según declaró, es probable que en los próximos meses se puedan organizar huelgas salvajes más pequeñas, pero alberga serias dudas sobre si volveremos a ver huelgas masivas del tamaño de las que se celebraron entre 2010 y 2014.

 

“No es un intento de reprimir a nadie”

Ken Loo, secretario general de la patronal Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), declaró que la ley es necesaria porque el sector de los sindicatos se encontraba en un estado de “anarquía”, lo cual perjudicaba a las inversiones.

Loo aseguró que la importancia de la ley se extiende más allá de la necesidad de Camboya de seguir siendo competitiva, algo que la GMAC describió como “difícil” en un informe el año pasado, y que “tiene más que ver con permitir a los inversores operar en un entorno que sea aceptable” para ellos.

“En un grupo de trabajo, los empleadores sugirieron al Gobierno que la proliferación de sindicatos y las huelgas ilegales generalizadas se les estaban yendo de las manos, de modo que nosotros solicitamos al Gobierno la aprobación de una ley para establecer nuevos límites dentro de los cuales pudieran funcionar los sindicatos”, explicó Loo a Equal Times.

“Dicha ley también se aplica a los empleadores. No es un intento de reprimir a nadie”.

Según Tola, la legislación laboral aprobada en 1997 era lo suficientemente detallada, pues ya incluía disposiciones sobre el derecho a formar sindicatos, celebrar negociaciones colectivas y declarar huelgas.

Para éste, aunque la nueva ley ha significado una victoria para la patronal Federation of Business Associations, principalmente va a favorecer los intereses de un Gobierno sacudido por el clamor popular.

“En realidad va a beneficiar al Gobierno, porque le preocupa el movimiento sindicalista”, aseguró Tola, haciendo referencia a las huelgas de 2010, 2013 y principios de 2014.

“Yo creo que esta ley es un intento de controlar al movimiento sindicalista. Asimismo, la Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales constituye un intento para controlar a la sociedad civil”, denunció.

“En 2013 el Gobierno pudo ver claramente que el movimiento sindical era muy fuerte. Por eso se dio tanta prisa en aprobar estas leyes. Pudieron ver la eficacia del movimiento sindical”.

William Conklin, director en Camboya de la ONG estadounidense Solidarity Center, cree que “el objetivo del proyecto de ley no tiene que ver necesariamente con la mejora de las relaciones laborales” sino con “el control político”.

“¿Quieres que [la ley] mejore las relaciones laborales y garantice que los sindicatos se registren, que se puedan llevar a cabo negociaciones colectivas y que tengan protección, etc., o quieres poder controlar a los sindicatos, utilizar el poder de la burocracia y obstaculizar el crecimiento de las organizaciones sindicales?”, cuestionó.

Conklin no cree que el Gobierno “se oponga diametralmente” a los sindicatos, “pero les gusta la idea de unas organizaciones sindicales que se puedan controlar y hagan lo que el Gobierno quiera”.

Athit, de la CCAWDU, declaró que el “propósito general” de la ley consiste en garantizar que el Estado “tenga más poder para influir en todos los procesos necesarios para que los sindicatos adopten medidas en los ámbitos de la gestión organizativa y la política de la organización”, es decir, tanto en los asuntos internos como en los externos.

En cuanto a la ley en términos generales, Loo declaró que no sería justo si tan solo fuera satisfactoria para una parte. Sin embargo, añadió que la inquietud sobre el artículo 13 no debería resultar un problema, pues “queda claro en la legislación laboral y coincide con cualquier norma democrática que hay que tener una mayoría” para tomar decisiones.

Para un sindicato de empresa es menos problemático; para una sección sindical más pequeña resulta más fácil lograr un quórum. Sin embargo, en el caso de que la CCAWDU quiera convocar una huelga, Athit prevé problemas para garantizar dicha mayoría en un organización tan grande.

Al portavoz del Ministerio de Trabajo, Heng Suor, le enviaron varias preguntas sobre la ley y las reacciones a la misma, pero éste aseguró que no haría declaraciones e instó a la CSI a “echar un vistazo a las leyes de sindicatos de los miembros de la ASEAN antes de emitir cualquier análisis o juicio”.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.