Cataluña, ¿un conflicto congelado en el corazón de la UE?

Cataluña, ¿un conflicto congelado en el corazón de la UE?

Torn down election posters (for the 2021 Catalan regional election held on 14 February) in a street in Sant Adrià, in the province of Barcelona.

(Ricard González )
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Tres años después del intento fallido de declaración unilateral de independencia, Cataluña ha desaparecido de los grandes titulares de la prensa internacional, probablemente, porque no se divisa un nuevo desafío serio a la estabilidad de España por parte de las instituciones catalanas. Sin embargo, la situación política en la región autónoma dista de estar normalizada: varios políticos independentistas se hallan en la cárcel o exiliados (reclamados por la justicia española), las protestas violentas estallan cíclicamente en las calles, y continúa la “guerra de banderas” en los balcones de pueblos y ciudades. El conflicto político continúa vivo, como demostraron las elecciones autonómicas celebradas el pasado 14 de febrero en Cataluña.

A grandes rasgos, las urnas reflejaron que la cuestión de la independencia continúa dividiendo a la sociedad catalana en dos mitades casi iguales. El Partido Socialista de Cataluña (PSC), que defiende un Estado federal, fue el más votado con un 23% de los sufragios. Sin embargo, los partidos independentistas revalidaron su mayoría absoluta en escaños, y por primera vez en la historia lograron superar el umbral del 50% de los sufragios, al pasar de un 47,5% al 50,9% (o 51,3%, contando tanto los partidos que han logrado escaño como los que no). Este hito pierde lustro al haberse producido una caída de 25 puntos en la participación (respecto de las elecciones de 2017), rebajada al 53,5%, a causa del temor de la ciudadanía a contagiarse de covid-19 en plena tercera ola de la pandemia.

“Las elecciones han consolidado la política de bloques. El ciudadano decide su voto a partir de su identidad nacional. Por lo tanto, será muy complicado que el nuevo gobierno sea transversal”, comenta a Equal Times Lluís Orriols, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Varias semanas después de los comicios, la formación de un Gobierno estable no se aventura fácil. “Las negociaciones entre los partidos independentistas serán largas y complicadas, ya que uno de ellos, la CUP, no se mueve por las lógicas tradicionales de búsqueda del poder. Pero al final, se pondrán de acuerdo. Ya hay precedentes”, apostilla.

De hecho, la pasada legislatura no se pudo completar porque el presidente regional Quim Torra, del partido Junts per Catalunya, fue destituido por desobedecer a los jueces, y los dos grandes partidos independentistas, Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) —segundo y tercero en estos comicios, con 20 y 21% de los votos— no se pusieron de acuerdo en un sustituto. Además de librar una lucha fratricida por el poder, ambos partidos apuestan por estrategias diferentes para conseguir la independencia. Mientras ERC defiende el diálogo con el Gobierno central, Junts prefiere la confrontación.

Construir desde la polarización y la política de bloques

Ahora bien, las dificultades en la formación del Ejecutivo no es un mal exclusivo de Cataluña. “Somos menos únicos de lo que creemos. El problema de gobernabilidad en los tiempos de polarización y fragmentación que vivimos es compartido por muchas democracias occidentales. Simplemente, aquí adopta una forma diferente por el conflicto”, apunta el filósofo Josep Ramoneda. “Y eso tiene un efecto muy negativo porque bloquea la solución de otros problemas, como la brecha social provocada por la pandemia, la distribución de los fondos europeos o la misma vida activa del país”, añade. En sus artículos en la prensa, este pensador ha sido muy crítico con la judicialización del conflicto por parte del anterior Gobierno español, del Partido Popular, porque ha servido para enquistar el conflicto, no resolverlo.

El caso catalán presenta una particularidad que complica la búsqueda de mayorías de gobierno. Al eje político izquierda/derecha, se le añade el nacional. Así, por ejemplo, no es fácil que un partido de centro-derecha favorable a la independencia como Junts firme un programa de gobierno compartido con la CUP, el menor de los partidos independentistas y de ideología anticapitalista. En el otro lado (en el bloque contrario a la independencia), ocurre lo propio entre el Partido Socialista y Vox, este último de extrema derecha. Las urnas han configurado una mayoría de izquierdas, pero socialistas y ERC se han vetado mutuamente. La inflamación de la “cuestión catalana” es un elemento que también ha minado la gobernabilidad de España, donde se produjo una repetición electoral en 2019.

Más allá de la cuestión de la gobernabilidad, algunos analistas consideran que estos resultados abren la puerta a una reconducción del conflicto. “En los dos bloques se ha producido un reemplazo de los partidos más votados, y los que han ganado, el PSC y ERC, son más moderados que Ciudadanos o Junts. Por lo tanto, la distancia que separa sus planteamientos es menor. Hay menos polarización, y eso puede facilitar la búsqueda de un entendimiento”, afirma Orriols, que confía en un diálogo más fluido entre ambos Gobiernos (central y autonómico).

El encaje de Cataluña en España es un problema secular todavía no resuelto. Con la aprobación de la Constitución española en 1978 (tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco), Cataluña recuperó su autogobierno, pero en los años noventa una parte de la ciudadanía ya lo consideraba insuficiente (independientemente de que el Estado autonómico español, en el cambio de siglo, se encontrase en el grupo de cabeza entre los más descentralizado del mundo, junto con Alemania, Bélgica y Suiza).

En 2003, el entonces presidente de la comunidad autónoma catalana, el socialista Pascual Maragall, se propuso lograr el encaje definitivo de Cataluña con la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía, que se aprobaría en 2006 en referéndum. No obstante, en 2010, el Tribunal Constitucional declaró varios de sus artículos inconstitucionales. El centro de gravedad del nacionalismo catalán viró entonces hacia el independentismo, desembocando en el referéndum ilegal de autodeterminación de 2017 y la posterior suspensión temporal de la autonomía.

Una de las consecuencias de aquel episodio fue el exilio/huida de la justicia española de la mitad de los miembros del Gobierno catalán, incluido el entonces presidente Carles Puigdemont, y la condena a largas penas de hasta 13 años de cárcel de la otra mitad. La permanencia de estos líderes entre rejas, considerados “presos políticos” por el independentismo, ha sido uno de los principales escollos a una resolución negociada del conflicto. No obstante, el actual Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, ha dejado entrever que pronto les concederá un indulto.

“La salida de la cárcel de los líderes políticos catalanes es un requisito previo necesario para destensar la situación y encarar una negociación en una atmósfera positiva”, señala Cécile Barbeito, investigadora de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. El año pasado, el Partido Socialista y ERC ya acordaron la constitución de una mesa de diálogo entre los Ejecutivos español y catalán, pero sólo pudo reunirse una vez. En teoría, la razón a la falta de seguimiento fue el estallido de la pandemia, pero esta parece más bien una excusa, ya que el aplazamiento se prolongó sine díe.

A la hora de esbozar posibles soluciones al conflicto, el filósofo Ramoneda considera que no hay que crear falsas expectativas:

“La mesa de diálogo debería centrarse primero en buscar acuerdos en temas que afectan el gobierno del día a día, y así crear confianza entre los dos Gobiernos. Si se plantean objetivos muy ambiciosos, la mesa durará poco y fracasará”.

Según el veterano pensador, la solución de un referéndum pactado como el celebrado en Escocia, que defienden los partidos independentistas, y que ha llegado a recabar el apoyo de entre el 70% y el 80% de los catalanes en diversas encuestas, es inviable. Al menos, de momento. “El Gobierno central no lo aceptará. En el futuro, si en Madrid se asume plenamente la existencia de un conflicto, y el apoyo a los independentistas no cae, se podría pensar en soluciones imaginativas, como el estatuto de nación asociada o algo así”, sugiere Ramoneda.

Otro de los escollos para el diálogo es el rechazo a cualquier tipo de negociación (para poner fin al conflicto) por parte de los partidos de la derecha española, ahora en la oposición. De acuerdo con la Constitución española, los proyectos de reforma constitucional (una vía que a la que apuntan diversos políticos para dar salida a la crisis) deben ser aprobados por una amplia mayoría (de tres quintos de ambas cámaras), y generalmente ratificados en un referéndum. En la práctica, y teniendo en cuenta la conformación del actual hemiciclo, esto da a los partidos de la derecha un derecho de veto ante cualquier eventual acuerdo que pudiera ampliar de forma sensible la autonomía de Cataluña. “Cuando empiece la negociación, aumentará la polarización en España, y no será fácil de gestionar para el presidente Pedro Sánchez. Por eso, existe una percepción amplia entre ciudadanía y los partidos políticos de que la negociación tiene pocos visos de éxito”, sostiene Barbeito.

Habida cuenta de la enorme distancia entre los planteamientos de los actores principales, existe un riesgo real de que el “conflicto catalán” pase a engrosar la lista de conflictos de soberanía congelados. “Hace dos siglos que existe un problema territorial en España. No creo que se pueda resolver ahora. Se trata de reducir la tensión y gestionar el ‘mientras tanto’”, dice Orriols, una idea con la que coincide Barbeito.

This article has been translated from Spanish.