Censores en la corte y artistas en las cárceles: la represión mundial de la libertad artística

Censores en la corte y artistas en las cárceles: la represión mundial de la libertad artística

Spanish rapper Jose Miguel Arenas Beltrán, also known as Valtònyc (centre) talks to the media on the steps of the courthouse in Ghent, Belgium on 3 September 2018. The Belgian court ruled on 17 September that he would not be extradited to Spain, where he has been sentenced to prison for lyrics that allegedly praise terror groups and insult the royal family.

(AP/Francisco Seco)
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Con el renacer del nacionalismo populista y el auge de una violenta retórica de intolerancia, la libertad de expresión artística se encuentra cada vez más amenazada. En el Sur Global como en el Norte Global, tanto en democracias como en dictaduras, en 2017 se registró un deterioro alarmante de los derechos y libertades, según se desprende de un reciente informe de Freemuse, una organización internacional con sede en Copenhague, que vigila y documenta los ataques contra la libertad de expresión artística en todo el mundo, y que aboga por un marco legal firme basado en los derechos humanos para proteger la libertad de los creadores. En su primer informe anual, The State of Artistic Freedom 2018, Freemuse alerta sobre la expansión de una cultura global de opresión que busca silenciar tanto a disidentes como a las minorías.

El informe documenta 553 casos de violación de la libertad artística en 78 países, con sentencias combinadas de 48 artistas encarcelados que acumulan 188 años de prisión. En promedio, el año pasado cada semana una persona fue a juicio por ejercer su creatividad artística, mientras que miles de piezas de arte pictórico, música, teatro, danza y literatura fueron censuradas, vandalizadas, o destruidas. La situación resulta todavía más desoladora si se tiene en cuenta que los cientos de casos analizados suponen tan solo un pequeño porcentaje de todas las violaciones a la libertad de expresión artística, puesto que, a todas luces, la gran mayoría quedan sin documentar.

“Únicamente incluimos en el informe aquellos que podemos verificar, aunque, en la práctica, ha habido 2.000 casos o incluso más”, asegura Srirak Plipat, director ejecutivo de Freemuse, a Equal Times. Plipat, de origen tailandés, cuenta con personal en una treintena de países, desde Serbia a Pakistán o Nigeria. A pesar de ello, reconoce que el informe de 2018 adolece de una importante debilidad: “la barrera de los idiomas. Cuando no hablamos el idioma de un país, ese país podría no haber sido incluido en el informe. Y al no informar al respecto, los casos pasan inadvertidos y quedan indocumentados”.

Freemuse se apoya en el derecho internacional para explicar y defender su posición sobre la libertad de expresión artística. Su principal pilar es el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Es decir: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Además, la libertad de expresión artística está garantizada en distintos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de las Expresiones Culturales de 2005. No obstante, estas protecciones rara vez se respetan en la práctica. “A diferencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los dos pactos son legalmente vinculantes, y los Estados que los han ratificado [más de 160 cada uno] han tenido que adaptar sus leyes nacionales para cumplirlos”, explica Plipat. Sin embargo, su incumplimiento no conlleva grandes problemas para los Gobiernos. “Expertos de la ONU revisarán la situación y podrían ser designados y avergonzados, podría haber alguna recomendación… es así como funciona una ley blanda. No se lleva al Gobierno ante los tribunales”.

Un largo etcétera

Entre los cientos de ataques a la libertad de expresión artística recogidos en el informe de Freemuse se encuentran ejemplos muy dispares: desde penas de cárcel a músicos en España a obras de arte vetadas en museos de Nueva York, un índice de 225 películas prohibidas en Uzbekistán, listas negras de libros en Argelia, y un largo etcétera. Para evitar que la fuerza de los números difumine cada realidad, la investigación ahonda en un análisis cualitativo de estos casos, tanto por región geográfica como por tipo de violación y por género artístico silenciado. La persecución política, la censura, las mujeres despojadas del derecho de expresión, las minorías silenciadas y los ataques a la comunidad de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGBTI) constituyen el grueso de las violaciones documentadas.

Uno de los escenarios de debate más encarnizados en 2017 en torno a la libertad de expresión artística LGBTI fue Sudáfrica. Allí, la Junta de Cine y Publicaciones (Film and Publications Board) decidió revisar la calificación de Inxeba (La Herida), una película que lidia con el tabú de la homosexualidad en el contexto de los rituales de iniciación de la tribu Xhosa, clasificándola como pornográfica después de haber venido exhibiéndose en los cines durante dos semanas como “apta para mayores de 16”. Esta revisión –una forma de censura encubierta– hizo que fuese ilegal que los cines comerciales pudieran seguir proyectando la cinta y prácticamente condenó el film a la irrelevancia… hasta que llegó el reconocimiento internacional.

Inxeba dejó huella en los festivales internacionales de cine: destacó en Sundance y en la Berlinale, ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Taipei y quedó a las puertas de ser nominada al Óscar como mejor película de habla no inglesa. A pesar de que algunas de las voces críticas hacia la cinta hacían referencia a problemas de falsa representación étnica y apropiación cultural, la mayoría de los ataques tenían un cariz homófobo. “Fue muy estresante y la situación resultaba difícil de controlar”, comenta a Equal Times John Trengove, director de Inxeba. “Cuando se estrenó la película todos estábamos en un lugar seguro. No quisimos que la gente supiera donde nos encontrábamos”.

Finalmente, Inxeba recuperó su derecho a exhibirse en salas de cine comerciales y se reinstauró su calificación para mayores de 16 años. Fue un triunfo para el equipo, pero para Trengove no fue ni el único ni el más importante: “La película es transgresora, subversiva, desafiante. En el proceso nutrió numerosas conversaciones. Llegó muy lejos y logró lo que se pretendía, como objeto cultural y en tanto que pieza artística”.

En esta polémica intersección entre subversión y arte se encuentran, también, los caricaturistas políticos. Los que trabajan para la revista satírica árabe Al-Hudood, viven estas tensiones en primera línea. Las controversias son tan comunes y la amenaza de represión está tan presente que los colaboradores de la revista mantienen habitualmente su anonimato. La gran mayoría de las viñetas, los artículos, los vídeos y memes de Al-Hudood aparecen sin firmar para proteger a sus dibujantes y escritores, repartidos por 44 países. La única cara visible es la de Isam Uraiqat, editor en jefe de la revista y uno de sus cofundadores.

Uraiqat es un jordano de 33 años, hijo de refugiados palestinos, firme defensor del humor como herramienta de expresión artística. Aunque creó Al-Hudood en 2013, junto a un grupo de escritores y caricaturistas, Uraiqat permaneció relativamente oculto hasta hace un año y medio. “No queríamos que pareciese que había algo raro, como si tuviésemos cosas que ocultar, así que decidimos dar la cara y hablar sobre lo que hacíamos” afirma. Así, el pasado verano Uraiqat se presentó en Londres para recoger el Premio Especial del Jurado en los One World Media Awards. Aprovechó la ocasión para explicar el espíritu de Al-Hudood y los obstáculos a los que se enfrenta el equipo de la revista.

Para intentar escapar de la censura y de las restrictivas leyes de expresión que imperan en gran parte del mundo árabe, Al-Hudood recurrió a una estrategia de difusión a través de las redes sociales. Pero el papel de Facebook como sustituto de la esfera pública es un arma de doble filo. Muchas veces, activistas conservadores y extremistas religiosos organizados a través de internet logran bloquear su contenido. “Tenemos un enorme problema con la censura en las redes sociales”, dice Uraiqat. “De golpe, 10.000 personas deciden denunciar nuestro contenido en Facebook y perdemos el acceso a nuestra página. Nos ponemos en contacto con Facebook, les explicamos lo ocurrido y nos dicen: ‘si la comunidad piensa que no es aceptable, entonces no es aceptable’”, relata el editor. “Deberían comprender que es una sátira, que es nuestro trabajo, pero no hay comunicación. Cada vez que intentamos ponernos en contacto con ellos nos dicen ‘estas son las normas de Facebook, se toman o se dejan’”.

La ‘Erdoganización’ de España

Sin embargo, en otras ocasiones las redes sociales sirven como baluarte desde el que denunciar estos ataques a la libertad de expresión artística. En España –que sorprendentemente se sitúa como el país donde más músicos fueron condenados a penas de cárcel en 2017– varios raperos decidieron lanzar este año un desafío al Gobierno a través de Internet y publicar Los Borbones son unos ladrones, una canción con la que protestar por las sentencias de prisión dictadas contra 14 de sus compañeros.

El título de la canción hace referencia a la reciente condena del cuñado del rey, Iñaki Urdangarín por su implicación en el caso Nóos. Fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión por fraude fiscal y malversación de 6 millones de euros aprovechando la situación de privilegio de que disfrutaba en la familia real para la obtención de contratos públicos. A su mujer, la Infanta Cristina, se le impuso una multa de 136.950 euros como partícipe a título lucrativo. Con esa canción, en que utilizan versos de Pablo Hasél, de Valtonyc, y del colectivo La Insurgencia –todos condenados por los tribunales españoles–, otros raperos se autoinculpan del mismo delito, para alertar sobre la utilización inadecuada de leyes antiterroristas para enviar a los artistas a prisión.

“El videoclip es un desafío porque parte de las letras que usamos se han considerado delito por el Tribunal Constitucional, el más alto de este país”, explica César Strawberry, vocalista de la banda de rap-metal Def Con Dos y uno de los artistas involucrados en el vídeo. Strawberry también fue condenado en 2017 a un año de prisión, además de seis años y seis meses de inhabilitación absoluta, como autor de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación de las víctimas”, aunque en su caso no fueron sus canciones lo que el tribunal estimó constitutivo de delito, sino sus comentarios en Twitter.

En España, un país “débil en derechos y libertades”, según Strawberry, se da la paradoja que desde que ETA anunciara en 2011 “el cese definitivo de su actividad armada”, se han multiplicado por cuatro las sentencias de enaltecimiento del terrorismo, especialmente con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y su mayoría parlamentaria a partir de 2015.

“Esto genera una ofensiva de miedo que conduce a la autocensura. Hace que la gente tenga miedo de expresarse”, dice el cantante. “Ya no hay que esperar a que venga un policía a callarte, sino que lo haces tú por prevención, porque temes por tu propia seguridad… es una ‘Erdoganización’ de España”.

El 1 de junio de 2018, el gobierno del PP tuvo que abandonar el poder al prosperar una moción de censura contra Rajoy. Tres meses más tarde, la Audiencia Nacional rebajó la condena de Pablo Hasél y los 12 integrantes de La Insurgencia, aplicándoles la pena mínima por lo que no deberán entrar en prisión. En Bélgica, donde se fugó el rapero Valtonyc tras haber sido sentenciado a una pena de prisión, el Tribunal de Primera Instancia de Gante rechazó su extradición a España.

Aunque el informe de Freemuse pueda resultar deprimente, los artistas entrevistados para este reportaje siguen teniendo esperanzas. Strawberry mantiene que la jurisprudencia que se está dictando en España no tiene cabida en el marco de la Unión Europea y que todas las condenas se revocarán una vez lleguen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Admitir que la libertad de expresión es un derecho de todos es algo que le cuesta entender mucho a la gente. Tenemos que ser capaces de consentir lo que no nos gusta”, señala.

Para Uraiqat, el editor de Al-Hudood, “la situación está mejorando y al mismo tiempo empeorando en la región árabe: las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudita, pero la guerra en Yemen está peor que nunca. No obstante, las cosas están cambiando, y eso probablemente sea algo bueno. La gente cree que pueden hacer algo. Tienen más esperanzas”.

A pesar de la censura y las amenazas, también el realizador de cine John Trengove concluye con una nota positiva: Inxeba no ha sido la única película africana que ha tratado sobre la comunidad LGBTI el año pasado, sino que desde Kenya hasta Cannes llegó Rafiki, una aclamada cinta que explora un romance prohibido entre dos mujeres jóvenes en Nairobi (y que también tuvo que hacer frente a una oleada de censura y rechazo). “Pese a las adversidades, se ha abierto un diálogo y la gente empieza a participar en el mismo”, concluye.