Chile levanta la voz ante el sistema privado de pensiones ideado por Pinochet

Chile levanta la voz ante el sistema privado de pensiones ideado por Pinochet

On 24 July 2016, over a million people across Chile demonstrated against the privatised pension system. Since then, a string of demonstrations, like this one on 26 March 2017, have be held to call for fair pensions and the scrapping of the AFPs.

(AP/Esteban Felix)

Los chilenos han alzado la voz contra el sistema privado de pensiones vigente desde la dictadura militar de Augusto Pinochet. Desde hace un año, decenas de miles de personas se han manifestado en las calles convocadas por la Coordinadora No+AFP, un movimiento ciudadano que quiere acabar con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y establecer un sistema de seguridad social que entregue jubilaciones dignas.

En Chile no existe un sistema de seguridad social administrado por el Estado que entregue pensiones a los trabajadores que se jubilan. En su lugar, los empleados están obligados a cotizar en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), seis empresas privadas, varias de ellas controladas por multinacionales estadounidenses.

Las AFP toman el 10% del sueldo de los empleados y lo invierten en instrumentos financieros de Chile y el extranjero. El dinero se acumula en cuentas de capitalización individual que aumentan con los aportes mensuales de los trabajadores y la rentabilidad de las inversiones de las AFP. Éstas, por gestionar y administrar los fondos, cobran una comisión que varía en cada una de las seis empresas que conforman el sistema. Las más bajas rondan el 0,5% y las más altas el 1,5%.

De este modo, las AFP administran 190.072 millones de dólares USD (unos 166.200 millones de euros) que les permiten, entre otras cosas, ser accionistas de las principales compañías chilenas, como la minorista Falabella, la eléctrica Enersis o la aerolínea Latam.

El problema del sistema, vigente desde el año 1981, es que no ha logrado entregar pensiones que permitan a las personas que se jubilan vivir con dignidad. Según la Fundación Sol, las AFP pagan casi 1,2 millones de pensiones con un valor promedio de 320 dólares USD (unos 280 euros), por debajo del salario mínimo chileno.

La Asociación de AFP, la organización gremial que las agrupa, considera que las pensiones son bajas porque la tasa de cotización es insuficiente y por las “lagunas previsionales” de muchos trabajadores, es decir, periodos en los que no han cotizado.

Para Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, el problema es que el dinero que reciben mensualmente las AFP no se utiliza para pagar jubilaciones. “Todo este dinero se invierte en bancos y grupos económicos nacionales e internacionales. Les llega dinero fresco a muy bajo interés y con esto las empresas van creciendo. Están utilizando capital casi gratuito”, explica Kremerman a Equal Times.

La mecha que prendió las movilizaciones

Las AFP y el sistema privado de pensiones han tenido históricamente un bajo apoyo ciudadano, aunque con el paso de los años se han convertido en un paisaje conocido para los chilenos y, en general, casi nadie se había atrevido a cuestionar seriamente el modelo.

Hasta el 24 de julio de 2016. Ese día más de un millón de personas se manifestó en Santiago y otras ciudades convocadas por la Coordinadora No+AFP.

¿Qué sucedió para que decidieran expresar en la calle su indignación con un sistema que consideran injusto? El hecho que prendió la mecha fue una noticia local que en pocos días se convirtió en un escándalo nacional. La protagonista es Myriam Olate, una mujer que hasta entonces era completamente desconocida para la opinión pública.

Olate es la exesposa del diputado socialista Osvaldo Andrade, un político muy conocido en Chile. Hasta ahí nada raro. Pero se reveló que ésta se había jubilado de su trabajo como subdirectora de Gendarmería (guardia de prisiones) con una pensión de 7.800 dólares al mes (unos 6.800 euros).

Esto fue posible porque no cotizaba en las AFP, sino que estaba afiliada a un sistema previsional especial que beneficia al personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Varias semanas después, la Contraloría dictaminó que Olate no cumplía con los requisitos para cotizar en ese sistema, pero la polémica ya estaba servida y quedó en evidencia en la manifestación del 24 de julio.

“La pensión de Myriam Olate generó un ruido espectacular en las redes sociales. Aprovechando la coyuntura convocamos la movilización y esperábamos que fuera muy masiva, pero nunca cómo fue”, explica Luis Mesina, el portavoz de la Coordinadora No+AFP, a Equal Times.

Desde entonces las marchas se han repetido de forma esporádica. Pese a que no han sido tan multitudinarias como la de julio de 2016, han congregado a suficiente gente como para poner el tema de las pensiones en el debate político y han obligado a la presidenta Michelle Bachelet a tomar cartas en el asunto.

Bachelet anunció un incremento de la tasa de cotización del 5% a cargo del empleador. Aún no se ha definido quién ni cómo se administrarán esos fondos, pero el Gobierno ha aclarado que no estarán en manos de las AFP.

Mesina cree que esta propuesta es un “avance importante” fruto de las movilizaciones callejeras, pero lamenta que el Gobierno de Bachelet no se plantee un cambio profundo para sacar las AFP del sistema.

Para Kremerman, esto es un “pequeño parche” que tendrá un impacto mínimo dado el monto extremadamente bajo de las pensiones en el país. “Para que las pensiones alcancen para vivir en Chile deberían aumentar al menos un 100% para estar en torno a los 675 dólares (unos 590 euros)”, sostiene.

La Coordinadora No+AFP, apoyada por la Fundación Sol y otras organizaciones, ha presentado una propuesta para reemplazar el sistema de las AFP por uno de reparto solidario financiado a tres bandas: por los trabajadores, las empresas y el Estado.

AFP para todos… menos para los militares

En mayo de 1981, la Junta Militar que gobernaba en Chile desde el golpe de Estado –encabezado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973– decidió privatizar el sistema de pensiones. El entonces ministro del Trabajo, José Piñera, hermano del expresidente y actual candidato a presidente Sebastián Piñera, lideró un proceso que acabó con la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Pero el nuevo sistema no fue pensado para todos los trabajadores. Paradójicamente, los militares y los policías quedaron al margen y mantuvieron un sistema de reparto. Éste considera para el cálculo de la pensión la totalidad del último sueldo imponible antes de jubilarse.

Por ello, los militares se pueden jubilar con pensiones iguales o muy similares a las remuneraciones percibidas durante sus años de servicio, una situación muy distinta a la del resto de trabajadores.

Los ideólogos del sistema y las AFP defienden la viabilidad del modelo y la rentabilidad que ofrece a los cotizantes. Un argumento muy recurrente para justificar su éxito es que numerosos países han implementado sistemas de capitalización individual como el chileno.

Según la Asociación de AFP, es el caso de Perú, Colombia, Uruguay, México, Suecia, Polonia, Panamá y otros, hasta alcanzar 27 naciones.

La Fundación Sol matiza esas cifras y sostiene que el modelo chileno, totalmente privatizado, solamente funciona en una decena de economías: Chile, Hong Kong, Maldivas, Malawi, Kosovo, Israel, Australia, México, República Dominicana y El Salvador. Kremerman subraya por su parte que en Uruguay y Suecia, por ejemplo, una quinta parte de las cotizaciones va a las cuentas individuales y el resto a un modelo de reparto solidario.

This article has been translated from Spanish.